INTEGRACIÓN Nro. 6 PDF
Suroeste Antioqueño, julio 15 de 2016
Río Piedras, Jericó.
11 de julio de 2016
Un abrazo a la integración
EDITORIAL
“Divide y reinarás” ha sido la consigna desde siempre para lograr imponer los intereses personales o de grupo sobre las aspiraciones y los derechos de otras agrupaciones. A esa táctica se contraponen los esfuerzos por impedir la desunión, por fortalecer la organización y aglutinar todos los posibles aliados.
Pues bien, el Suroeste está enfrentado al destino que le ha asignado, sin consulta, el sistema político y económico que gobierna el país: sustitución de la agricultura tradicional y la industria por la importación de alimentos y manufacturas de los países industrializados y de China, Corea y otros, aplacar el descontento social debido a la pobreza extrema con subsidios y represión, privatizar las empresas públicas y comunitarias, entregar el patrimonio natural (madera del Chocó, títulos y concesiones mineras y petroleras en todo el país, baldíos en la Orinoquia y la Amazonia) a las multinacionales a cambio de unas regalías que no compensan los daños ambientales pero sí contribuyen al enriquecimiento de los políticos corruptos y la clase dirigente.
Cada uno de los municipios y comunidades de nuestra región está sufriendo estas realidades en medidas diferentes: los campos son ocupados de manera creciente por parcelaciones y extensas plantaciones maderables, las titulaciones mineras concedidas y solicitadas sobrepasan mucho más de la mitad de los territorios, los acueductos comunitarios son presionados para que cedan ante los proyectos de empresas públicas o privadas de servicios públicos, no se informan ni se consultan con transparencia los impactos ambientales y sociales de los proyectos hidroeléctricos, viales y de ordenamiento territorial departamental, los campesinos abandonan sus fincas por la precaria rentabilidad de su trabajo, algunos de los líderes se prestan al engaño que beneficia a las multinacionales y a las componendas politiqueras corruptas.
Esa es una enumeración ligera de las problemáticas que tenemos ante nosotros, veamos algunas propuestas que apuntan a la evolución del proceso de integración regional como alternativa de fortaleza social, política e institucional: 11 alcaldes de la región deciden emprender el camino de constitución de una Provincia Administrativa y de Planificación y Gestión; los alcaldes y comunidades de Andes, Hispania, Pueblorrico y Tarso acuerdan extender el servicio de un acueducto multiveredal a 1600 familias de esos municipios; el Cinturón Occidental Ambiental, COA, convoca la segunda travesía “Abrazo a la Montaña” del 8 al 14 de agosto e iniciando el recorrido en Jardín para luego continuar en Andes, Hispania, Ciudad Bolívar (corregimiento Farallones), Venecia (Bolombolo), Salgar (Peñalisa), Tarso, Pueblorrico, Jericó, Támesis, Valparaíso y, finalmente, Caramanta; se adelantan debates para que los Esquemas de Ordenamiento Territorial contengan visiones comunes entre los municipios vecinos; grupos ciudadanos discuten la preparación de un foro del Suroeste para entender e incidir en el futuro regional; nacen medios de comunicación y debate, etc.
Todas estas acciones hacia la integración deben recoger y expresar las discusiones, los debates y los intereses diversos de los habitantes de la región, no hay aquí ni en ningún lugar o situación una verdad definitiva, lo que hay siempre son procesos hacia los consensos y el desarrollo del bien común.
Por último, un factor de gran importancia para el futuro inmediato de toda Colombia es el cese del enfrentamiento armado entre el Estado y las Farc, con el cual se abre un escenario menos violento y más civilizado para empezar a recomponer un país que le debe paz y bienestar a sus ciudadanos.
Gestión comunitaria del agua
Por: Nelson Enrique Restrepo Ramírez
En el marco del proyecto Gestión Comunitaria del Agua que llevamos a cabo la fundación Swissaid, Conciudadanía y la Fundación Aurelio Llano Posada, en veredas de seis municipios del suroeste, hemos caracterizado hasta el momento 52 fuentes de agua, pertenecientes a los municipios de Montebello, Caramanta, Támesis y Jericó. La situación de estas fuentes de agua es compleja por las problemáticas acumuladas a lo largo de los años, la mayoría de ellas como consecuencia de las prácticas agrícolas de las comunidades rurales, por los conflictos con los propietarios de los predios, por el estado de las infraestructuras de los acueductos y por las recientes presiones sobre el agua para usos agroindustriales y la minería.
Estas 52 fuentes se ubican entre los 1.291 y los 2.325 metros sobre el nivel del mar, la mayoría de ellas en territorios inclinados, muy faldudos. De estas 52 fuentes, sólo 6 tienen protegida su ronda hídrica, es decir tienen vegetación protectora en cien metros a la redonda del nacimiento o afloramiento principal. Los demás nacimientos tienen vegetación, pero poca; en la mayoría de los casos el agua nace debajo de un corredor de monte que no supera los diez metros a lado y lado del afluente y estos corredores están en medio de potreros con ganado o cafetales. La mitad de los nacimientos no están cercados, incluso algunos fueron cercados en el pasado pero hoy los cercos están en mal estado o el dueño del predio los tiró al suelo.
