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14 de abril de 2016

Entrevista a Víctor Correa



Es conocido tu respaldo a los movimientos sociales colombianos defensores del ambiente sano y la democracia participativa en la Cámara de Representantes, ¿Qué iniciativas de resistencia territorial frente a los proyectos mega mineros se pueden adelantar desde el Congreso?


Son varias iniciativas que es necesario abordar en vista de que el actual marco normativo en nuestro país esta orientado para favorecer los intereses de las grandes mineras y de las actividades extractivistas. Una de ellas es un acto legislativo que modifique la Constitución tendiente a fortalecer y garantizar la autonomía territorial para determinar si se hace o no minería en le municipio. Esta es una herramienta en la que estamos comprometidos en sacar adelante y que sería muy útil para poder llevar a que las discusiones políticas territoriales, a que los colectivos regionales, a que las mesas ambientales y la ciudadanía en su conjunto, puedan incidir directamente sobre las actividades económicas que los afectan, como es el caso de la minería.

Otro proyecto importante está relacionado con las pequeñas centrales hidroeléctricas que se ha querido vender como la gran apuesta para el desarrollo de nuestra subregión y terminan entrando en nuestras realidades bajo una cantidad de argumentos medio ambientales, económicos y sociales falaces. El primero es que las pequeñas centrales hidroeléctricas no causan impactos medio ambientales, cuando en verdad tienen impacto durante la construcción afectando definitivamente los terrenos aledaños, reduciendo los cauces, imagínese un verano como el que acabamos de vivir sometidos al desvío de agua por parte de estas centrales; también afectan el equilibrio biológico y distribución de nutrientes que alimentan los seres dependientes de los ríos, entre otras consecuencias negativas estrechamente relacionadas con el impacto de estas pequeñas centrales hidroeléctricas. En segundo lugar, no pagan regalías que terminan en manos de capitales privados que no es que contribuyan enormemente al desarrollo de nuestros municipios. Tampoco es la gran fuente de empleo ni protegen las cuencas porque su negocio es el agua y dejan la protección a las alcaldías. Vamos a adelantar un proyecto de ley al respecto.

¿ Y si el propietario de la pequeña central es el municipio?

En este caso hay que tener presente que así no se borra de tajo el problema medio ambiental, pero por lo menos los recursos económicos van para lo público que, si están bien direccionados, sí pueden llevar a la protección de las cuencas y a una mitigación de los impactos que causan, además de la obtención de medios para otro tipo de proyectos.
¿A quién corresponde la reglamentación del reciente fallo de la Corte Constitucional que obliga concertar con los municipios los procesos mineros en sus territorios?

Le compete al Congreso acometer esta tarea y estamos adelantando un proyecto legislativo que aclare cómo sería esta concertación para que no sea un asunto al arbitrio de los ministerios o del Presidente.

¿Cómo promover procesos de integración en el Suroeste ante el detrimento de la vida pueblerina y campesina acentuado por la dependencia del área metropolitana del Valle de Aburrá y la imposición del modelo extractivista?

En el Suroeste existen múltiples organizaciones sociales de base, asociaciones campesinas, de transportadores, de productores, cooperativas, mesas y colectivos ambientalistas, una población universitaria, etc., que deben converger en un proceso de integración que vaya más allá de las dinámicas económicas, que por supuesto es un asunto sobre el que hay que trabajar, pero la integración se tiene que dar desde la gente. Por esto es que acompañamos la propuesta que ha surgido de la creación de un Foro Social del Suroeste en participen todos los actores, no sólo de la dirigencia política y económica, sino todos los actores sociales, sobre todo los provenientes del movimiento social, para que puedan articularse y fomentar desde la base la integración territorial.

¿Cuál es tu apreciación del estado actual de las negociaciones para el cese del enfrentamiento armado en Colombia?

