En búsqueda de la identidad perdida

EDITORIAL

También como el autor de En búsqueda del tiempo perdido requeriríamos siete libros, o quizás más, para testimoniar las pérdidas, no de una familia, ni de una región, ni siquiera de un país, ni sólo de un continente, sino de la humanidad.

Por supuesto, ese propósito descomunal sobrepasa sin medida la capacidad de quienes sólo pretendemos hacer un llamado a la reflexión de lo que vivimos y lo que puede ser el futuro de los habitantes de un rincón hermoso y pacífico de la cordillera de los Andes. Si embargo, el intento de comprensión de nuestro presente debe recorrer no solo el camino de las realizaciones generosas que consolidan la permanencia de las gentes y sus valores sociales, de las cuales damos fe en esta edición; también, e incluso con mayor énfasis, las pérdidas, pasadas, presentes y futuras, pues si un logro merece todo el entusiasmo de la gratitud, la desaparición de lo construido con amor y esfuerzo significa, más allá de los lamentos y la tristeza, un acto de irresponsabilidad.

Con justa razón, aunque tal vez limitada, muchos sintetizamos las pérdidas de nuestra región en la desintegración de la familia. Los hijos se van acompañados de nostalgias porque lo nuestro ya lo sentimos insuficiente. ¿Insuficiente, cuando la tierra sigue siendo la misma, así hayamos acabado con algunos bosques y contaminado algunas aguas? ¿Insuficiente, cuando somos menos los que habitamos nuestros amados pueblos y campos?

Sí, ya no nos llena el rumor de los bosques ni el olor de los frutales, ansiamos la estridencia y el aire irrespirable de la gran ciudad; no nos extasía más la danza de los atardeceres ni la conversa de los amigos ni los cuentos de los mayores, nos atrapó la uniforme tontería manipuladora de la televisión. Y lo más lamentable, para ensordecernos y ahogarnos entregamos todo nuestro tiempo, nuestra vida, sin que hallemos satisfacción alguna porque cada vez nos hace falta alguna efímera novedad, la misma que quieren y por la que entregan su vida los cuatro millones de personas que viven amontonadas, acorraladas en la miseria del hambre o en la miseria del derroche, en la metrópoli de Medellín.

También es cierto que nos han estrechado, que por la imposición del dinero o de la violencia muchos se han desplazado; que hemos elegido, oh torpeza nuestra, gobernantes para que representen los intereses de otros, de los que quieren nuestras tierras y el agua para sus fincas de recreo, o para sus cuatro vacas y veinte caballos de mil millones, o para sus interminables pineras o para reventar las montañas y llevarse sus valiosas entrañas. Estas son las pérdidas que hay y las que vendrán.

Las pérdidas nuestras son las ganancias de ellos: talan los bosques, como denuncia la Mesa Ambiental de Jardín, para sembrar pinos; envenenan los ríos para exportar oro, como denuncia la Mesa Ambiental de Urrao; arrasan el paisaje y el patrimonio de un país para satisfacer los acuerdos con las multinacionales, como quiere Anglogold Ashanti en Jericó y Támesis, en el Tolima, en los Llanos, en el Chocó, en toda Colombia. Para esta multinacional de origen africano y las demás mineras y petroleras respaldadas por las autoridades colombianas, nuestro país debería entregar todo su subsuelo para que crezcan en igual medida su riqueza y nuestra pobreza, igual que en África. A esto es lo que el gobierno nacional llama progreso y desarrollo sostenible y a lo que las comunidades del Suroeste deben responder con responsabilidad.

Integración territorial (II)

Por: Nelson Enrique Restrepo Ramírez

En el primer número del periódico Integración, presenté algunos elementos generales sobre la integración territorial; en la presente edición comparto con los lectores del Suroeste el debate que ha abierto la propuesta de crear una área metropolitana en el oriente antioqueño.  

El gobernador de Antioquia, por solicitud de algunos alcaldes del oriente cercano a Medellín (Rionegro, El Retiro, La Ceja, Guarne) y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, ha decido liderar la propuesta de crear una área metropolitana para el oriente antioqueño. 