Dieciocho de estas fuentes no tienen protegida el área de retiro de 15 metros a lado y lado del hilo de agua, específicamente en la franja que va desde el nacimiento o afloramiento principal hasta la bocatoma del acueducto; generalmente estos retiros están en cultivo de café en las partes más bajas, de pinos en algunas partes altas, de ganado en partes bajas y altas. En todas las fuentes de agua que están cerca de potreros de ganado, las muestras de agua evidenciaron presencia de coliformes fecales; en las fuentes que están cercas a cultivos de café, tomate de árbol, tomate de aliño y en general de cultivos, se sospecha presencia de contaminantes químicos provenientes de las diversas fumigaciones. De estas 52 fuentes, 35 no tienen legalizada la concesión de aguas ante Corantioquia; en 14 nacimientos y 10 bocatomas, existen conflictos de la comunidad con los dueños de los predios para realizar acciones de protección, para instalar infraestructuras.
En medio de los conflictos y las tensiones, además del temor por la presencia o amenaza de la minería y los monocultivos, el relato que más se narra es este: “Yo nací en esta tierra, aquí nació mi papá y aquí vivieron mis abuelos y bisabuelos. Esta es una familia fundadora de este pueblo y desde que ellos llegaron a esta tierra, han usado esta agua que nace en la cabecera de la finca, esta agua siempre ha sido de nosotros. No entiendo por qué ahora vienen a decir que la tengo que legalizar para poder usarla, si siempre ha sido de nosotros, o que la tengo que proteger, dejar el retiro de la quebrada en monte. Que me compren esta tierra sea Corantioquia, el municipio o el acueducto, y hagan con ella lo que quieran”.
Generalmente existe otra versión de los vecinos: “el señor de la finca de arriba, dice que él hace lo que le dé la gana con el nacimiento y la quebrada; le ofrece machete al que se le meta a la finca a arreglar o a echar el agua. Llevamos más de 30 años en estas con este señor. Aquí vino Corantioquia y lo sancionó, lo hemos demandado a la Inspección de Policía y no pasa nada, no hay manera de hacerle cumplir las leyes”.
La gestión del agua en estos territorios, combina la situación precaria de las fuentes, las infraestructuras, los conflictos entre las personas y la baja capacidad de la institucionalidad pública para ayudar a resolver estos problemas acumulados en el tiempo. Lo usual es que las comunidades rurales han lidiado con estas problemáticas, unas veces con la ayuda del Comité de Cafeteros, el municipio, en la construcción de infraestructuras. En las fuentes con concesión de agua Corantioquia participa, pero con importantes limitaciones para ejercer la autoridad ambiental ante quienes infringen daños a las fuentes y sus zonas de protección; las inspecciones de policía y el sistema de justicia no están en capacidad de acompañar la gestión de estos conflictos cotidianos; la gestión comunitaria de las fuentes, el fortalecimiento organizativo de los acueductos, corren por parte de las comunidades que han estado generalmente solas en esta labor. Es una situación compleja y desafiante: se trata de los casos rurales típicos donde el Estado no ha podido hacer presencia permanente y efectiva, donde existen vacíos institucionales para gestionar los problemas, los cuales, a la larga, se resuelven por las vías no institucionales, no democráticas y en casos por las vías violentas. Un caso típico de la paz territorial en territorios rurales.
El alcalde de Pueblorrico
Juan Fernando Ruiz Gallego, estudiante actual de Administración Pública en el Politécnico Grancolombiano, empresario cafetero de sólo 28 años de edad, sin experiencia previa en la política y en la función pública, decidió hace dos años trascender su vocación de servicio privado a la comunidad para concentrarla desde el primer cargo municipal, y lo logró de la mano del representante a la cámara Juan Felipe Lemos.
¿Cuáles son las principales metas trazadas por su programa de gobierno y Plan de Desarrollo Municipal?
Esta Administración visiona a Pueblorrico como municipio turístico y cafetero, ya que la economía cafetera es la principal ocupación nuestra y el turismo en el suroeste se ha convertido en la apuesta más importante para el desarrollo regional. Son estos los primeros campos de acción que nos trazamos, pero sin descuidar las otras necesidades sociales en educación, cultura, deporte, salud, o productivas, como el sector panelero o los demás de la economía agropecuaria.
¿Esa visión estará contemplada dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial que Pueblorrico deberá, como la inmensa mayoría de municipios colombianos, revisar este año?
Todos los EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial, deben ser reformulados en todos sus contenidos cada doce años. La Administración anterior de nuestro municipio ya hizo un trabajo grande en el 2015 para la nueva formulación del EOT, lo dejó listo para ser presentado a Corantioquia y luego al Concejo Municipal para su aprobación; sin embargo, estamos revisando los documentos para hacer algunos ajustes precisos que corresponden con la visión que tengo del futuro pueblorriqueño, pero que no modifican sustancialmente la propuesta de EOT ya existente.
¿El Consejo Territorial de Planeación, grupo de representación ciudadana que tiene un papel fundamental en la construcción y seguimiento del EOT y del Plan de Desarrollo Municipal, está activo en Pueblorrico?
Sí señor, está activo.
El 5 de julio pasado hubo una reunión de alcaldes, funcionarios de la Gobernación, del IDEA y del área metropolitana en Medellín, donde se presentó el proyecto de constitución de una provincia administrativa de planificación que integrará los 11 municipios del área Cartama del Suroeste. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto?
Esta es una muy buena noticia para esta región del Suroeste; por fin los alcaldes queremos trabajar en bloque, saliendo del tradicional querer trabajar solos e incluso sin tener buenas relaciones con los alcaldes vecinos. El proyecto abrirá muchas puertas a la región porque, primero, tenemos un Gobernador que se dirige hacia los grandes proyectos como éste, y segundo, la región dará un cambio muy grande con las obras de infraestructura que se están realizando, autopistas, hidroeléctricas, industrias, interconexiones viales entre los municipios, etc. y también con el crecimiento del turismo; con la unión en una provincia podremos acceder a recursos financieros para adaptarnos en mejores condiciones a los grandes cambios que se avecinan.
