Por DANILO URREA
Filósofo, Universidad Nacional de Colombia
El momento que vive Colombia puede ser comprendido como una oportunidad histórica para intentar superar décadas de conflicto armado, social y político. Sin duda, la finalización de la guerra, vía negociación política con las insurgencias, constituye un esfuerzo que debe ser respaldado desde el conjunto de las organizaciones, los procesos y movimientos sociales, y debiera estar en el horizonte de construcción de país de la sociedad en general.
El respaldo a estos procesos, como condición necesaria para la construcción de paz en Colombia, no puede desconocer aspectos de la realidad que vienen siendo agenciados por el gobierno de Juan Manuel Santos. Aspectos que entran en contradicción directa con la retórica institucional de la paz y que nos alertan la argucia lingüística y la retórica sofista de un gobierno que declara guerra de baja intensidad a la población mientras presenta avances de paz en un país cada vez más afectado y convulsionado por la injusticia social y las afectaciones ambientales de su modelo de desarrollo.
Lo que Santos ha presentado como La Paz, en realidad es la negociación del conflicto armado con una de las insurgencias –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-, y la perspectiva de negociación con otra –el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De ninguna manera puede asimilarse la negociación del conflicto armado con las insurgencias como la cúspide de la Paz, pues la construcción de paz requiere la participación de la sociedad en su conjunto, y su materialización concreta implica alcanzar la justicia social y ambiental.
Parece que la búsqueda de la justicia, en sus diferentes manifestaciones, no es uno de los objetivos del gobierno; por el contrario, no reviste este camino ningún interés para una clase gobernante distanciada de las realidades de los pueblos, y que avanza en procesos de privatización de lo público –la venta de ISAGEN nos da un ejemplo contundente-, de construcción de leyes y decretos del despojo para facilitar la invasión y la impunidad trasnacional, incumpliendo sistemáticamente “promesas firmadas en piedra” en los ámbitos económicos y que a través de una reforma tributaria regresiva pretende asfixiar a las y los colombianos y les despoja poco a poco de sus derechos. Parece, entonces, una nominación de paz, de parte del gobierno, para favorecer el modelo corporativo trasnacional.
Ahora bien, entre las múltiples contradicciones y falacias del gobierno actual, quiero hacer referencia explícita a lo que en materia ambiental surge como efecto colateral de las negociaciones que se adelantan con las FARC en La Habana.
Mientras se lleva adelante la negociación con las FARC, la crisis ambiental y la crisis climática se constituyen como manifestaciones innegables de un modelo de desarrollo construido e impuesto a espalda del equilibrio ambiental y que cerró los ojos a la participación y la decisión soberana popular hacia el ordenamiento territorial.
Una manera apropiada para adentrarse en el análisis de los intentos de la ONU por implementar sus imposiciones del capitalismo verde en Colombia, se encuentra en las “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”, sazonadas en septiembre del 2014 y publicadas en enero de 2015, coincidencialmente mientras se preparaba el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno Santos.
La ONU reconoce la problemática asociada a la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- de municipios en los que se mantienen condiciones ambientales propicias gracias a esa presencia militar, ubicando como contradicción la posible destrucción de esos lugares con la llegada de corporativismo y el modelo extractivo priorizado por la prosperidad democrática del pacificador Juan Manuel Santos.
