Suroeste Antioqueño, junio 15 de 2016
Elemental, Camilo Barrios
11 de junio de 2016
Un acto de responsabilidad
EDITORIAL
Después de los reiterados intentos de terminar el enfrentamiento armado que sufrimos en Colombia desde el asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, hoy se está fraguando ante nosotros la posibilidad real de empezar a construir un país que pueda resolver sus conflictos por las vías del debate de los argumentos y no de las armas.
Es cómodo para algunos exigir penas drásticas para los autores de los crímenes de guerra; para quienes han sido desplazados de sus tierras, que son millones de colombianos pobres, trabajadores sin empleo ni futuro, para quienes han perdido sus familiares y pueden ellos mismos perder su vida, es urgente, es indispensable la terminación del enfrentamiento armado y que se inicie el tránsito a la reparación y a las posibilidades para una existencia sin miedo, sin amenazas, una vida donde la dignidad no sea una mera palabra.
Y también para los otros millones de colombianos, víctimas indirectas de la guerra que ha postrado este país para que se enriquezcan algunos con la corrupción, el tráfico de armas, drogas, gentes, la usurpación de tierras, la entrega del patrimonio natural, para todos nosotros, es urgente y justo tener la alternativa de un país que garantice no solo el respeto a la vida, también a una sociedad solidaria con dirigentes idóneos, honestos, unos líderes que no sean la vergüenza pública.
Una forma cruel de continuar esta guerra es cerrarle el paso a los acuerdos que están a punto de concluir en La Habana. Reclaman que no haya impunidad, que haya sanciones para todos los responsables de las muchas atrocidades cometidas; pues bien, empecemos con el señor Presidente de la República que como Ministro de las fuerzas militares de Colombia de entonces fue responsable de los más de tres mil falsos positivos con que fueron asesinadas personas inocentes para hacerlas aparecer como bajas de las guerrillas; y no sólo él, su jefe inmediato, el entonces Presidente de Colombia; y los altos mandos militares y los jefes guerrilleros, y los grandes finqueros, industriales y comerciantes que patrocinaron los paramilitares, y los pequeños finqueros que apoyaron la guerrilla voluntariamente o por miedo a morir, los congresistas que no hicieron nada para evitar la tragedia y los congresistas que se involucraron directamente en el horror, y los alcaldes y los periodistas que favorecieron unos u otros grupos, y los mandos medios del ejercito, la policía, la armada, la guerrilla, los paras, y usted lector que no hizo nada o estuvo de acuerdo y yo que tampoco hice nada a pesar de no estar de acuerdo.
Decir que el Presidente Santos, el hijo de la oligarquía más rancia de este país, el ministro de todos los presidentes, es comunista al servicio de las Farc, pareciera un chiste, pero en realidad es una desinformación malintencionada para tratar de justificar la continuación de la guerra. Que el gobierno le está entregando el país a las Farc, es otro engaño, ahí están los acuerdos, en este periódico los hemos presentado.
No es aceptable que al horror de sesenta años de miles de muertos, desparecidos, mutilados, millones de desplazados, de una sociedad señalada como la segunda más injusta del mundo, no quiera silenciar las armas, no quiera darse la oportunidad de salir del horror. Sabemos que la verdadera paz se construirá paso a paso durante una larga jornada, pues el daño que tenemos en nuestra alma es muy, pero muy profundo. De lo que se trata ahora es de dar el primer paso: terminar el enfrentamiento armado.
Un país que sacrifica su gente, su patrimonio y su futuro
Por: Fernando Jaramillo
Es este contexto de lucha por la propiedad de la tierra que debemos tomar en cuenta a la hora de referirnos a los paros agrarios de los últimos años en Colombia y, en general, a los conflictos sociales de este país.