¿Cuál debe ser la participación de la ciudadanía en la decisión de conformación de una provincia en esta región?
La población suroestana debe estar incluida en esta decisión porque los alcaldes representamos por solo 4 años a las comunidades, son ellas las que deben ser tomadas en cuenta, los adultos mayores con su experiencia acumulada, los indígenas que tenemos en los resguardos, etc. No creo que sea necesaria una consulta mediante votación en los municipios para decidir si se crea o no la provincia, pero sí debe pasar esa decisión por el Concejo Municipal y por un trabajo pedagógico que informe a las comunidades sobre los beneficios de la provincia.
¿La ampliación del acueducto El Barsino para atender usuarios de otros municipios significará que la Gobernación o una empresa pública o privada será propietaria o directora del acueducto?
No. El acueducto tiene una asamblea de usuarios y una junta directiva integrada por representantes de las comunidades de los distintos municipios que atiende. La Gobernación y los municipios estamos trabajando en la construcción del acueducto multiveredal y llevarle agua potable a 1.600 familias, nosotros vamos a dejarles la obra y ellas deben administrar esa empresa autosostenible que será de ellas.
¿Tiene Pueblorrico solicitudes de titulación minera en su territorio?
Hace varios años que hay unas solicitudes pero nosotros estamos dando una pelea, Pueblorrico es un territorio sin minería, tenemos una tradición cafetera y por eso vamos a luchar hasta el final para que aquí no entre la locomotora minera. Gracias a Dios no tenemos explotación minera y las solicitudes que hay están suspendidas, estamos esperando la reglamentación para que los municipios puedan frenar la minería.
Se integran 11 municipios del suroeste antioqueño
Carlos Mario Patiño García, alcalde de Caramanta; Gabriel Ignacio Muñoz Gómez, alcalde de Fredonia; Jorge Andrés Pérez Hernández, alcalde de Jericó; Cesar Augusto Zapata Pérez, alcalde de la Pintada; Ferdinando Muñoz Álvarez, alcalde de Montebello; Juan Fernando Ruiz Gallego, alcalde de Pueblorrico; Mónica María Ocampo Restrepo, alcaldesa de Santa Bárbara; Iván Alexander Zuluaga Zuluaga, alcalde de Támesis; Néstor Fernando Romero Villada, alcalde de Tarso; Sergio Andrés Ceballos López, alcalde de Valparaíso; Ferney Darío Fernández, alcalde de Venecia;
ACUERDAN
PRIMERO: OBJETO. Impulsar de manera articulada la conformación de un asociativo bajo la figura de Provincia Administrativa y de Planificación y Gestión PAP, la cual permita:
1. Coordinar la planificación integral del desarrollo sustentable y sostenible del territorio.
2. Propiciar sinergias que permitan articular, proyectar, planificar y gestionar el desarrollo sostenible de los municipios de Jericó, La Pintada, Támesis, Valparaíso, Tarso, Caramanta, Montebello, Santa Bárbara, Venecia y Fredonia que fomenten tanto las autonomías territoriales de los municipios que la conforman como el desarrollo conjunto del territorio.
3. Estructurar un plan estratégico que aporte lineamientos, para la armonización de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios asociados, además de articularlos con los planes departamentales, nacionales, para generar economías de escala que promuevan la competitividad.
4. Propender por el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida a la población.
5. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial.
6. Promover las diversas estrategias de conservación y de protección de los ecosistemas para garantizar la disponibilidad del agua en la subregión, especialmente las cuencas de los Ríos Cauca, Río Piedras, Río San Antonio, Río Conde, Río Frío, Río Cartama, Río Buey, Río Poblanco, Río Arma; adicional a otras fuentes hídricas que permitan garantizar un suministro adecuado y permanente para la subregión.
7. Impulsar proyectos de desarrollo en diversas áreas como el turismo, la competitividad, la calidad de la educación, a partir de la integración de los territorios de acuerdo a sus potencialidades.
8. Avanzar en procesos de asociatividad regional, que propicien e impulsen el desarrollo autónomo y sostenible de la región.
SEGUNDO: COMPROMISO DE LOS MUNICIPIOS. Socializar y gestionar ante los respectivos Concejos Municipales la iniciativa para la aprobación de la Provincia Administrativa y de Planificación.
TERCERO: REPRESENTANTES. Actuaran como representantes de cada uno de los municipios que conforman el presente Acuerdo Marco de Integración Interinstitucional los alcaldes respectivos.
CUARTO: VOCERO. Actuará como vocero del presente Acuerdo Marco de Integración Interinstitucional ante las diferentes instituciones públicas, privadas nacionales o internacionales y demás sujetos de derecho, el alcalde que sea designado por consenso de los integrantes del presente acuerdo; la vocería se hará única y exclusivamente para los fines y competencias establecidos en este documento.
QUINTO: DURACIÓN. El presente Acuerdo estará vigente hasta la constitución de la Provincia Administrativa de Planificación y Gestión PAP.
El presente documento es suscrito a los cinco (5) días del mes de julio de 2016 en el municipio de Medellín-Antioquia.
Nota: Consulte por favor el siguiente artículo.
A propósito de la integración del Suroeste: Ley 1454
Por: Alonso Cardona A.
Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental
CONCIUDADANÍA
El 28 de Junio del 2011 Colombia se dotó de una Ley de Ordenamiento Territorial que había sido ordenada 20 años antes por la Constitución de 1991. En el Congreso de la República se habían tramitado sin éxito más de 20 proyectos de ley durante ese período, pero por fin se llegó a un acuerdo en el parlamento en torno a un proyecto que se denominó de mínimos. Eso significa que el legislativo no se acogió al Artículo 286 de la Constitución Política que autoriza que “la ley podrá darles carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la Ley”, sino que las creó como entidades administrativas y de planificación.