Esta aspiración viene desde mediados de la década de 2000, cuando “La Tertulia de la Glorieta” próxima al aeropuerto de Rionegro (donde participaron líderes regionales del actual Centro Democrático incluyendo su líder), se propuso reformar la ley de áreas metropolitanas (Ley 128 de 1994) para eliminar el requisito de conurbación en la definición de los hechos metropolitanos; este propósito se consiguió con la Ley 1625 de 2013 de áreas metropolitanas, la cual dijo que son las interacciones económicas, sociales, institucionales, tecnológicas, ambientales las que definen tales hechos. 

En la medida que el oriente antioqueño ha sido una de las subregiones de Antioquia con mayor tradición en propuestas de autonomía, organización y ordenación territorial para la totalidad de los 23 municipios y donde se ha destacado la propuesta de provincia administrativa y de planificación reconocida por la Constitución y la Ley 1454 de 2011 orgánica de ordenamiento territorial, la propuesta metropolitana abrió el debate sobre la necesidad de profundizar la integración territorial, la construcción social del territorio, la cohesión territorial, la superación de desequilibrios e inequidades territoriales, aumentar la competitividad territorial, a través de una institucionalidad pública supramunicipal. 

Es un debate porque consideramos quienes impulsamos la provincia, que la figura metropolitana es pertinente para atender las necesidades del sistema de pequeñas ciudades del oriente cercano en temas de ordenación territorial, conectividad vial, servicios públicos, pero no se adecúa a las realidades y aspiraciones de los demás municipios del oriente lejano esencialmente rurales, inmensamente biodiversos, sobre los cuales es forzado establecer un hecho metropolitano que no existe ni es adecuado promover.   

Como el oriente antioqueño ha estado cohesionado en las últimas décadas, organizado en el nivel subregional, provincial, demandando compensaciones por el uso de sus recursos naturales en la generación de energía (en el oriente se genera 35% de la energía que consume Colombia), cohesionado a través de su Laboratorio de Paz ante la crisis humanitaria que le impusieron los actores armados, organizado a escala subregional a través de las organizaciones sociales y públicas (Asociación de mujeres, de víctimas, de concejales, de personeros municipales, Asamblea Provincial Constituyente, Proceso Estratégico Regional, entre otros) para construir gobernanza territorial de escala subregional, es lógica la preocupación por que una figura urbana, divida el oriente o se imponga sobre él desde la centralidad metropolitana. Como atentar contra esta construcción social, histórica y política es grave, se propone un área metropolitana para los 23 municipios como una estrategia política para evitar distractores, estrategia que muy seguramente no funcione cuando se consideren los criterios técnicos y territoriales.

Llama la atención que la figura de área metropolitana para municipios rurales, dicha por el gobernador, se base en la necesidad de adecuarse a las nuevas realidades que plantean los megaproyectos de las autopistas 4G, el aprovechamiento de las riquezas de los territorios para integrarse a los mercados globales, y no se base en la superación de las inequidades territoriales o la construcción de la paz territorial. Esto confirma la regla de juego de la dirigencia antioqueña que siempre ha puesto por encima de la responsabilidad con los desprotegidos y marginados, la racionalidad económica hoy llamada competitividad territorial.  

Con el predominio de criterios de competitividad y considerando que el suroeste será la subregión de Antioquia más impactada por las autopistas 4G, no sería de extrañar que en el corto plazo también se proponga una figura metropolitana para esta subregión. Siguiendo estos criterios, como lo dijo el director de Conciudadanía en la columna de Inforiente del 01 de mayo de 2016, podrían entonces cambiarse las subregiones por áreas metropolitanas. Y la verdad es que ante la increíble debilidad de los gobiernos locales para ejercer su autonomía territorial, la falta de comprensión de estos temas por parte de los políticos locales y la ciudadanía, y la contundencia del poder del centro urbano, ello podría suceder. Están jugando a los dados con las “cartas territoriales”. 

¡Mujer defensora del agua, la vida y el territorio!