No es reciente en Colombia el lamentable sacrificio de su gente, ni de su patrimonio. Desde los habitantes precolombinos de estas tierras, despojados con violencia y engaños de sus culturas, lenguas, religiones, del sentido de colectividad y las relaciones armoniosas con la naturaleza, hasta hoy, con multitud de jóvenes cuyo arraigo es la pertenencia o el sometimiento a grupos armados, generación tras generación hemos recorrido un camino que deja tras de sí un rastro casi infinito de gentes vencidas, sueños arruinados, derechos negados, rabias, odios y venganzas acumuladas.
El eje por el cual ha transitado este largo encadenamiento de pérdidas humanas, es la disputa por la posesión de la tierra. En primer lugar, al negarles los invasores a los indígenas identidad como personas, no les dejaron ninguna opción de propiedad; sin embargo, fue necesario garantizar la supervivencia de algunas tribus agricultoras que proveyeran de alimentos y por ello la corona española concedió “la gracia” a los indígenas de vivir y cultivar en resguardos. Pero con el paso de los años, se incrementó el acaparamiento de tierras por algunas familias gobernantes en las distintas regiones colombianas, lo que condujo a apropiación de predios integrantes de los resguardos, originando una lucha que se mantiene en el presente entre comunidades ancestrales que reclaman la totalidad de las tierras asignadas en los resguardos y terratenientes que se niegan a devolverlas a sus legítimos dueños. Es el caso de las comunidades Nasa que en el norte del departamento del Cauca están reclamando los terrenos que hoy el Estado y sus fuerzas armadas defienden para los usurpadores.
No han sido únicamente los indígenas a quienes se ha negado el derecho a la propiedad de la tierra. También los pueblos negros que tradicionalmente han ocupado terrenos aprovechados colectivamente y otros agricultores, vienen luchando hace generaciones por el reconocimiento del derecho a la propiedad de la tierra que han cultivado en predios de la nación, o que han comprado y les han expropiado durante las frecuentes épocas de violencia sufridas en nuestro país.
El acaparamiento de tierras por las familias dominantes del país, por los terratenientes tradicionales o nuevos surgidos en las diferentes épocas de violencia rural colombiana, ha llevado a que los agricultores se vean desplazados hacia nuevos baldíos para instalarse en ellos con actividades productivas muchas veces ilegales y de alto impacto ambiental. Pero también a estos lugares llegan grupos armados que controlan los comercios y procesos económicos ilícitos, imponen sus mandatos arbitrarios y, no pocas veces con la complicidad de agentes del Estado, se adueñan provisionalmente de las tierras que terminan engrosando los latifundios ya establecidos.
PARO NACIONAL AGRARIO
Foto: Santiago Mesa, pacifista.co
Es este contexto de lucha por la propiedad de la tierra que debemos tomar en cuenta a la hora de referirnos a los paros agrarios de los últimos años en Colombia y, en general, a los conflictos sociales de este país.
De forma similar como algunos agentes políticos niegan la existencia de los conflictos sociales armados en Colombia, hay quienes rechazan la usurpación de la propiedad rural como origen de los enfrentamientos de los campesinos con las fuerzas del Estado y de paso justifican el despojo y la represión de las legítimas aspiraciones campesinas e indígenas señalándolas como acciones delictivas de origen terrorista, tal como lo hacen los medios de desinformación oficial y destacados miembros del gobierno nacional.
Además de la expropiación y la negación de los derechos de las comunidades rurales, otros factores han movilizado al campesinado por la defensa de sus intereses: los altos costos de insumos agrícolas, los bajos precios de sus productos y las dificultades de acceso a los mercados con el agravante del abuso de los intermediarios, el ingreso masivo de alimentos importados como resultado vergonzoso de los Tratados de Libre Comercio y el establecimiento de economías extractivistas que concentran grandes extensiones territoriales, con el consiguiente desplazamiento poblacional rural, para las explotaciones mineras y petroleras, construcciones de grandes centrales hidroeléctricas, plantaciones madereras y de biocombustible.