Posterior a la justificada ubicación del conflicto venidero con la pérdida de control territorial de la guerrilla y el corporativismo extractivista, la ONU desarrolla hipótesis y propuestas enmarcadas en la economía verde. Lo que representa una doble contradicción y en sí una paradoja, pues superar la posible destrucción territorial aplicando esquemas de economía verde, será girar regresivamente a un modelo que desde la década de los 90 reforzó la injusticia social y ambiental en Colombia bajo la falacia del desarrollo sostenible. Veamos:
La economía verde que se pretende implementar, como solución ambiental en el post acuerdo con la insurgencia colombiana, fue presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- en la pasada Conferencia de la ONU para el medio ambiente y el desarrollo sostenible, en Río de Janeiro 2012. Los documentos oficiales señalan que la problemática y la crisis ambiental es producto de la mala asignación de capital a los proyectos de desarrollo y salva de responsabilidad al sistema capitalista. Es decir, no va al corazón del problema, lo deja intacto. Pretende que las soluciones se encuentran en la internalización de las externalidades, en términos de la ecología política, por ejemplo asignando costes de contaminación al proceso de producción, pero no cuestiona los efectos y conflictos generados por el modelo. De otra parte, presenta la gobernanza corporativa como una de las soluciones a la crisis global, pues reconoce en los Estados entidades débiles para la administración ambiental y territorial, y en las corporaciones a salvadores que poseen la tecnología y el capital necesarios para enfrentar las problemáticas. Niega cualquier perspectiva de derecho frente a los bienes comunes; prioriza las formas de privatización mediante asocios público – privados como única alternativa de manejo de los comunes y presenta las falsas soluciones (como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación -REDD- y los Pagos por Servicios Ambientales -PSA-) como alternativas a la crisis planetaria.
Volviendo a Colombia, luego de señalar la contradicción ambiental que puede presentarse en el post acuerdo, la ONU presenta una serie de propuestas en 4 ejes, a saber:
a) Ordenamiento territorial. En un escenario de post acuerdo se presenta la necesidad de conciliar las visiones de escala nacional y regional con las escalas locales. Aspecto que parece necesario, mas, a continuación, la ONU señala que para esto es imperante reconocer la biodiversidad en términos de capital natural -CN. Este concepto, el de CN, procura la mercantilización de la naturaleza. La naturaleza no es equiparable al capital, pues ha sido el sistema capitalista el que ha generado su destrucción.
b) Desarrollo local y producción sostenible. Repensar lo rural más allá de lo agropecuario es la premisa que enuncia el organismo multilateral. Interesante planteamiento, sobre todo si se contraste con la no aparición del sujeto campesino a lo largo de todo el documento. La ruralidad es pensada como un campo sin campesinos que refuerza los intentos del gobierno Santos por despojar territorios -con iniciativas como las ZIDRES y la ley de baldíos. Además, con una propuesta de innovación en el aprovechamiento de la biodiversidad, claramente con un desarrollo industrial rural asociado a los capitales y controles trasnacionales. En tercer lugar, se señala la redefinición de las relaciones campo – ciudad con corresponsabilidad social y sectorial expresada en PSA. El pago por servicios ambientales significa una re (des)composición capitalista de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, y, en el caso colombiano puede implicar el despojo por vía administrativa luego de cinco años de pago.
c) Actividad extractiva en el post acuerdo. De manera apropiada se presenta la necesidad de re pensar la noción de utilidad pública e interés general que para los casos de la minería y las represas han significado el desplazamiento por desarrollo y la aniquilación de tierras productivas y lugares ancestrales y tradicionales en Colombia. Sin embargo, se hace alusión a la necesidad imperante de hacer minería sostenible para reducir los impactos ambientales, repartir los beneficios de la actividad, generar empleo para las comunidades locales, para las víctimas y los excombatientes. De ninguna manera puede considerarse la minería como una actividad sostenible. Minería sostenible es una contradicción en los términos, pues dicha actividad extractiva es imprevisible en sus consecuencias e irreparable en sus impactos.
d) Institucionalidad y gobernaza. Quizá uno de los aspectos que mayor controversia y crítica resiste en el documento de la ONU se refiere a la institucionalidad ambiental en Colombia y la forma de fortalecerla. Al tiempo que se reconoce el desmonte actual del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y la corrupción y politiquería que ha absorbido a las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, se presenta la posibilidad de fortalecerlas en términos económicos a partir del presupuesto producto de los PSA y REDD. Esto es tan absurdo como construir un presupuesto para la paz a partir de una reforma tributaria regresiva como la que propone el gobierno Santos. La institucionalidad ambiental colombiana dependiente de las falsas soluciones al cambio climático como PSA y REDD estará al servicio del capital corporativo y de los terratenientes que prioricen los gobiernos de turno, profundizando la flexibilización de controles ambientales y el modelo depredador.