Por: Ana Milena González B.

Marcha de mujeres, Jardín 2013

Lograr la participación activa de la mujer en los territorios es la apuesta por la equidad de género que se ha venido desarrollando con avances significativos en el mundo, son las mujeres con sus luchas y los movimientos feministas (igualdad de derechos entre hombres y mujeres) las que han permitido que la mujer también sea vista como ciudadana, profesional, propietaria, educadora y participe activamente en las decisiones que la afecten; sin embargo, no ha sido un camino nada fácil y aún se requiere seguir empoderando a las mujeres y a los hombres para derrumbar las brechas de género que alejan la garantía efectiva de los derechos y promueven condiciones de desigualdad. 

Existen relaciones históricas entre la mujer, el agua, la vida y el territorio; trasegares profundamente cimentados desde  las mujeres rurales, pueblerinas e indígenas, que hace que 

la mujer se haga visible en los temas ambientales, acarreándole responsabilidades sociales que se han modificado considerablemente en el pasar de los años con los sistemas sociales, políticos, culturales y económicos.

Lo anterior, hace que la Organización de Naciones Unidas –FAO en particular- haya realizado estudios importantes sobre el papel de las mujeres de las zonas rurales frente a la conservación y la calidad de agua, puesto que en las prácticas culturales rurales son cotidianamente las mujeres las que identifican las fuentes de agua, la recogen y la utilizan en el hogar y en la agricultura familiar; es decir, es la población femenina, niños y niñas quienes identifican el agua para las necesidades vitales de los hogares en la preparación de los alimentos, para las labores de aseo personal y del hogar, cuidar los sembrados y dar de beber a los animales.

En la actualidad, la privatización ha afectado la disponibilidad de agua limpia; además, mientras no se reconozca la estrecha relación entre acceso al agua y pobreza y se desconozca el medio ambiente como un patrimonio ambiental común de la humanidad, un derecho humano fundamental, un bien social, en el cual las mujeres cumplen un papel prioritario en el cuidado y conservación, se tiende a agudizar la pobreza y a desmejorar condiciones de calidad de vida de las poblaciones.

Frente al papel de la mujer en los procesos ambientales, nace el ECOFEMINISMO, una corriente de pensamiento ambientalista de corte feminista, aparecida en Europa en el último tercio del siglo XX y que se ha expandido por todo el mundo. Una de sus mayores representantes es Vandana Shiva, ecofeminista célebre de la India, quien fue una de las primeras en mostrar el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres del Tercer Mundo causado por el mal desarrollo. Vandana es pacifista, y establece como principios del ecofeminismo:

• La tierra está viva, es sagrada y es la conexión entre todos los seres vivos.

• La naturaleza fue reemplazada por el patriarcado, y las mujeres, parte de la naturaleza, se encuentran subordinadas frente al hombre y a la producción.

 • Respeto a todo ser viviente. Para desarrollar esta tesis planteó varias ideas, como construir otros tipos de instrumentos, más allá del Producto Interno Bruto (PIB), que evidencien la mejora en el desarrollo de las poblaciones, y el disfrute de derechos con responsabilidad.

Según Shiva, el ecofeminismo es tan antiguo como la vida misma y consiste en que no sea el ser humano el centro, sino que la vida sea el centro de la organización social, política y económica, situación que las mujeres practican de forma cotidiana, puesto que por la imposición social, son ellas a quienes se les ha dejado la tarea del cuidado y el mantenimiento de la vida. De tal manera que su objetivo es maximizar la riqueza de la vida.

Esta teoría nos permite pensar en las practicas regionales e identificar que en el Suroeste hay organizaciones de mujeres que vienen desarrollando proyectos de conservación, protección por la vida, la productividad local, la defensa del territorio; más aún, las mujeres rurales que en sus prácticas diarias fomentan la seguridad alimentaria y sin conocer en muchas ocasiones las bases teóricas del Ecofeminismo, son embajadoras del valor de la vida, la defensa del agua y la protección del territorio, mujeres que desde las comunidades indígenas, rurales y pueblerinas suman voces por el patrimonio ambiental y logran llegar a las instancias de decisión y de poder para instalar la vida como centro de la organización social.

