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9 de mayo de 2016

Integración territorial (II)

Por: Nelson Enrique Restrepo Ramírez


En el primer número del periódico Integración, presenté algunos elementos generales sobre la integración territorial; en la presente edición comparto con los lectores del Suroeste el debate que ha abierto la propuesta de crear una área metropolitana en el oriente antioqueño.  

El gobernador de Antioquia, por solicitud de algunos alcaldes del oriente cercano a Medellín (Rionegro, El Retiro, La Ceja, Guarne) y la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño, ha decido liderar la propuesta de crear una área metropolitana para el oriente antioqueño. 

Esta aspiración viene desde mediados de la década de 2000, cuando “La Tertulia de la Glorieta” próxima al aeropuerto de Rionegro (donde participaron líderes regionales del actual Centro Democrático incluyendo su líder), se propuso reformar la ley de áreas metropolitanas (Ley 128 de 1994) para eliminar el requisito de conurbación en la definición de los hechos metropolitanos; este propósito se consiguió con la Ley 1625 de 2013 de áreas metropolitanas, la cual dijo que son las interacciones económicas, sociales, institucionales, tecnológicas, ambientales las que definen tales hechos. 

En la medida que el oriente antioqueño ha sido una de las subregiones de Antioquia con mayor tradición en propuestas de autonomía, organización y ordenación territorial para la totalidad de los 23 municipios y donde se ha destacado la propuesta de provincia administrativa y de planificación reconocida por la Constitución y la Ley 1454 de 2011 orgánica de ordenamiento territorial, la propuesta metropolitana abrió el debate sobre la necesidad de profundizar la integración territorial, la construcción social del territorio, la cohesión territorial, la superación de desequilibrios e inequidades territoriales, aumentar la competitividad territorial, a través de una institucionalidad pública supramunicipal. 

Es un debate porque consideramos quienes impulsamos la provincia, que la figura metropolitana es pertinente para atender las necesidades del sistema de pequeñas ciudades del oriente cercano en temas de ordenación territorial, conectividad vial, servicios públicos, pero no se adecúa a las realidades y aspiraciones de los demás municipios del oriente lejano esencialmente rurales, inmensamente biodiversos, sobre los cuales es forzado establecer un hecho metropolitano que no existe ni es adecuado promover.   

Como el oriente antioqueño ha estado cohesionado en las últimas décadas, organizado en el nivel subregional, provincial, demandando compensaciones por el uso de sus recursos naturales en la generación de energía (en el oriente se genera 35% de la energía que consume Colombia), cohesionado a través de su Laboratorio de Paz ante la crisis humanitaria que le impusieron los actores armados, organizado a escala subregional a través de las organizaciones sociales y públicas (Asociación de mujeres, de víctimas, de concejales, de personeros municipales, Asamblea Provincial Constituyente, Proceso Estratégico Regional, entre otros) para construir gobernanza territorial de escala subregional, es lógica la preocupación por que una figura urbana, divida el oriente o se imponga sobre él desde la centralidad metropolitana. Como atentar contra esta construcción social, histórica y política es grave, se propone un área metropolitana para los 23 municipios como una estrategia política para evitar distractores, estrategia que muy seguramente no funcione cuando se consideren los criterios técnicos y territoriales.

Llama la atención que la figura de área metropolitana para municipios rurales, dicha por el gobernador, se base en la necesidad de adecuarse a las nuevas realidades que plantean los megaproyectos de las autopistas 4G, el aprovechamiento de las riquezas de los territorios para integrarse a los mercados globales, y no se base en la superación de las inequidades territoriales o la construcción de la paz territorial. Esto confirma la regla de juego de la dirigencia antioqueña que siempre ha puesto por encima de la responsabilidad con los desprotegidos y marginados, la racionalidad económica hoy llamada competitividad territorial.  

Con el predominio de criterios de competitividad y considerando que el suroeste será la subregión de Antioquia más impactada por las autopistas 4G, no sería de extrañar que en el corto plazo también se proponga una figura metropolitana para esta subregión. Siguiendo estos criterios, como lo dijo el director de Conciudadanía en la columna de Inforiente del 01 de mayo de 2016, podrían entonces cambiarse las subregiones por áreas metropolitanas. Y la verdad es que ante la increíble debilidad de los gobiernos locales para ejercer su autonomía territorial, la falta de comprensión de estos temas por parte de los políticos locales y la ciudadanía, y la contundencia del poder del centro urbano, ello podría suceder. Están jugando a los dados con las “cartas territoriales”. 



14 de abril de 2016

Infaltables ambientales en los planes de desarrollo municipales 2016 – 2019

Por: Nelson E. Restrepo Ramírez






Los infaltables ambientales son mínimas exigencias legales y obligaciones para los Planes de Desarrollo Municipales 2016 – 2019 que expresan la necesidad de que los gobernantes cumplan las leyes ambientales en aspectos prioritarios para la ciudadanía. 