En febrero de 2013 los caficultores se movilizaron en las distintas zonas cafeteras en exigencia de mejores condiciones económicas para su trabajo y en agosto del mismo año se inició el paro nacional agrario en demanda de: 1) Implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 2) Acceso a la propiedad de la tierra. 3) Reconocimiento a la territorialidad campesina. 4)Participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 5) Adopción de medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y 6) Inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
El gobierno central llegó a varios compromisos para satisfacer el pedido de los cafeteros y los campesinos en paro nacional que demostraron firmeza en su movimiento, a pesar de la dura represión que produjo 12 campesinos asesinados, 485 heridos y varios desaparecidos, segun la revista Semana.
Hoy, junio de 2016, nuevamente el campesinado colombiano se ve obligado a realizar otro paro nacional y exponerse a los enfrentamientos con la fuerza armada del Estado que han ocasionado ya 3 indígenas muertos, pues según la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular el gobierno ha incumplido lo pactado en 2013: “El Gobierno nacional alega que ha cumplido y que no se explica por qué la Cumbre Agraria realiza esta jornada. Es cierto que sobre algunos de los compromisos hechos en los llamados acuerdos de confianza, algo se ha avanzado, sin que se pueda decir que se haya llegado ni siquiera al 50% de cumplimiento. Hay temas como el de la adjudicación de tierras, los proyectos de infraestructura y el tema de garantías y derechos humanos, en los cuales el avance es mínimo o casi nulo. Respecto a la línea de financiación a través del Fondo de Fomento Agropecuario, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir $250 mil millones durante la vigencia de 2014 de los cuales la Cumbre Agraria solo ha recibido 40%.
Igualmente se comprometió a garantizar que estos recursos respondieran al principio de anualidad, cosa que no se ha cumplido ya que para este año 2016 se están desembolsando apenas recursos del año fiscal de 2014 quedando en el aire la adjudicación de recursos de los dos años siguientes. En cuanto a las Cumbres de Paz solo el 30% de recursos se han desembolsado. Respecto al fortalecimiento organizativo, que es el monto más pequeño, se ha desembolsado la totalidad de lo acordado.
Sin embargo es muy importante que la opinión pública sepa que sobre los ocho temas de fondo, contenidos en el Pliego Único Nacional, después de tres años de haber iniciado la negociación, sobre ninguno de ellos hay ningún acuerdo y que solo en tres de ellos se han generado algunos intercambios de información y de propuesta, sin que exista ningún compromiso real de parte del Gobierno nacional de avanzar en algunas de las propuestas hechas por la Cumbre Agraria”. (Prensa rural)
Para nosotros en el Suroeste las peticiones campesinas e indígenas están en la ruta de lo que consideramos debe ser la conservación del patrimonio natural y cultural nuestro. El gobierno colombiano está guiado por una concepción desarrollista impulsada por el sistema económico mundial que tiene en peligro la existencia humana con el agotamiento de la naturaleza considerada como un recurso que debe sostener un crecimiento de la rentabilidad para la industria, el comercio y el gran capital, un sistema mundial que somete a ciertos países a la sobre explotación de su gente y su ambiente, como el caso colombiano entregado a las multinacionales por una clase política corrupta.
El futuro del Suroeste debe ser una elección de sus habitantes, decisión que debe nacer del conocimiento de nuestra historia y de nuestras posibilidades dentro de unas relaciones solidarias y no competitivas entre nosotros, de unos vínculos con la naturaleza fundados en el amor y el respeto por la madre tierra que supere el consumismo y la irresponsabilidad política, donde la paz sea una actitud permanente y no un simple eslogan que trata de esconder las complejidades de las injusticias cometidas contra la población más representativa de este país: los campesinos.
Decimos sí a los acuerdos de terminación del enfrentamiento armado y también sí en nuestros corazones a la paz con la naturaleza.
Deliberación
Por: Nelson Enrique Restrepo Ramírez
Foto: Internet
La tía, en medio de una reunión familiar me invita a tomar asiento a su lado, se corre haciéndome campo en el sofá y me pregunta:
- Hágame el favor y me explica: ¿Por qué el gobierno le va a pagar millón y medio a cada desmovilizado de las Farc? Yo no pondría un peso.