ISAGEN no tiene licencia ambiental para construir la hidroeléctrica Cañafisto

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales negó el 13 de octubre de 2015 la solicitud de licencia ambiental que ISAGEN presentó para construir la central hidroeléctrica Cañafisto que pretende inundar el río Cauca desde Anzá hasta Puente Iglesias.

Mediante la Resolución 1291 del 13 de octubre de 2015 la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, negó en primera instancia la solicitud de licencia ambiental que ISAGEN presentó el 2 de enero de 2009 para la construcción de la central hidroeléctrica Cañafisto. ISAGEN, hoy propiedad de la multinacional de origen canadiense Brookfield, entregó el  23 de noviembre de 2015 el recurso de reposición que aún está pendiente de fallo por parte de la ANLA.

Queremos compartir con los lectores algunos de los motivos más sobresalientes expuesto por la ANLA para negar la licencia ambiental de un proyecto que afectaría de manera directa a 16 municipios del suroeste y occidente de Antioquia.

“Se evidencia que la Empresa presenta una dinámica hidrológica del río Cauca que subestima los caudales máximos, así como las crecientes máximas probables y las duraciones de éstas... incrementando los riesgos asociados a eventos de crecientes”.

“La valoración de impactos no es siempre acorde con la importancia y fragilidad de algunos ecosistemas y elementos naturales del área de influencia del proyecto, casos específicos los impactos al bosque seco tropical, la alteración del régimen hidrológico, los cambios en las prácticas culturales asociadas al río, afectación a la fauna terrestre... afectaciones a la calidad del agua, afectaciones causadas a las aguas subterráneas con la construcción de los túneles”.

“La empresa no hace referencia, ni identifica el número de predios a intervenir con el desarrollo del proyecto, además no ubica las veredas que ocupan, lo cual no permite identificar el tipo y magnitud de las impactos a generarse en el área de impacto directo”.

“721 de los 1.678 (43,09%) hogares susceptibles de ser reasentados, presentan un nivel de vulnerabilidad alto, 892 (53,29%) presentan vulnerabilidad media, frente a 65 hogares (3,8%) con vulnerabilidad baja”.

“En relación con la actividad económica de pesca artesanal en el área de influencia del Proyecto Cañafisto, la empresa señala que dicha actividad se desarrolla de manera complementaria con otras actividades económicas, principalmente con el barequeo y los jornales sobre todo en los extensos cultivos de cítricos y frutales, siendo una actividad económica de subsistencia; sin embargo, de acuerdo a lo observado durante la visita de evaluación y las entrevistas realizadas a lo largo del área del proyecto, se identificó como una de las principales inquietudes de las comunidades la movilidad de los pescadores a lo largo del río para realizar dicha actividad”.

El proyecto inundaría una zona protegida: “En el área de influencia directa se localiza la Reserva de Recursos Naturales de la Zona Ribereña del Río Cauca, declarada por CORANTIOQUIA. Esta reserva comprende una franja de 1 km de ancho a cada lado del eje longitudinal del río Cauca, desde la desembocadura del río Arquía hasta la desembocadura del río Nechí; por lo que interviene la jurisdicción municipal de los 16 municipios sobre los cuales se plantea la intervención por el Proyecto Cañafisto: Betulia, Concordia, Titiribí, Venecia, Salgar, Tarso, Fredonia, Jericó, Támesis, La Pintada, 0laya, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán, Anzá, Ebéjico y Armenia Mantequilla”.

La empresa hace una valoración de “beneficios” económicos para la población afectada con el proyecto, pero la ANLA argumenta: “Con base en las consideraciones de esta Autoridad sobre la valoración de beneficios y costos ambientales no es posible aceptar el flujo económico presentado por la Empresa, el cual hace evidente la inviabilidad económica ambiental del proyecto debido a la carencia do información técnica confiable que respalde los datos sobre los cuales se soportó el análisis costo-beneficio”, y agrega como una de las razones “los hallazgos del grupo evaluador de esta Autoridad durante el trabajo de campo advierten desconocimiento por parte de la comunidad de aspectos sensibles del proyecto”.