Ahora bien, estos ejes, equivocados en su enfoque por englobar a la economía verde, la herramienta del sistema capitalista para la mercantilización de la naturaleza, como alternativa en un contexto de post acuerdo, están en la base de la noción de crecimiento verde que Santos implementó como eje trasversal del Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2015. La pregunta central es, refiriéndonos al PND 2015, ¿cómo conciliar una teoría del desarrollo sostenible leída en términos del crecimiento verde, con un modelo de desarrollo extractivista? Nueva contradicción en el discurso y la aplicación del modelo del pacificador Santos. A lo sumo, la transversalidad del crecimiento verde no es nada más que el lavado verde (greenwash) de un PND elaborado al calor de intereses trasnacionales y de la oligarquía que Santos representa, y basado en la privatización de los bienes comunes y la destrucción de la naturaleza en todas sus manifestaciones.
Resistencia y propuestas sociales.
Como ha sido señalado en el último año por organizaciones como CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, no obstante el embate del modelo neoliberal con sus máscaras discursivas de la búsqueda de la paz mientras se somete a la población con políticas territoriales reaccionarias y retardatarias del bienestar social, muchas expresiones de resistencia históricas se mantienen en pie, como las de los pueblos ancestrales U’wa frente a la explotación petrolera. También han surgido alternativas democráticas expresadas en las consultas populares, que hacen uso de mecanismos de participación popular, para decidir sobre el ordenamiento territorial y para ejercer autónomamente el derecho a la definición territorial. Han surgido también nuevas narrativas como las de Agua sí petróleo no, en el Páramo de Sumapaz; la lucha del Sindicato nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón -SINTRACARBÓN- en oposición a la desviación del Arroyo Bruno, con la que se quiere dar inicio a la ampliación de la frontera extractiva de carbón de la trasnacional El Cerrejón en el Departamento de La Guajira; la construcción territorial del movimiento Colombiano por la Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos, que ha logrado articular resistencias tan importantes como la de El Quimbo, que ha puesto en jaque el ordenamiento trasnacional para la explotación de los ríos; entre muchas otras.
Estas expresiones, que se alimentan de propuestas de soberanía energética a partir de experiencias concretas de producción y distribución de energía de los pueblos y para los pueblos, del manejo público – comunitario del agua y los bosques para los acueductos comunitarios y para salvaguardar la posibilidad del derecho fundamental al agua y a los bosques, construyen y propician una discusión fundamentada y fundamental respecto al desarrollo. En sí es importante debatir sobre el desplazamiento que el desarrollo implica con sus megaproyectos y poner arriba de la mesa la redefinición de categorías como las de afectados, como lo ha venido haciendo el Movimiento Ríos Vivos. También se ha propuesto en Colombia la realización de una moratoria minero energética hasta tanto no se analicen por una comisión independiente los títulos y las licencias que se han entregado a los proyectos, muchos de ellos en los que se ha violado la ley.
De fondo, y en un momento crucial como el que se vive con las negociaciones de fin del conflicto, se ha puesto en discusión el reconocimiento de la naturaleza como víctima de la guerra, pues no es posible la reparación integral de las víctimas humanas sin reparación de la naturaleza no humana. Asimismo se ha solicitado la creación de una comisión ambiental de la verdad en las negociaciones con las insurgencias, donde incluso se determinen las responsabilidades del aparato trasnacional.*
*Roa Avendaño y Urrea. La cuestión ambiental, un asunto clave en el proceso de paz. En: Negociaciones gobierno – ELN, y sin embargo se mueve. Victor de Currea Lugo editor. 2015.