Yo veo con gran esperanza lo que está pasando en nuestro país con el avance de las negociaciones en La Habana y la apertura de la fase pública de negociaciones con el ELN. Colombia ha vivido décadas y décadas de conflicto y hemos sido bastante permisivos con la guerra e incluso hemos llamado a la guerra de manera reiterativa, ahora tenemos la oportunidad de llamar a la paz, cesar una máquina atroz que lleva 7 millones de víctimas, más de 200 mil asesinatos, decenas de miles de desaparecidos con impactos económicos de toda índole, son hechos que todos los colombianos deberíamos unirnos para buscar la solución concertada de los problemas, la salida negociada no solo de la guerra, sino de todas las conflictividades que vive nuestro país, para que nunca más sean las armas utilizadas para hacer política. Yo veo como positivo lo que está pasando, yo añoro un país en paz.

Se han presentado muchas críticas al proceso, esto está bien, somos una democracia, pero se han hecho también críticas mentirosas que han contribuido desde la desinformación a hacer mal ambiente al proceso de paz, para dar un ejemplo, le están entregando el país a las Farc, lo cual es una falacia absoluta porque cuando se miran los puntos ya negociados no se puede concluir eso, por el contrario, el gobierno partió de la posición clara de que no iba a negociar el modelo económico y allí no se toca un pelo el modelo económico. Por ejemplo en el tema agrario, la preocupación de algunos es que les quiten la tierra que mal se apropiaron durante la guerra y no que se las entreguen a las Farc, lo que no va a pasar, porque esas tierras serán devueltas a los campesinos.


14 de febrero de 2016

Integración Territorial


Colombia, uno de los países más desiguales del planeta, el único del hemisferio que aún mantiene un conflicto armado, se enfrenta al reto de integrar su territorio y la familia nacional. La construcción de la paz sostenible y duradera, la paz territorial, depende en buena medida de la capacidad que tengamos de integrar a los territorios rurales, lejanos, económicamente pobres y ambientalmente ricos, a las dinámicas de más o menos bienestar que se han consolidado en los centros urbanos – metropolitanos.

En el nivel metropolitano, enfrentamos el reto de integrar los territorios de las periferias urbanas, repletos de desplazados y víctimas provenientes de los territorios rurales afectados por el conflicto armado; integrar barrios y comunas pobres al bienestar que viven los habitantes educados, propietarios, con empleos formales de los demás barrios y comunas.

Para superar estas desigualdades, necesitamos integrar los territorios rurales, pobres y afectados por el conflicto armado, con los territorios hoy llamados competitivos por su dotación de infraestructuras colectivas; por la concentración de las actividades económicas; por la concentración de la población con la mayor calidad de vida, o lo que es igual concentración del capital humano; y la concentración y centralización de las instituciones y el presupuesto del Estado. Lazos largos se requieren para integrar unos con otros y superar sus desigualdades. 

Está demostrado hasta la saciedad que los municipios pequeños en población, pobres en términos de índices de calidad de vida, dependientes de los recursos de la nación, afectados por el conflicto armado, rurales dispersos con amplia riqueza natural, no están en capacidad de construir bienestar por sí solos, y por ello requieren de la solidaridad nacional en cabeza de las instituciones del Estado y de las contribuciones de los colombianos. Integrarlos requiere una de las siguientes estrategias: que los urbanos asumamos los costos económicos y políticos que implica esta integración, colaborando en los proyectos que los locales desde su autonomía decidan emprender; que los municipios pobres sean asociados con municipios y ciudades con mejores condiciones en esquemas de asociación donde se generen ayudas mutuas y se compensen servicios, cargas y beneficios; darles total autonomía territorial para que aprovechen su riqueza natural a favor de resolver sus necesidades y sus aspiraciones. 

Para construir la paz territorial enfrentamos el reto de integrar los desiguales; si la paz territorial no asume la superación de la inequidad territorial como su principal reto, no acertará. Reto realmente difícil para el gobierno y los sectores de la sociedad que estamos de acuerdo con la paz territorial. Si a alguna gente le va a costar el SÍ en el tarjetón de la paz con las Farc, mucho más le va a molestar los costos de la paz territorial, los impuestos al patrimonio, la renta y el consumo, que serán necesarios para costear el postconflicto. Ofenderá a los grandes propietarios la superación de las desigualdades y mandarán a amenazar los que se creen dueños de las tierras despojadas y los recursos minerales. En cualquier caso, la mayoría de los colombianos que enfrentamos con responsabilidad el reto de construir la paz por medio de una sociedad igualitaria e integrada, deberemos dar este debate realista.