“De igual manera, durante las entrevistas realizadas a los funcionarios de las alcaldías municipales, se evidenció que las autoridades municipales no tienen conocimiento sobre la existencia de los criterios de elegibilidad y las implicaciones que ellos tendrían sobre las posibilidades de un importante porcentaje de la población a afectar”.

Lo que somos y podemos perder

EDITORIAL

La disgregación del Suroeste es una debilidad compartida entre los municipios que componen la subregión antioqueña. Debilidad frente a los planes del gobierno nacional que basa su política económica en un ideal de globalización, donde algunos países condicionan sus economías para que la riqueza de las multinacionales y el nivel adquisitivo de los habitantes de otros países sean tan altos que permitan incluso el derroche en un mundo pleno de necesidades. Sobra decir en cuál grupo de países se encuentra el nuestro.

Debilidad también frente a la dimensión del poder económico, político y cultural que ejerce el área metropolitana sobre nuestros pueblos. Las universidades, los centros hospitalarios, las ofertas culturales, la industria, el gran comercio, las comunicaciones, los negocios y las decisiones políticas están allí, concentradas y dispuestas inequitativamente.

Debilidad ante nuestras propias mezquindades y torpezas. Mezquindad cuando, pudiendo hacerlo, no favorecemos al campesino; egoísmo, cuando enceguecidos por una propaganda sin fundamento y plagada de odio y oportunismo, cerramos la puerta y el corazón para que cesen los asesinatos entre colombianos, el desplazamiento de millones de familias campesinas, el secuestro, el reclutamiento de menores y la desaparición de seres queridos.

Torpeza es desperdiciar nuestras potencialidades y recursos disponiéndolos al servicio del capital y la avaricia extranjera, es desconocer lo que hemos construido, a pesar de las dificultades, o gracias a ellas, para abrazar los ideales que nos encadenan en procesos destructores de la naturaleza, como si el ideal fuera vivir en un mundo contaminado, voraz, atiborrado de cosas superfluas que nos angustian por carecer de ellas.

En el Suroeste persiste una identidad cultural agonizante, pues como señala el alcalde de Támesis en la entrevista que incluimos en la presente edición: “Si no invertimos la tendencia de despoblamiento rural, en unos 25 o 30 años no tendríamos más campesinos”, es decir, estamos expuestos a perder la base de nuestra identidad que es la vida campesina y pueblerina.

¿Cómo, entonces, medio millón aproximado de habitantes del Suroeste, hijos de una historia campesina, cafetera y agropecuaria al occidente del Cauca, carbonífera y agropecuaria al oriente, retomamos el curso de nuestro destino que cedimos en la vana ilusión del dinero fácil que prometía el tráfico de desengaños y tropelías, o que escondimos y olvidamos junto al orgullo por la honestidad y la franqueza mortalmente amenazadas por la prepotencia de las armas, o que entregamos a cambio de migajas y floridas promesas de quienes, conociendo nosotros sus fechorías, cada cuatro años enarbolan falsas banderas de paternalismo, cambio y transparencia?

No encontramos mejor opción que unir, integrar, lo mejor de todos nosotros, nuestra voluntad y tesón, nuestra franqueza y humildad, para encarar lo que somos, en lo que estamos y lo que podemos perder si no nos decidimos a ganar. ¿Ganar qué? Ganar lo que nos quieren quitar: el agua para las minas, las hidroelectrícas y la especulación bancaria, las tierras para los pinos, para las parcelaciones, el alma para brindarnos el consumo de carajadas, lo que somos para ser nadie entre multitud de nadies.

Reconstruyamos lo que nos permite ser dignos: ser campesinos suroestanos.