Estos mínimos fueron elaborados en el marco del convenio firmado entre Conciudadanía y Corantioquia en 2015, herramienta usada por las mesas ambientales para incidir en los Programas de Gobierno de los candidatos en 2015 y los Planes de Desarrollo actualmente en formulación.

1. Destinación de mínimo el uno por ciento (1%) de los recursos corrientes del presupuesto anual, a la compra de predios para la protección de las cuencas abastecedoras de acueductos o al pago por servicios ambientales, en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993 ley del medio ambiente (modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, reglamentado por el decreto 0953 de 2013).  

2. Revisión de corto plazo (obligatoria para todos los municipios) y revisión de largo plazo (para los municipios que no lo han realizado) del Plan o Esquema de Ordenamiento territorial, en el que se reconozca las áreas protegidas con incidencia en el territorio municipal, se adopte la vocación económica del territorio, se definan los usos del suelo urbano y rural, se reconozcan las fuentes de agua como bienes de interés público, entre otros, en coherencia con el artículo 10 de la ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial, el decreto nacional 2201 de 2003 de los determinantes de los planes de ordenamiento territorial. 

3. Instalación y puesta en marcha o fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM), como lo ordenan las leyes 99 de 1993 ley del medio ambiente y ley 115 de 1994 ley de educación.  

4. Dar apoyo a la mesa ambiental municipal para su fortalecimiento interno; brindar apoyo económico, logístico, técnico al desarrollo de sus actividades municipales; en cumplimiento de la ordenanza  58 de 2014 de la Red Departamental de Mesas Ambientales.

5. Ejercer las competencias de autoridad de planeación y de policía frente a: actividades ilegales en el territorio incluyendo a la minería ilegal, actividades agropecuarias e industriales que estén en contravía el ordenamiento territorial, la vocación económica y las normas ambientales, en coherencia con las leyes 388 de 1997 de ordenamiento territorial, las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 que modernizan la organización y funcionamiento de los municipios.   

6. Actualización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGRIS donde se incorporen estrategias de separación en la fuente, recolección de residuos sólidos en zonas rurales, gestión responsable del relleno sanitario, en cumplimiento de la resolución 0754 de 2014 de los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible.

7. Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y definición de estrategias de adaptación al cambio climático, en cumplimiento de la ley 1523 de 2012 de la política nacional de gestión del riesgo de desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; con especial énfasis en la reubicación de población en zonas de alto riesgo, construcción de obras de infraestructura física para mitigar riesgos de inundación, impactos de avenidas torrenciales (avalanchas) como las sucedidas en La Liboriana en Salgar. 

8. Conformar y poner en funcionamiento la Junta Municipal Defensora de Animales, en cumplimiento de la ley 5 de 1972, y la ordenanza 61 de 2014 de la política pública de bienestar animal en Antioquia.

Nota: En la edición número 2 de Integración, en el artículo sobre el proyecto Gestión comunitaria del agua en municipios del Suroeste, se dijo que “la Corporación Penca de Sábila es entidad asesora para el acompañamiento a los acueductos comunitarios”. Conciudadanía y el autor, aclaran que Penca de Sábila no es entidad asesora en el marco de este proyecto; así mismo, aclaramos que el Cinturón Occidental Ambiental COA acompaña el proyecto en lo local y no lo “lidera” como también fue expresado en dicho artículo. Ofrecemos disculpas por estas menciones imprecisas.



14 de marzo de 2016

Gestión comunitaria del agua en municipios del Suroeste


Está en marcha el proyecto Gestión comunitaria del agua en municipios del suroeste antioqueño, fase 1. Se realiza en Caramanta, Támesis, Jericó, Pueblorrico, Fredonia y Montebello, territorios con presiones y aumento de demandas de agua, y donde existen iniciativas y procesos de defensa del territorio por parte de actores locales y subregionales. El proyecto está dirigido a acueductos comunitarios (veredales, multiveredales), a comités de acueductos de Juntas de Acción Comunal, y a Comités del Agua, pertenecientes a algunas veredas de estos municipios. 


Acueductos de Caramanta
El proyecto se propone varios asuntos: i) caracterizar 65 nacimientos de agua, que consiste en identificar si los nacimientos tienen o no vegetación protectora, si hay presencia de agentes y actores contaminantes, si están cercados, alinderados, la cantidad de agua en los últimos días del “fenómeno del niño”; en aquellos casos donde se identifiquen problemas de estos tipos, acompañaremos a la comunidad local para mejorar sus condiciones; ii) gestionar ante Corantioquia 65 concesiones de agua (nuevas o renovadas) en estos nacimientos, que beneficien a estos actores comunitarios; iii) fortalecer los componentes internos, organizativos de los acueductos y organizaciones vinculadas; iv) incidir con propuestas de gestión comunitaria del agua y defensa del territorio en los Planes de Desarrollo Municipales 2016-2019 y los Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial; y v) fortalecer un actor social subregional con competencias técnicas y políticas para interlocutar con la institucionalidad pública sobre el agua y el territorio.  El proyecto tiene actividades previstas hasta octubre de 2017, con posibilidades de una segunda fase hasta 2019. 