- Me parece muy bien que lo haga -respondo. Yo si lo pondría -apunté.
- Van a premiar delincuentes; qué ejemplo para los jóvenes -advierte.
- ¿Usted estaría de acuerdo en que mi prima tenga como novio a un desmovilizado? ¿Le daría trabajo en su casa a una desmovilizada? -le pregunto.
- ¿Y yo por qué lo tengo que hacer? ¡Qué lo haga el gobierno!
- El Estado intenta hacerlo, lo mismo hizo con las AUC usando los impuestos que pagamos usted y yo -le afirmo a la tía acomodándome en el sofá para mirarla a los ojos. Supongamos -continúo, que se trata de cien hombres y mujeres que fueron reclutados por la guerrilla cuando eran menores de edad, algunos están casados, tienen hijos, todos saben trabajar, pero nadie les da empleo, nadie les da espacio. ¿Qué alternativas tienes para ellos? ¿Robar? ¿Extorsionar? ¿Montar una oficina de sicarios? -pregunto levantando el tonito. El primo que estaba con nosotros, interviene:
- Es que la mayoría de ellos fueron obligados, o por venganza, o por falta de oportunidades se metieron en tremendo rollo, afirma el primo acompañando mis argumentos.
Les describo dos escenas que me han impactado en el trabajo con excombatientes: i) En una asamblea ciudadana en San Carlos, Antioquia, un desmovilizado de las AUC le pedía a la ciudadanía que no acudieran a él para resolver problemas de deudas y otros líos, que le ayudaran a salir de la ilegalidad y pasar a la civilidad. ii) Por allá en el 2009 un desmovilizado de las AUC desde Pereira advertía en una entrevista en la FM radio, que si nadie le ayudaba se pondría a robar, lo decía derrotado de haberlo intentado todo para tener un empleo.
- Es un problema muy jodido de esta sociedad de violentos y guerreros vinculados a guerrillas, paramilitares, bandas ilegales, combos, tanto violento y tanto ladrón -apunta el primo.
- ¿Entonces estarías de acuerdo que el novio de la prima sea un desmovilizado? -le insisto a la tía.
- No, prefiero poner la plata para que el gobierno le ayude -concluye y se levanta del sofá terminando la deliberación.
Deliberar es “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla y la razón o sinrazón de los votos antes de emitirlos. Resolver algo con premeditación” (RAE)
Deliberación “hace referencia a una cierta actitud propicia a la cooperación social, a saber, a esa disposición abierta a ser persuadido mediante razones relativas a las demandas de los otros tanto como a las propias” Habermas citando a Michelman.
El alcalde de Concordia
El abogado de la Corporación Universitaria de Sabaneta J. Emilio Valderrama, Diego Alejandro Restrepo Guerra, con sus 34 años fue elegido alcalde del municipio de Concordia luego de desempeñarse como secretario de gobierno de Ebéjico, Ciudad Bolívar y Concordia. Su candidatura tuvo el aval del Centro Democrátivo y el apoyo de otros partidos que lograron el 68% de los votos para la Alcaldía de Concordia.
¿Qué características principales tiene Concordia a las cuáles su Administración quiere responder de forma especial?
Concordia tiene muchas necesidades pero el principal enfoque lo daremos a la seguridad ciudadana haciendo un trabajo contra los expendedores de drogas y el microtráfico que ha sido tan fuerte y ha venido acabando socialmente nuestro municipio, desintegrando la familia concordiana; a la vez fomentaremos las oportunidades a través del deporte, la cultura, el esparcimiento, abriendo espacios para nuestras comunidades para alejarlos del consumo. Nosotros tratamos al expendedor como un delincuente, al consumidor como un enfermo.
El medio ambiente es para nosotros fundamental a través del fortalecimiento de nuestra Secretaría de agricultura y medio ambiente, de la aplicación del comparendo ambiental, de la revisión del Esquema de Ordenamiento Territorial para la protección ambiental en todos los sentidos. También es importante la protección de los animales frente al maltrato.