Pequeñas centrales hidroeléctricas en el Suroeste

Por: Jaime Arbelaez Restrepo

“La energía hidráulica se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de rotación de ruedas hidráulicas o turbinas que se transmite a un generador eléctrico, éste produce energía eléctrica llamada Energía Hidráulica, y el sitio de dónde se obtiene, Central Hidroeléctrica

La presencia de centrales hidroeléctricas, las cuales a pesar de ser “en cierto sentido” conservadoras del medio ambiente, producen grandes cambios en los ríos, tanto en sus cauces como en todo su entorno.

En las primeras fases de desarrollo de las centrales, es decir, de su construcción y en su proceso de establecimiento, se comienzan a intervenir los bosques y los causes haciendo vías de acceso más apropiadas para el traslado de materiales, lo que representa habitualmente un número significativo de tala arbórea, desvíos y modificaciones del curso del río, y en definitiva, un cambio brusco de todo el entorno natural.

Las consecuencias de la construcción quedan a la vista, y no se necesita la ayuda de un experto para poder observar los grandes cambios que sufre y que sufrirá un río a causa de un proyecto de explotación energética de este tipo. 

Centrales a filo de agua: Centrales a filo de agua servida, también denominadas centrales de agua fluyente o de pasada, utilizan parte del flujo de un río para generar energía eléctrica. Operan en forma continua porque no tienen capacidad para almacenar agua, no disponen de embalse. Aprovechan el agua disponible en el momento, según la capacidad instalada. En estos casos las turbinas pueden ser de eje vertical, cuando el río tiene una pendiente fuerte u horizontal cuando la pendiente del río es baja”. [Universidad de Oriente, Venezuela]

De lo anterior se desprende entonces que una central hidroeléctrica a filo de agua puede ser una obra sumamente sencilla y poco costosa ante otras posibilidades. 

La Mesa Ambiental de Andes, MEAMA, entiende que la energía hidráulica es la menos contaminante ambientalmente y guardamos algunas reservas en cuanto a sus localizaciones y equilibrio social.

Localización: Se debe tener en cuenta fundamentalmente que aguas arriba o aguas abajo del sitio de captación no se encuentren “bocatomas” que surtan acueductos comunitarios, canales que permitan el movimiento de maquinarias destinadas al beneficio de productos agrícolas, tales las “pelton” para el beneficio del  café o la caña panelera; observar si los azud o diques interrumpen el ciclo reproductivo de los peces u otras especies faunísticas y finalmente, cómo se afectará el cauce de la fuente, entre la localización del sitio de captación y el punto de vertimiento, al quedar únicamente con el caudal ecológico.

Estas observaciones se hacen porque, si bien es cierto, que nuestra legislación habla de “prioridad al consumo humano”, no es menos cierto que también existe legislación en favor de los privados, generando conflictos sociales, conflictos que generalmente se resuelven en favor de los particulares, pues ya, “el bien común no prima sobre el bien particular” por aquello de “Proyectos de Utilidad Pública e Interés Nacional”; miren por qué:

Desequilibrio social: Las nuevas disposiciones privatizadoras les han brindado toda clase de “gabelas” a los inversionistas privados.

Como se vislumbraba desde hace algunos años y se puede constatar ahora, las grandes crisis de la humanidad están fundamentadas en el agua y la energía, es decir, la riqueza se sustenta en estos dos elementos, por lo tanto, los inversionistas tenían que buscar la manera de que la plata les llegue de una manera fácil y segura a los monopolios, para ello se inventaron los “incentivos a la generación de energía” y legislaron de esta manera:

Decreto No. 1541 de julio 28 de 1978: Artículo 37°.- El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 122 de este Decreto.

Artículo 122°.- En casos de producirse escasez critica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El presente Artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos.

¿Quién nos garantiza entonces que un acueducto comunitario no será sometido a racionamientos?

Exigibilidad de la licencia ambiental. Decreto No. 1220 del 21 de abril de 2005: 

Artículo 7º. Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del presente decreto.

Artículo 8º. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:

3. En el sector eléctrico:

a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 10 MW (megavatios) y menor de 100 MW.

Es decir, las hidroeléctricas con capacidad menor a 10 MW no requieren licencia ambiental; pero no es todo. 