La diferencia es grandísima porque las entidades territoriales son autónomas y en consecuencia tienen gobierno propio, eligen sus propias autoridades por voto popular y pueden establecer impuestos, así como lo hacen los municipios y los departamentos. Si el parlamento hubiera desarrollado el Artículo 286 de la Ley de Ordenamiento Territorial habría reglamentado la formación de provincias como entidades territoriales, es decir, con autonomía. Pero el acuerdo político logrado entre los partidos apenas alcanzó para una ley, la 1454, que autoriza la formación de diferentes esquemas asociativos con el alcance restringido de administración y planificación y, en consecuencia, no pueden ejercer ninguna de las funciones propias de entidades autónomas, como se verá adelante.
Con esta precisión sobre el alcance, hay que afirmar sin ambages que la Ley 1454 representa un avance muy importante hacia formas de integración territorial. Reconoce, por fin, que la gran mayoría de los municipios colombianos, solos y aislados, no pueden cumplir las funciones que les ordena la Constitución: “prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes …”
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En efecto, muchos de los fenómenos que se presentan en la vida local hoy trascienden los límites de la jurisdicción municipal y tienen que ser enfrentados por grupos de municipios y aun de departamentos. Los asuntos económicos no son locales, tampoco lo son los temas ambientales; las necesidades sociales van más allá de lo local, por ejemplo la salud; el ordenamiento territorial no es sólo local. Hay una cantidad de hechos que son típicamente regionales y no solo municipales. La ley reconoció esta realidad pero solamente a las grandes ciudades y les dio desde 1994 atribuciones para organizarse en áreas metropolitanas por medio de la Ley 128. Y como ha sido propio de la clase política de Colombia, siempre ha discriminado los pequeños pueblos, la población dispersa, porque no forman conglomerados de electores que le interesen para su supervivencia política.
Entremos en materia y volvamos a la Ley 1454 que le define como finalidad al ordenamiento territorial “promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos”. (Artículo 2).
Se plantean entonces temas claves: este ordenamiento o integración territorial es un proceso de descentralización en el sentido que representa un traslado de competencias y recursos del nivel nacional al territorial. Así que no son los municipios los que ceden competencias a la Provincia sino la Nación (y el Departamento) los que le entregan algunas de sus competencias al nuevo esquema asociativo para que puedan fortalecer la capacidad de gestión del territorio, dado que hay un conjunto de aspectos del desarrollo que los municipios aisladamente no pueden manejar ni la Nación ni el Departamento lo hacen. Por ejemplo, quién elabora un plan para gestionar las transformaciones que las autopistas de la prosperidad producirán en la vida de los municipios del Suroeste? Cada municipio, aisladamente, no puede hacer acciones significativas y las entidades de niveles superiores no intervienen sino en la construcción de esa infraestructura. ¿Quién elabora un plan de gestión del impacto en todo el territorio de la eventual construcción de la Hidroeléctrica Cañafisto, o de la construcción de una mina por la empresa Quebradona? ¿Quién piensa y gestiona adecuadamente el hecho regional del incremento del turismo en un conjunto de municipios que introduce muchos cambios en la vida local?
Por ello es tan importante la integración territorial. La ley no solo crea los esquemas asociativos como instrumentos de integración sino que contiene un conjunto de principios que deben conocerse porque son la base sobre la se fundamenta la integración territorial. Tales principios son: soberanía y unidad nacional, es decir, los esquemas asociativos no se crean para dividir la nación como a veces son atacados; autonomía, en el sentido que las entidades que se asocian no pierden su autonomía y la que se crea tiene una autonomía relativa para ejercer sus competencias; descentralización para ceder competencias desde la nación a los territorios; integración; regionalización, que reconoce la existencia de unidades territoriales culturales, geográficas, económicas, ambientales, ecosistémicas que pueden asociarse; sostenibilidad, como conciliación del crecimiento con la garantía de calidad de vida para las generaciones actuales y futuras; participación, para que “los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y organización territorial”; solidaridad y equidad territorial para el desarrollo armónico del territorio y la nación; diversidad, que reconoce las diferencias de todo tipo con igual dignidad humana de todas las personas; gradualidad y flexibilidad para la adaptación progresiva de las instancias de integración territorial; prospectiva con visiones de largo plazo; paz y convivencia, con políticas para la convivencia y la construcción de paz; asociatividad; responsabilidad y transparencia; equidad social y equilibrio territorial para superar los desequilibrios entre divisiones territoriales; economía y buen gobierno y multietnicidad.
Estos principios que enuncia y define la Ley deben ser tenidos en cuenta siempre, porque se tiene la tendencia a fijarse en los esquemas asociativos y su funcionamiento, pero no en los principios que fundamentan su creación.
El título II de la Ley crea la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial y las Comisiones Regionales para que asesoren a los departamentos, distritos y municipios para que se puedan coordinar con mayor facilidad los proceso de integración.
En la anterior legislatura la Asamblea Departamental, mediante la Ordenanza No. 4 de febrero de 2014, creó la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, aún no ha sido conformada ni por el gobierno departamental anterior ni por el actual. Conformar esta Comisión es esencial para que el proceso de Ordenamiento Territorial Departamental corresponda a una estrategia claramente establecida y no sea solamente el producto de iniciativas locales que no tengan en cuenta la ordenación del territorio como un todo.
El Artículo 10 de la Ley crea diferentes esquemas asociativos: “las regiones administrativas y de planificación, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación, las asociaciones de municipios”.