La infraestructura deportiva será para nosotros muy importante para que Concordia tenga unos escenarios deportivos mejores. Igualmente queremos mejorar la infraestructura de vías, de transitabilidad en uno de los municipios con mayor cantidad de vías terciarias del país.
Venimos mejorando la cobertura del servicio de restaurante escolar, vamos a llegar a los 700 estudiantes entre sexto y once atendidos con el restaurante y nos vamos a acoger a la jornada única según las directrices del gobierno nacional. La cobertura de atención a las personas de la tercera edad, está alcanzando el 30% de lo que va corrido de este año. Nuestro hospital es hoy un ejemplo, siendo de primer nivel no tiene nada que envidiarle a cualquier clínica de la ciudad de Medellín, un hospital que en materia de infraestructura está muy bonito. Trabajamos bajo el lema “salud con corazón” y “atención con corazón” para que nuestros campesinos se sientan bien atendidos. Hemos ampliado la consulta externa de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, creamos dos plazas más de médicos, en el corregimiento El Socorro tendremos médico dos días por semana a partir de julio de este año.
Concordia es un municipio muy tranquilo, invitamos a todos los suroestanos a visitarnos.
Concordia tiene una producción cafetera basada en plantaciones de extensión latifundista. ¿Cómo afecta esto a los pequeños y medianos caficultores?
En el componente de desarrollo agropecuario de nuestro Plan de Desarrollo Municipal tenemos el fortalecimiento del pequeño y mediano caficultor, porque el grande también lo vamos a fortalecer a través de mejores vías, mejor educación, a través de una mejor seguridad.
Tenemos que explicarle a nuestra comunidad la importancia de que a nuestro municipio no llegue la minería ilegal que tanta dificultades en materia social y económica puede causar; es un llamado desde Concordia, no es que estemos en contra de la ley, estamos en contra de que nuestras comunidades sean atropelladas por fenómenos ilegales que causan prostitución, que sigan atropellando como hoy hace el microtráfico en nuestro departamento a las familias, afectando las buenas costumbres y sobre todo, que afecten el medio ambiente que para nosotros es fuente de vida.
¿Tiene usted información si existen solicitudes de títulos mineros de multinacionales en el municipio de Concordia?
Hace pocos días nos notificó la Secretaría de Minas de la Gobernación que hay una solicitud de título minero que abarca áreas de Concordia y otros municipios vecinos. Hago un llamado a los alcaldes de estos municipios para que nos unamos y demos respuesta jurídica y social de un territorio que no es minero, es cafetero, turístico, amable.
¿Cómo dinamizar la integración regional del Suroeste?
Lo más importante es la comunicación y que tracemos metas comunes para el desarrollo de la región articulando los Esquemas de Ordenamiento Territorial, que los Planes de Desarrollan converjan con los planes departamental y nacional de desarrollo, para articular acciones en materia de vías, de seguridad, de integración cultural, porque el Suroeste será un polo de inversión desde Medellín y tendremos que tener ofertas y estar preparados para este cambio. Tenemos que educar a nuestros ciudadanos para que desarrollen actividades desde nuestro territorio, así que la oferta académica debe buscar atender nuestras necesidades sin que haya desplazamiento de nuestras gentes.
INTEGRACIÓN al aula
Por: Jorge Aurelio Toro Restrepo
Docente de Lengua Materna
I.E. San Juan de los Andes- Andes
* Integración. Número 1, febrero 15/2016. Pág. 11
Docente de Lengua Materna
I.E. San Juan de los Andes- Andes
Don Nolasco Gómez me alcanzó en la calle y me preguntó señalándome un paquete de periódicos: Jorge, ¿le sirve para trabajar con los alumnos en clase? Sí, claro que sí don Nolasco -contesté. Ese mismo día me dejó 30 ejemplares en el colegio.
Una rápida ojeada me permitió descubrir que en la última página estaba el artículo que podría trabajar en clase de español. El asunto minero ha golpeado duro a la región y en Andes, Santa Rita es claro ejemplo del pésimo negocio que una cultura agrícola hace con el trueque minero.