Transferencias del sector eléctrico. La Ley 1450 de 2011 determina que el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993 quedará así:

Artículo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios (10 MW), transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente:

1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto.

2. El 3% para los municipios y distritos localizado en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera:

a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos a las que trata el literal siguiente;

b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentran en el embalse;

Por lo tanto, las hidroeléctricas con capacidad instalada de 10 o menos MW no solo quedan exentas de invertir el 1% de su valor en las microcuencas de donde se capta el agua, sino, que además, no están obligadas al pago de las transferencias que se mencionan el Artículo 45, en un claro detrimento patrimonial de las Corporaciones Autónomas y de los municipios.

Es claro, entonces, que este tipo de centrales hidroeléctricas es una dádiva del gobierno nacional a los inversionistas privados, pues el gobierno ha declarado “de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales”, obligando a los departamentos y municipios a dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos para adquirir zonas de conservación de las fuentes hídricas.

Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los operadores comunales de los acueductos rurales sobre peligro de privatización de estos sistemas, política disimulada en los Planes Departamentales de Agua y ahora concebidos como Plan de Regionalización de Acueductos Rurales bajo la dirección del Departamento de Antioquia.

Conclusión: Si bien la producción de energía hidráulica es la más amigable con el medio ambientes, se debe hacer una valoración de costo - beneficio, valoración en la que deben de participar las comunidades comprometidas.

En cuanto a las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua menores de 10 MW, es necesario que se le financie en un alto porcentaje la construcción a los municipios para que sean sus directos administradores, o en su defecto, que los particulares no estén exentos del pago de transferencia e inversión del 1% en las microcuencas, pues no es justo que los municipios, las corporaciones y los ciudadanos compren las tierras para conservación y protección del patrimonio hídrico para que posteriormente unos parásitos se enriquezcan sin ningún esfuerzo, y repito, después de sopesar los posibles perjuicios ambientales.

SUPLEMENTO: El Suroeste como parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano

Finca cafetera, Jericó.

Los municipios cafeteros del Suroeste originaron y comparten los valores excepcionales del Paisaje Cultural CafeteroColombiano -PCC:

1.  Esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad.

2.  Cultura cafetera para el mundo.

3.  Capital social estratégico constituido alrededor de una institucionalidad cafetera.

  

4.  Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto.

Estos valores llevaron a que 51 municipios de la zona central cafetera fueran seleccionados por la UNESCO por constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat humano tradicional representativo de una cultura que se ha vuelto vulnerable por efecto de cambios irreversibles. Y porque está materialmente asociado con tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tienen una importancia universal excepcional. 

Los objetivos de la declaratoria fueron los de valorar la cultura cafetera y contribuir a su conservación, sostenibilidad, integralidad y autenticidad; fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social; reconocer la belleza escénica; estimular las actividades productivas de la comunidad para la continuidad de la caficultura; consolidar la denominación de origen del café de Colombia; e incidir en los programas de protección de la biodiversidad, el agua y el uso racional del suelo.  

La declaratoria de PCC permite que se articulen esfuerzos en el nivel internacional para su cuidado y protección. Sirve para diseñar medidas e implementar proyectos que garanticen la protección, la conservación y revitalización de un patrimonio cultural de valor excepcional. 

Durante la elaboración de la propuesta para la UNESCO el departamento de Antioquia se marginó del proceso. Por ello los municipios de la zona cafetera del Suroeste, a pesar de ser el núcleo originario de la cultura cafetera y de formar un continuum geográfico, económico, social y cultural con la zona central cafetera,  quedaron por fuera del PCCC.  

Por las anteriores consideraciones actores sociales y políticos del Suroeste reunidos en Jericó expresan la voluntad de que los municipios cafeteros que forman la subregión sean incorporados al PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO y se extienda con ellos el área declarada PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. La propuesta es hacer un esfuerzo porque el Comité de Patrimonio Cultural de la UNESCO amplíe el área del PCCC a municipios localizados en el Suroeste Antioqueño. 