Establece que las asociaciones de entidades territoriales se conformarán libremente por dos o más entidades territoriales; se crean para prestar servicios públicos de manera conjunta, para cumplir funciones administrativas propias o asignadas por la nación, para ejecutar obras de interés común, para cumplir funciones de planificación y procurar el desarrollo integral de sus territorios (Artículo 11).
Las Provincias Administrativa y de Planificación podrán se formadas por dos o más municipios contiguos de un mismo departamento. Se constituyen mediante Ordenanza de la Asamblea Departamental. La solicitud de ordenanza la pueden hacer los alcaldes de los municipios que quieran conformarla o el gobernador del departamento o el 10% de los ciudadanos que forman el censo electoral. Cualquiera de ellos puede tomar la iniciativa para solicitar la Ordenanza de constitución. (Artículo 16).
La formación de una Provincia es competencia exclusiva de la Asamblea Departamental y siempre los Concejo Municipales deben impartir su aprobación mediante Acuerdo municipal.
La Ley también establece que “el financiamiento de las Provincias Administrativas y de Planificación no generará cargos ni al presupuesto general de la Nación, ni al Sistema General de Participaciones, ni al Sistema general de regalías”. Lo cual significa que debe financiarse con otras fuentes diferentes a estas.
Las Provincias Administrativas y de Planificación serán entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes territoriales que las conforman (Artículo 17).
Tampoco los municipios que se asocien pueden generar gastos de funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto ni pueden aumentar su propia carga burocrática.
El Artículo 18 establece que la Nación podrá contratar o convenir con las Provincias Administrativas y de Planeación la ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo territorial, usando el mecanismo de los contratos-plan. También estas formas asociativas tendrán prioridad ante Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías.
Y el Artículo 20 define la delegación de competencias, así: “la Nación y los diferentes órganos del nivel central podrán delegar en las entidades territoriales o en los diferentes esquemas asociativos territoriales (…) atribuciones propias de los organismos y entidades públicas de la Nación, así como de las entidades o institutos descentralizados del orden nacional”. En la delegación se establecerán las funciones y recursos para su cumplimiento.
Este es el contenido de la Ley 1454, la cual no ha sido empleada aún por los municipios para formar esquemas asociativos para su integración territorial. La creación en el Suroeste de una Provincia Administrativa y de Planificación sería un hito histórico y tal vez desencadenaría un proceso de integración territorial en otras zonas del departamento y del país.Bienvenido este proceso que contribuirá a que los territorios tengan instrumentos político administrativos más adecuados para hacer gestión de los conflictos y problemas que se presentan en ellos y que hasta ahora no han sido bien atendidos por los municipios ni por el departamento.
Los procesos supramunicipales: Acueducto El Barcino
Las fuentes que surten el río Mulatos están ubicadas en el municipio de Pueblorrico. Estas aguas abastecen el acueducto multiveredal El Barcino que actualmente atiende veredas de Pueblorrico y veredas del municipio de Hispania. Desde años atrás este acueducto comenzó una fase de expansión en el municipio de Andes, las redes de distribución ya fueron construidas en varias veredas, pero no se han podido conectar al acueducto El Barcino en Pueblorrico por falta de acuerdos.
El municipio de Pueblorrico y las comunidades organizadas en la Junta del Acueducto Multiveredal, se han mostrado en desacuerdo con esta conexión. Pueblorrico tiene veredas por atender y ha argumentado que deben ser prioridad porque están en condiciones limitadas para acceder a agua para el consumo humano. La concesión de aguas está a nombre del municipio de Pueblorrico que construyó la primera fase del acueducto y es el responsable de gestionar las tierras para protección de las fuentes abastecedoras.
Las redes de distribución ya construidas en varias veredas de Andes, no se han podido conectar al Barcino porque están incompletas las obras de infraestructura, aunque falta muy poco; adicionalmente el tanque desarenador está fuera de servicio y existen problemas con las válvulas que controlan la presión del agua. Y sobre todo, falta que los alcaldes y las comunidades logren acuerdos no solo frente a la ampliación en veredas y sectores de Pueblorrico y Andes, sino además, futuras ampliaciones en veredas de los municipios de Hispania y Tarso.
Para tratar estos asuntos, el sábado 2 de julio, los alcaldes de Pueblorrico, Hispania, Andes, Tarso y el gerente de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, caminaron hasta la bocatoma del Barcino para conocer de cerca la situación del acueducto. Más tarde, en la fonda de la vereda El Barcino, en límites de Pueblorrico y Andes, los alcaldes, el gerente, y equipos acompañantes, se reunieron con usuarios y la Junta Directiva del Acueducto El Barcino, con concejales de Pueblorrico, la Asociación Campesina Comunidad en Acción de Pueblorrico, Asocomunal de Pueblorrico, otras organizaciones y comunidades de Andes, Hispania y Tarso.
El alcalde de Hispania Jorge Alberto Vanegas, dijo que el acueducto no se va a crear, puesto que ya existe desde 2007, tiene vida jurídica, asamblea y junta directiva. “Hay que echar para adelante este sistema multiveredal del Mulato, que la próxima vez que nos encontremos sea para inaugurar las obras”, animó. El alcalde de Andes John Jairo Mejía manifestó que Andes quiere ser parte de una empresa de acueducto multiveredal. “Para que un acueducto como El Barcino sea rentable, debería tener siquiera 1500 usuarios; cada municipio por separado no puede hacerlo, pero juntos podemos. Una empresa que no busca usuarios es una empresa que no tiene futuro”, argumentó. El alcalde de Tarso Néstor Fernando Romero, saludó a la comunidad presente, y dijo que tienen expectativas de que el acueducto llegue a unos sectores rurales de su municipio; presentó su disposición de ayudar a buscar la plata para la ampliación.