Leí con atención el artículo “El enroque de Anglogold Ashanti”* y el impacto fue muy grande, dadas las proporciones del proyecto minero y alcancé a mezclar imágenes de los paisajes bucólicos que ofrecen hoy Jericó y Támesis, con la aridez propia de algunos municipios del nordeste antioqueño. Elaboré unas preguntas con un nivel de lectura superficial, literal, es decir, nada complejo, y realicé una pequeña motivación a mis alumnos de grado once. El ejercicio era leer y responder, entre otras, estas preguntas: ¿Qué es la Anglogold Ashanti? ¿Qué minerales van a extraer? ¿Qué municipios se afectan con esta exploración y explotación? ¿Qué estrategias aplica Anglogold Ashanti para “ganarse” a la comunidad de Jericó? ¿Qué piensa el alcalde de Jericó de todo esto? ¿Qué clase de texto es el que acabas de leer?, para aplicar un poco de tipología textual.
Quiero compartir con ustedes las respuestas a dos preguntas que concitaban a asumir una posición personal a estos jóvenes:
¿Si Anglogold Ashanti realiza la explotación minera, qué crees que pasará con el agua de la región? Estas fueron algunas respuestas:
“El agua de la región acabará contaminada, afectando a todas las especies que la utilizan”. “El proyecto minero tomaría el agua para procesar los minerales y acabaría con toda la agricultura y el acueducto veredal”. “Se va a contaminar hasta tal punto que va a llegar a ser inconsumible para el ser humano”(Julián Arango). “Se agotará rápidamente, ya que acabarán con las fuentes de agua” (Daniel Ruiz). “Terminaría contaminada por la explotación minera”.
Luego les pedí que realizaran un comentario personal sobre el artículo. Estas fueron algunas respuestas:
Anglogold Ashanti no piensa en el daño que la va a provocar a esta zona a nivel ambiental; solo piensa en las ganancias de sus socios (Armando Gallego). Proporcionará trabajo y economía durante unos años, pero después todo será un caos; no trae tantos beneficios como parece, ya que el agua se contaminará; sería un descontrol sostener 10 mil trabajadores y lo que están haciendo es empobrecer más al pobre y enriquecer más al rico (Julián Ocampo). Me parece una falta de respeto frente a los pobladores de Jericó y Támesis, ya que este empleo que van a brindar a mucha gente va a traer desgracias para los pobladores por la inseguridad y para los recursos naturales (Samuel Villa). Pienso que no deberían llevar a cabo el proyecto porque aunque se genere muy buena economía, el daño será muy grande, afectando a las generaciones futuras (Daniel Ruiz). El gobierno no hace nada para que el proyecto no se realice, prefieren el dinero. No se preocupan por la salud de la población que tendrá agua contaminada (Camilo Velásquez). No deberían llevar a cabo este proyecto…se darían muchos daños a la naturaleza, al tomar agua que sirve para la agricultura y el abastecimiento de acueductos multiveredales (Carlo Henao). Creo que no deberían permitir eso, ya que en un futuro nos va a afectar a todos, destruirán el medio ambiente, contaminará los nacimientos de agua y vendrán 10.00 personas que causarán más problemáticas en la sociedad (Andrés López). Me parece muy bien que nos informen de cómo quieren explotar nuestras tierras. En mi concepto está muy mal, ya que acaban con los cultivos de estos municipios y en unos años serán unos desiertos, por la gran contaminación que tendrían sus aguas (Ana M. Vélez). El proyecto no debería ser llevado a cabo, ya que al momento de ser finalizado, afectará los recursos hídricos, a su vez la biodiversidad y la población que subsista consumiendo de esta agua (Isaac Díaz).