Acueductos de Jericó


Esta estrategia es financiada por la Fundación Swissaid, está operada por Conciudadanía, la Fundación Aurelio Llano es socia y la Corporación Penca de Sábila es entidad asesora para el acompañamiento a los acueductos comunitarios. En el nivel municipal, el proyecto es liderado por el Cinturón Occidental Ambiental COA, la Asociación Campesina de Caramanta ASAP, el Comité Zonal Alegrías y el corregimiento Sucre de Caramanta, los Jóvenes por la Defensa del Territorio JODETE de Caramanta y la Asamblea Constituyente de Caramanta; la Asociación Comunidad en Acción ACCA de Pueblorrico; la Asociación Manos Unidas Tierras Productivas de Fredonia; la Asociación de acueductos de Jericó Acojer, Acuebuga de Jericó, la Veeduría Ciudadana de Jericó, la Mesa Ambiental y Comité por el Futuro de Jericó; la Asociación de acueductos Acuatámesis, el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio CODEATE de Támesis, la Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores OMCE de Támesis y la Asocomunal de Montebello.


Acueductos de Támesis
En los eventos de socialización del proyecto en los municipios en el mes de febrero, se expresó apertura institucional de los gobiernos locales. El alcalde de Montebello, resaltó la coincidencia de este proyecto y las propuestas del Plan de Desarrollo en materia de estudio de las micro cuencas; el alcalde de Caramanta manifestó su interés de apoyar este tipo ideas, y de no cambiar la cultura campesina y los usos del suelo en el EOT; el alcalde de Jericó nos recordó su trayectoria comunitaria en Acuebuga y su interés de impulsar una política pública del agua en su municipio. 

Durante los próximos meses avanzaremos en la caracterización de las fuentes de agua, que será el insumo para la gestión comunitaria, la elaboración de propuestas para la incidencia en el ordenamiento territorial y en las herramientas de la gestión pública en estas materias. 

Nelson Enrique Restrepo Ramírez 
Coordinador del proyecto
Conciudadanía

14 de febrero de 2016

Integración Territorial


Colombia, uno de los países más desiguales del planeta, el único del hemisferio que aún mantiene un conflicto armado, se enfrenta al reto de integrar su territorio y la familia nacional. La construcción de la paz sostenible y duradera, la paz territorial, depende en buena medida de la capacidad que tengamos de integrar a los territorios rurales, lejanos, económicamente pobres y ambientalmente ricos, a las dinámicas de más o menos bienestar que se han consolidado en los centros urbanos – metropolitanos.

En el nivel metropolitano, enfrentamos el reto de integrar los territorios de las periferias urbanas, repletos de desplazados y víctimas provenientes de los territorios rurales afectados por el conflicto armado; integrar barrios y comunas pobres al bienestar que viven los habitantes educados, propietarios, con empleos formales de los demás barrios y comunas.

Para superar estas desigualdades, necesitamos integrar los territorios rurales, pobres y afectados por el conflicto armado, con los territorios hoy llamados competitivos por su dotación de infraestructuras colectivas; por la concentración de las actividades económicas; por la concentración de la población con la mayor calidad de vida, o lo que es igual concentración del capital humano; y la concentración y centralización de las instituciones y el presupuesto del Estado. Lazos largos se requieren para integrar unos con otros y superar sus desigualdades. 

Está demostrado hasta la saciedad que los municipios pequeños en población, pobres en términos de índices de calidad de vida, dependientes de los recursos de la nación, afectados por el conflicto armado, rurales dispersos con amplia riqueza natural, no están en capacidad de construir bienestar por sí solos, y por ello requieren de la solidaridad nacional en cabeza de las instituciones del Estado y de las contribuciones de los colombianos. Integrarlos requiere una de las siguientes estrategias: que los urbanos asumamos los costos económicos y políticos que implica esta integración, colaborando en los proyectos que los locales desde su autonomía decidan emprender; que los municipios pobres sean asociados con municipios y ciudades con mejores condiciones en esquemas de asociación donde se generen ayudas mutuas y se compensen servicios, cargas y beneficios; darles total autonomía territorial para que aprovechen su riqueza natural a favor de resolver sus necesidades y sus aspiraciones. 

Para construir la paz territorial enfrentamos el reto de integrar los desiguales; si la paz territorial no asume la superación de la inequidad territorial como su principal reto, no acertará. Reto realmente difícil para el gobierno y los sectores de la sociedad que estamos de acuerdo con la paz territorial. Si a alguna gente le va a costar el SÍ en el tarjetón de la paz con las Farc, mucho más le va a molestar los costos de la paz territorial, los impuestos al patrimonio, la renta y el consumo, que serán necesarios para costear el postconflicto. Ofenderá a los grandes propietarios la superación de las desigualdades y mandarán a amenazar los que se creen dueños de las tierras despojadas y los recursos minerales. En cualquier caso, la mayoría de los colombianos que enfrentamos con responsabilidad el reto de construir la paz por medio de una sociedad igualitaria e integrada, deberemos dar este debate realista.

Nelson Enrique Restrepo Ramírez