El Alcalde de Pueblorrico Juan Fernando Ruiz explicó por qué a lo largo de varios años Pueblorrico se negó a la integración del acueducto, dijo que siempre ha defendido la prioridad de atender las veredas de su municipio, ha enfrentado el tema espinoso de que Pueblorrico sea el dueño de la concesión de aguas. Dijo que mantener la negativa de conectar a Andes en adelante no va a ser posible: Andes puede solicitar una nueva concesión de aguas en Mulatos y seguramente Corantioquia se la otorgará, porque las aguas tienen capacidad, Andes tendría que construir una nueva bocatoma. “Estamos prontos a la entrada en funcionamiento de una nueva ley que declara el agua como un derecho fundamental, con eso Andes podría poner una tutela u otra figura jurídica y nosotros deberemos conectarlos”.
El gerente de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia, James Enrique Gallego, dijo que es una meta del gobierno departamental cerrar brechas en materia de servicios públicos rurales. Dijo que el acuerdo con los alcaldes es mejorar lo que hay; “pero no vamos a recibir la red de Andes sin conocer como está, hay que probarla; y sobre todo no pegaremos a nadie más hasta resolver los problemas de los que están conectados actualmente”. Anunció que la ampliación del acueducto El Barcino tiene unos costos aproximados de cinco mil millones de pesos, cifra que será más precisa cuando terminen los estudios técnicos que están en marcha; también dijo que la Gobernación de Antioquia está dispuesta a subsidiar la mitad de este presupuesto. El gerente felicita a los alcaldes por su trabajo conjunto, por pensar en región.
Las organizaciones y comunidades pusieron en evidencia otros asuntos por atender. Una persona dijo que el acueducto es acéfalo, no tiene cabeza hasta ahora, y propone que un delegado de cada vereda participe en la Junta Directiva del Acueducto El Barcino. Indagaron por la cobertura del acueducto en las veredas de sus municipios; preguntaron si el municipio de Andes y las comunidades harán parte del acueducto y su junta directiva, si la Gobernación de Antioquia hará parte de la junta directiva, si la empresa seguiría administrada por la comunidad o si la manejará un municipio o se le entregará a una empresa privada para que la administre, entre otras inquietudes.
Los alcaldes y el gerente respondieron que efectivamente Andes y Tarso harán parte de la organización del acueducto El Barcino, advirtieron que los estudios están en marcha y deberán ajustarse a las coberturas de las veredas identificadas como viables, precisaron que serán la junta directiva y la asamblea de usuarios las que decidan sobre el acueducto, para lo cual reconocieron la necesidad de fortalecer su organización y su junta directiva.
El gerente de servicios públicos, al ser indagado por la participación de la Gobernación de Antioquia en una futura empresa, y en si esta iniciativa constituye la cuota inicial para una empresa subregional de servicios públicos, aclaró que los recursos de la Gobernación son en calidad de subsidio, que la Gobernación no tiene interés en ser parte de la junta directiva del acueducto, y que están interesados en promover esquemas empresariales subregionales liderados por los alcaldes.
Aunque en esta reunión no hubo acta, ni firma de documentos o acuerdos donde se constaten las conclusiones, los alcaldes y el gerente acordaron seguir adelante con la estructuración técnica, financiera y jurídica del proyecto. Las comunidades por su parte, vieron en este encuentro una oportunidad que permite superar las diferencias entre los alcaldes, los municipios; quedaron expectantes por conocer el proyecto completo, e inquietos frente al proceso de fortalecimiento interno del acueducto y su gobernanza supramunicipal donde aspiran participar.
Lo que está pasando a nuestra casa
La cuestión del agua*
29. Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.
30. Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad.
31. Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo.
* Fragmentos de la Encíclica Laudato Si’ El cuidado de la casa común. Papa Francisco
Sobre la guerrra
Por: Estanislao Zuleta
1. Pienso que lo más urgente cuando se trata de combatir la guerra es no hacerse ilusiones sobre el carácter y las posibilidades de este combate. Sobre todo no oponerle a la guerra, como han hecho hasta ahora casi todas las tendencias pacifistas, un reino del amor y la abundancia, de la igualdad y la homogeneidad, una entropía social. En realidad la idealización del conjunto social a nombre de Dios, de la razón o de cualquier cosa conduce siempre al terror, y como decía Dostoyevski, su fórmula completa es “Liberté, egalité, fraternité... de la mort”. Para combatir la guerra con una posibilidad remota, pero real de éxito, es necesario comenzar por reconocer que el conflicto y la hostilidad son fenómenos tan constitutivos del vínculo social, como la interdependencia misma, y que la noción de una sociedad armónica es una contradicción en los términos. La erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta alcanzable, ni deseable, ni en la vida personal -en el amor y la amistad-, ni en la vida colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo.
2. Es verdad que para ello, la superación de “las contradicciones antinómicas” entre las clases y de las relaciones de dominación entre las naciones es un paso muy importante. Pero no es suficiente y es muy peligroso creer que es suficiente. Porque entonces se tratará inevitablemente de reducir todas las diferencias, las oposiciones y las confrontaciones a una sola diferencia, a una sola oposición y a una sola confrontación; es tratar de negar los conflictos internos y reducirlos a un conflicto externo, con el enemigo, con el otro absoluto: la otra clase, la otra religión, la otra nación; pero éste es el mecanismo más íntimo de la guerra y el más eficaz, puesto que es el que genera la felicidad de la guerra.