Agradezco a las mesas ambientales encargadas de la publicación del periódico Integración y por mantener su distribución gratuita. Los artículos sobre ordenamiento territorial son bien interesantes. Valoro mucho el artículo-homenaje a Umberto Eco aparecido en el número 2, y que es una deliciosa provocación sobre el oficio de ser maestro en tiempos de la internet. Interesante el reportaje al alcalde de Tarso, en el número 1. Muchas gracias a mis alumnos.
* Integración. Número 1, febrero 15/2016. Pág. 11
Los municipios son autónomos para prohibir minería en sus territorios
Es la conclusión a la que llegaron los estudiosos de los temas ambientales jurídicos presentes en el encuentro de cierre del Programa Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental que venían adelantando Conciudadanía en el Suroeste antioqueño y Foro Nacional por Colombia en Cundinamarca.
Mauricio Montero representante del Ministerio de minas, el abogado y consultor Rodrigo Negrete, la abogada Johana Rocha del centro de estudios para la justicia social Tierra Digna, la abogada Helena Durán de Dejusticia -derecho, justicia, sociedad-, el economista Álvaro Pardo de Colombia Punto Medio, Mauricio Cabrera geólogo de WWF y Alonso Cardona de Conciudadanía (de izquierda a derecha en la foto), panelistas en el evento realizado en Medellín los días 2, 3 y 4 de junio de 2016, analizaron con amplitud las implicaciones de la sentencia 273 de la Corte Constitucional del 25 de mayo de 2016 que declara inconstitucional el artículo 37 del código de minas (Ley 685 de 2001) que dice:
“ARTÍCULO 37. PROHIBICIÓN LEGAL. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería. Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo”.
El representante del Ministerio de Minas llamó al reconocimiento de que la “minería responsable y bien hecha”, establecida en relaciones de confianza legítima entre las empresas, el Estado y la sociedad, contribuye al desarrollo nacional. Además tomó atenta nota de los planteamientos que sobre la inconstitucionalidad del artículo 37 presentaron los demás panelistas, los cuales pueden ser resumidos así:
1. Desde la promulgación de la Ley 685 han pasado 15 años de violación del derecho de los alcaldes y concejos municipales a decidir en plena autonomía los usos del suelo de su jurisdicción, pues si bien es cierto que el ordenamiento legal colombiano concede al Estado la propiedad del subsuelo, el acceso a éste se da a través del suelo cuyo uso esta reglamentado por el municipio por medio del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial.
Siendo las autoridades municipales parte del Estado colombiano con el derecho a ordenar el uso del suelo, la Corte Constitucional en distintas sentencias ha establecido que los procesos de exploración y explotación mineros deben ser acordados, concertados, por la autoridad nacional con los entes territoriales y con participación de sus comunidades.
2. Al ser declarado inexequible el Artículo 37, los municipios pueden en sus Planes de Ordenamiento Territorial establecer zonas del suelo donde esté prohibida permanentemente la minería.
3. El código de minas en su Artículo 16 concede el título minero según el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, decisión que ha sido demandada por cuanto permite que cualquier persona por el hecho de haber presentado una solicitud de titulación minera, recibe la prelación para obtenerlo, lo que ha llevado a que, por ejemplo, en Antioquia cerca del 90% del territorio esté titulado o bajo solicitud de explotación minera.
4. El Artículo 13 del código de minas declara la minería como de utilidad pública e interés social; sin embargo, esta es la única actividad comercial privada considerada de utilidad pública e interés social que puede exigir expropiación de bienes a particulares; además, es la única que recibe una propiedad estatal (el subsuelo) para ser explotada en beneficio privado. Este Artículo también está demandado ante la Corte Constitucional.
5. Voceros del gobierno y las empresas mineras recriminan a las Cortes la generación de inseguridad jurídica para las inversiones en esta industria, cuando la realidad es que esa inseguridad la está creando el mismo gobierno al desconocer la autonomía constitucional de los entes territoriales y al burlarse de los fallos de las Cortes. Además, la inseguridad jurídica para las comunidades expuestas a daños ambientales y sociales, a expropiación de sus predios y a la transformación indeseada de sus tradiciones y vocaciones, no ha sido atendida por el Estado.