Nelson Enrique Restrepo Ramírez 

Avanzamos hacia la paz


“Estamos decididos a propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. El desarrollo sostenible no es posible sin la paz, ni la paz puede existir sin el desarrollo sostenible”, acabamos de leer en los Objetivos de las Naciones Unidas para el año 2030.

Veamos cuál es el estado actual de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Farc: Recordemos que el 26 de agosto de 2012 se firmó por las partes el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, con el cual se iniciaron las conversaciones de La Habana sobre 6 puntos, siendo éstos los pactos logrados:

1. Política de desarrollo agrario integral

El 26 de mayo de 2013 se conocieron los cuatro temas integrantes del acuerdo agrario:

  a. Acceso y uso de la tierra: crear un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos sin tierra o tierra insuficiente; plan masivo de formalización de la pequeña y mediana propiedad rural; actualización del catastro y predial rural; delimitar la frontera agrícola; plan de zonificación ambiental y planes de desarrollo de las zonas de reserva campesina ya existentes o las que se creen.

  b. Creación de programas especiales de desarrollo en las zonas más afectadas por el conflicto y la pobreza.

  c. Planes nacionales sectoriales orientados a proveer servicios de infraestructura, desarrollo social y estímulo a la productividad y a la formalización laboral.

  d. Seguridad alimentaria que fortalezca los mercados locales y regionales, manejo adecuado de alimentos y programas especiales contra el hambre.

2. Participación política

El 6 de noviembre de 2013 se acordó la apertura democrática para construir la paz mediante:

   a. Facilitar el surgimiento de nuevos partidos políticos; en las zonas golpeadas por el conflicto sus habitantes podrán elegir, temporalmente, representantes a la Cámara.

  b. Ley de garantías y promoción de la participación ciudadana que conduzca a la tolerancia y la reconciliación, el derecho a la protesta social, a la comunicación, a la convivencia pacífica y al control ciudadano a la gestión pública mediante veedurías y observatorios de transparencia.

  c. Asegurar que se rompa para siempre el vínculo entre política y armas, o sea, que nadie nunca más utilice las armas para promover una causa política, y que quienes han dejado las armas para transitar a la política tengan todas las garantías de que no serán objeto de la violencia.

3. Fin del conflicto

Las delegaciones han avanzado en llevar a cabo gestos hacia el desescalamiento del conflicto armado y la construcción de confianza. El 7 marzo de 2015 anunciaron el Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio de la Presencia de Minas Antipersonal. Independiente de las negociaciones en La Habana, las Farc adelantan un cese unilateral del fuego desde el 20 de julio de 2015

4. Solución al problema de las drogas ilícitas

El 16 de mayo de 2014 se da a conocer el acuerdo sobre este punto que tiene 3 componentes:

  a. Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos mediante la generación de condiciones de bienestar para la comunidad.

  b. El consumo de drogas ilícitas debe enfocarse desde los derechos humanos y la salud pública.

  c. El gobierno intensificará la lucha contra el crimen organizado vinculado al narcotráfico y lavado de dinero asociado a la corrupción.

5. Víctimas

El 15 de diciembre de 2015 se firmó el acuerdo sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contempla:

  a. Lograr la mayor satisfacción posible de los derechos de todas las víctimas (de la guerrilla, de los paramilitares, del Estado), rendición de cuentas, seguridad jurídica y contribuir a la convivencia, reconciliación y no repetición del conflicto.

  b. A la terminación de las hostilidades, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y con el derecho constitucional colombiano, se otorgarán amnistías o indultos por delitos políticos y conexos. En el caso de las guerrillas se amnistiará o indultará el delito político de rebelión. En todo caso no serán objeto de amnistía ni indulto (ni de beneficios equivalentes) los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad como por ejemplo el secuestro de civiles, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores.

6. Implementación, verificación y refrendación

La firma del Acuerdo Final está pendiente.