3. Los diversos tipos de pacifismo hablan abundantemente de los dolores, las desgracias y las tragedias de la guerra -y esto está muy bien, aunque nadie lo ignora-; pero suelen callar sobre ese otro aspecto tan inconfesable y tan decisivo, que es la felicidad de la guerra. Porque si se quiere evitar al hombre el destino de la guerra hay que empezar por confesar, serena y severamente la verdad: la guerra es fiesta. Fiesta de la comunidad al fin unida con el más entrañable de los vínculos, del individuo al fin disuelto en ella y liberado de su soledad, de su particularidad y de sus intereses; capaz de darlo todo, hasta su vida. Fiesta de poderse aprobar sin sombras y sin dudas frente al perverso enemigo, de creer tontamente tener la razón, y de creer más tontamente aún que podemos dar testimonio de la verdad con nuestra sangre. Si esto no se tiene en cuenta, la mayor parte de las guerras parecen extravagantemente irracionales, porque todo el mundo conoce de antemano la desproporción existente entre el valor de lo que se persigue y el valor de lo que se está dispuesto a sacrificar. Cuando Hamlet se reprocha su indecisión en una empresa aparentemente clara como la que tenía ante sí, comenta: “Mientras para vergüenza mía veo la destrucción inmediata de veinte mil hombres que, por un capricho, por una estéril gloria van al sepulcro como a sus lechos, combatiendo por una causa que la multitud es incapaz de comprender, por un terreno que no es suficiente sepultura para tantos cadáveres”. ¿Quién ignora que este es frecuentemente el caso? Hay que decir que las grandes palabras solemnes: el honor, la patria, los principios, sirven casi siempre para racionalizar el deseo de entregarse a esa borrachera colectiva.
4. Los gobiernos saben esto, y para negar la disensión y las dificultades internas, imponen a sus súbditos la unidad mostrándoles, como decía Hegel, la figura del amo absoluto: la muerte. Los ponen a elegir entre solidaridad y derrota. Es triste sin duda la muerte de los muchachos argentinos y el dolor de sus deudos y la de los muchachos ingleses y el de los suyos; pero es tal vez más triste ver la alegría momentánea del pueblo argentino unido detrás de Galtieri y la del pueblo inglés unido detrás de Margaret Thatcher.
5. Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las diferencias, de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría paralizar en nosotros la decisión y el entusiasmo en la lucha por una sociedad más justa, organizada y racional, yo le replicaría que para mí una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos.
Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz.
La minería irresponsable nos está destruyendo
Los Obispos de las Provincias Eclesiásticas de Medellín y Santa Fe de Antioquia, que corresponden a los Departamentos de Antioquia y Chocó, ante las graves y preocupantes situaciones que siguen apareciendo en relación con la explotación minera en los territorios de las comunidades que están bajo nuestro cuidado pastoral, manifestamos ante la opinión pública:
1. Como pastores, en repetidas ocasiones y especialmente a través de nuestra Carta Pastoral sobre la Minería, publicada el 26 de julio de 2015, hemos alzado nuestra voz y llamado la atención contra los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales, y particularmente del ejercicio irresponsable de la minería. Estas actividades han traído graves repercusiones para el medio ambiente, la dignidad humana y la convivencia social en nuestras comunidades.
2. Hemos constatado que, a pesar de nuestras denuncias, sumadas a las de muchas otras instituciones, organizaciones y medios de comunicación social, las problemáticas en torno a la explotación minera en vez de mejorar han empeorado.
3. Suscitan en nosotros particular preocupación, a raíz de recientes informes sobre el tema, dos gravísimas situaciones: el alto índice de deforestación, como consecuencia de la extracción minera a cielo abierto1 , y las afectaciones causadas en el ambiente y en las personas por la contaminación con mercurio (2) .
4. Nos reafirmamos en cuanto hemos manifestado en nuestra Carta Pastoral sobre la Minería e invitamos de nuevo a los organismos del Estado colombiano, a las empresas nacionales e internacionales y a la sociedad civil, a actuar decididamente para evitar que la minería mecanizada, con sus dragas y retroexcavadoras, siga destruyendo el medio ambiente y la salud de las personas en nuestro país. Se deben implementar medidas eficaces para detener el actual desastre ambiental y social.
5. Insistimos en la necesidad de propiciar un cambio de mentalidad para que no se conciba la minería como opción privilegiada para el desarrollo económico. Exhortamos a favorecer otras actividades para la subsistencia de los pobladores de las zonas de minería, como la agricultura, la pesca, las artesanías, el turismo ecológico, todo ello desde una auténtica valoración de la biodiversidad.
6. Reiteramos que la lucha contra la minería ilegal requiere acabar con la corrupción de algunos servidores públicos, hacer realmente operativas las Instituciones del Estado y contrarrestar la acción de los grupos armados ilegales. De igual modo, en la perspectiva del post-acuerdo con las FARC, se debe garantizar que esta guerrilla renuncie definitivamente a la minería.
7. Enfatizamos que ambas, la actual minería mecanizada y la megaminería de empresas multinacionales, dañan gravemente el medio ambiente y perjudican la salud de las personas.
8. Con el Papa Francisco proclamamos que “es necesario que se escuche el grito de tantas personas, familias y comunidades que sufren directa o indirectamente por las consecuencias, a menudo demasiado negativas de la actividad minera” (3) .