Ese Paisaje Cultural Cafetero ampliado debe incorporar la economía del cuidado como de vital importancia para la economía cafetera. Requiere, además, una institucionalidad responsable frente a las problemáticas de las mujeres: violencias de género, derechos laborales de las mujeres y la garantía de la participación real de las mujeres en los espacios de toma de decisión sobre la producción y beneficios del café. Y requiere también procesos de formación en Derechos Humanos y mecanismos de exigibilidad con enfoque diferencial. 

Se propone al Gobernador de Antioquia: primero promover la organización institucional adecuada para producir el dossier con la información que exige la UNESCO para tomar la decisión y segundo hacer la gestión necesaria ante el Ministerio de Cultura para que la solicitud sea elevada a la dependencia respectiva de la UNESCO. 

Se le solicita a la Dirección de Cultura y Patrimonio de Antioquia que incorpore al Plan Departamental de Cultura y Patrimonio como uno de sus ejes de actuación la incorporación del Suroeste al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.

Jericó, marzo de 2016

INTEGRACIÓN Nro. 1

INTEGRACIÓN Nro. 1 pdf

Suroeste Antioqueño, febrero 15 de 2016

                                                                   Editorial

           Integración

Un grupo de ciudadanos residentes en el Suroeste Antioqueño, conscientes de las transformaciones que traerán proyectos nacionales en la región, nos hemos propuesto abrir este espacio periodístico mensual de análisis y debate, que contribuya a entender las dinámicas que ya inciden en la cotidianidad de cada municipio, y que son la base sobre la cual se enrutará el Suroeste.

No sólo son los mega proyectos, como la construcción de las autopistas que nos conectarán en tiempos reducidos con Medellín y otras capitales departamentales, o el nuevo represamiento del río Cauca que pretende construir la ahora extranjera ISAGEN, desde el municipio de Anzá hasta cercanías de La Pintada, con el consiguiente desplazamiento poblacional en Bolombolo, Peñalisa, Puente Iglesias, entre otros, o la presencia de empresas multinacionales mineras en todo el territorio donde se aprestan a la explotación de cobre, oro, y otros minerales, como sucede en Jericó, Támesis y Caramanta, o las extensas plantaciones de pinos y eucaliptos, la proliferación de invernaderos, las centrales hidroeléctricas y demás producciones que afectan profunda e irreversiblemente los suelos, el agua, el aire y la vida social.

El proceso de negociación entre el Gobierno nacional y el movimiento guerrillero que se adelanta en La Habana con las FARC y pronto con el ELN en otro lugar aún no determinado, nos pone, como a toda la nación, ante la disyuntiva de terminar  o continuar la guerra entre colombianos, cuyas víctimas son casi exclusivamente campesinos obligados por la imposición de las armas, de las leyes o de la pobreza, a engrosar las fuerzas militares legales o ilegales. Sea el establecimiento de acuerdos para terminar el enfrentamiento armado, o sea la persistencia de la guerra, estamos llamados a discutir con argumentos, con la debida información y con la necesaria generosidad para que Colombia y el Suroeste opten por el camino de la dignidad humana, de la equidad, de justicia, de respeto a la opinión ajena, de protección de la vida, de la naturaleza, del sueño humano de paz, armonía, felicidad.

Son estos algunos de los factores que marcarán la marcha de futuro inmediato de la región y de toda Colombia. Municipios como los nuestros, pequeños, casi aislados entre sí, dependientes de Bogotá y del centro metropolitano antioqueño que controlan las inversiones y ofrecen los servicios a los ciudadanos, dependientes también de la agricultura y producciones artesanales que no son prioridad económica ni social del Gobierno nacional, son débiles para resistir a las afectaciones que causará en el territorio el avance de las decisiones tomadas desde los centros gubernativos y económicos orientados por el poder del capital internacional.

La alternativa es, por tanto, la integración regional. Las características y necesidades comunes deben ser el acicate para mirarnos y unirnos como un cuerpo territorial cuyas gentes y líderes buscan conservar el patrimonio natural y cultural, la vida pueblerina, campesina, indígena, la paz y el bienestar para todos.