+ Ricardo Tobón Restrepo Arzobispo de Medellín
+ Guillermo Orozco Montoya Obispo de Girardota
+ Jorge Alberto Ossa Soto Obispo de Santa Rosa de Osos
+ Julio Hernando García Peláez Obispo de Istmina – Tadó
+ César A. Balbín Tamayo Obispo de Caldas
+ Edgar Aristizábal Quintero Obispo auxiliar de Medellín
+ Orlando Corrales García Arzobispo de Santa Fe de Antioquia
+ Fidel León Cadavid Marín Obispo de Sonsón – Rionegro
+ Juan Carlos Barreto Barreto Obispo de Quibdó
+ Noel Londoño Buitrago Obispo de Jericó
+ Hugo Alberto Torres Marín Obispo de Apartadó
+ Elkin Fernando Álvarez Botero Obispo auxiliar de Medellín
Bogotá, 6 de julio de 2016
NOTAS: 1. Investigaciones recientes afirman que en 17 departamentos de Colombia se realiza minería a cielo abierto. Chocó y Antioquia son los más afectados. En los 17 departamentos hay 78.939 hectáreas 3 afectadas. El 79% está en los departamentos de Chocó (46%) y Antioquia (33%). Hay minería en 5 parques naturales y en zonas cercanas a 9 más. Esta minería causa daño al bosque y a la cobertura natural. El daño a la vegetación pura es de 24.450 hectáreas, el 77% en el Chocó, donde se encuentra el ecosistema con “biodiversidad más importante del mundo”. Cada mes se destruyen un promedio de 2.000 hectáreas de bosque en el país a causa de la minería a cielo abierto. Sólo el 2% de esta minería tiene licencia ambiental. Otro de los hallazgos del estudio es la estrecha relación entre la explotación de oro de aluvión y los cultivos de coca. En este sentido, el documento evidencia que, por ejemplo, en los departamentos de Caquetá, Nariño y Putumayo, más del 80% de las zonas donde se practica este tipo de minería, se localizan en territorio afectado por cultivos ilícitos. En Bolívar esto ocurre en el 45% de las áreas cultivadas con coca, mientras que en Chocó, Valle y Antioquia este porcentaje se encuentra entre el 30 y el 35%. (Cfr. Informe: Explotación de oro de aluvión en Colombia, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y los Ministerios de Justicia, Medio Ambiente y Minería, presentado el 28 de junio de 2016).
2. Según el Estudio Nacional del Agua, realizado por el IDEAM, se estima que 205 toneladas de mercurio terminan al año en los ríos de Colombia. El boom de la minería ilegal está convirtiendo los afluentes de 17 departamentos del país en autopistas contaminadas. También se ha revelado que sólo en 13 ríos de Antioquia los mineros ilegales han arrojado 100 toneladas de mercurio poniendo en riesgo la vida de al menos un millón de personas. La Corte Constitucional anunció que asumirá una acción de tutela instaurada por comunidades indígenas y afro del río Atrato, en el departamento de Chocó, según la cual 37 niños habrían muerto en el último año en la región luego de que presuntamente consumieran agua contaminada con mercurio (cf. El Espectador, Ed. digital, 3 de febrero del 2016, 37 habrían muerto en Chocó por tomar agua contaminada con mercurio).
Un estudio efectuado por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, que se concentró en 70 personas que habitan en la cuenca del río San Juan, determinó que 50 estaban contaminadas con mercurio. El organismo midió y pudo establecer que, en esa misma cuenca del San Juan, 62.000 hectáreas (124.000 campos de fútbol) han sido malogradas por la minería (cf. El Tiempo, 11 de agosto de 2014, El desolador panorama de la minería ilegal en el Chocó).
3. Papa Francisco, Mensaje al Encuentro: Una Jornada de Reflexión – Unidos a Dios escuchamos un grito; 17 de julio de 2015.
Contenido del Esquema de Ordenamiento Territorial
Los esquemas de ordenamiento territorial deberán contener como mínimo los objetivos, estrategias y políticas de largo y mediano plazo para la ocupación y aprovechamiento del suelo, la división del territorio en suelo urbano y rural, la estructura general del suelo urbano, en especial, el plan vial y de servicios públicos domiciliarios, la determinación de las zonas de amenazas y riesgos naturales y las medidas de protección, las zonas de conservación y protección de recursos naturales y ambientales y las normas urbanísticas requeridas para las actuaciones de parcelación, urbanización y construcción.
Las autoridades competentes sólo podrán otorgar licencias urbanísticas una vez que dicho plan sea adoptado. Ningún agente público o privado podrá realizar actuaciones urbanísticas que no se ajusten a las previsiones y contenidos de los planes de ordenamiento territorial.
Participación ciudadana
Para efectos de organizar la participación comunitaria en la definición del contenido urbano del plan de ordenamiento, las autoridades municipales podrán tomar los barrios o agrupamientos de barrios residenciales como referentes comunitarios para la participación ciudadana en el ordenamiento.
Lo pertinente regirá para la participación comunitaria en la definición del contenido rural, caso en el cual la división territorial se referirá a veredas o agrupaciones de veredas.
Las organizaciones cívicas debidamente reconocidas de agrupamientos de barrios o veredas, a través de mecanismos democráticos podrán designar representantes para que transmitan y pongan a consideración sus propuestas sobre los componentes urbano y rural del plan. Estas mismas organizaciones cívicas mantendrán su participación en el ordenamiento del territorio para:
1. Proponer la asignación específica de usos y aprovechamientos del suelo en micro zonas de escala vecinal. En las zonas exclusivamente residenciales estas propuestas podrán referirse a normas de paisajismo, regulaciones al tránsito vehicular y demás previsiones tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la zona.
2. Proponer planes parciales que son instrumentos para desarrollar y complementar las disposiciones de los planes de ordenamiento en áreas determinadas del suelo urbano y de expansión urbana,
3. Ejercer acciones de veeduría ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la violación de las normas establecidas.
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