6. La delimitación de zonas aptas para minería debe ser concertada con la autoridades locales, las ambientales regionales y con participación activa y eficaz de las comunidades. También el mismo procedimiento debe ser cumplido para la delimitación de áreas protegidas.
Manuel Rodríguez Becerra, ex Ministro de Ambiente, también participó en el debate sobre autonomía territorial para la gobernanza ambiental que se desarrolló promovido por el programada Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental.
“El mayor lío ambiental en Colombia está en los municipios y el mayor problema ambiental son la agricultura y la ganadería”, fueron las palabras con las que inició el profesor Rodríguez Becerra su exposición. “Con los POT estamos destrozando este país, con la mala planeación del uso de los suelos y con el desconocimiento de las implicaciones ambientales. En Colombia hay una gran expansión de la agricultura, lo cual es importante, pero si la hacemos mal, por ejemplo en la Orinoquia, producimos unos daños ambientales extremadamente graves que incluso amenazan la misma actividad agropecuaria en el futuro, porque hacer agricultura en los 10 millones de hectáreas de la Orinoquia, tumbando el monte y los morichales, drenando humedales, acarrea muchos más daños ambientales de los que pueda producir cualquier minería o extracción petrolera, que por cierto, ésta no está contemplada en los fallos de la Corte Constitucional. Así, hay tres temas que deben ser resueltos dentro de un ordenamiento territorial nacional y local: dónde y cómo se hace minería y exploración y extracción petrolera, dónde y cómo se hace agricultura y ganadería, cómo se ordena el área urbana municipal. Estos son los temas ambientales que deben ser considerados seriamente y en conjunto para garantizar un futuro viable de nuestro país”.
Aída Avella -Presidenta Nacional Partido Unión Patriótica, Rosa Iguarán -Secretaria del Movimiento Alternativo Indígena Social, Rubén Molano -Representante a la Cámara por Cundinamarca por el Partido Centro Democrático, Víctor Correa -Representante a la Cámara por Antioquia por el Partido Polo Democrático Alternativo y Carlos Guevara -Representante a la Cámara por Cundinamaraca por el Partido MIRA (en la foto de izquierda a derecha), también presentaron en el debate sus opiniones respecto a las consecuencias de la política minera del gobierno central. Víctor Correa evidenció cómo en el momento de esta reunión unas 70 mil personas en cien puntos de la geografia nacional están reclamando una vez más una política minero energética que respete la autonomía de los territorios y el medio ambiente sano consagrado por la Constitución, política que debe pasar por decisiones del Congreso que, es necesario decirlo, es en su mayoría pro minero.
El representante del Mira reconoció que “en el Congreso no hemos sido serios, tampoco en los partidos políticos” con relación a la protección del medio ambiente y sus defensores que han sufrido una terrible persecusión que arrojó 115 líderes ambientalistas asesinados en el 2015. Aida Avella complementó reconociendo que los grandes cargos en el Gobierno nacional no están en las manos que deben ser, pues tienen impedimentos por los intereses que representan, que en muchas ocasiones son los de las multinacionales que han hecho de Colombia un paraíso para sus inversiones y exportaciones ilegales de carbón y otros minerales.
La indígena wayúu representante del MAIS sustenta que la consulta previa a los procesos mineros debe ser un derecho también para las comunidades rurales.
La senadora Claudia López dio a conocer las Iniciativas verdes para la sostenibilidad ambiental que serán presentadas al Congreso el 20 de julio de 2016 y que buscan atender tres necesidades: 1, resolver la jerarquía en los instrumentos de ordenamiento territorial que en la actualidad son unos 60 y actuan descoordinados y a veces en franca competencia; 2, resolver los conflictos por el uso del suelo que provienen de los distintos mecanismos y autoridades como la minera y la de hidrocarburos, función que deberían cumplir las CAR siguiendo los lineamientos con las cuales fueron creadas y reconociendo que el país está encaminado hacia un ordenamiento de áreas metropolitanas urbanas y provincias en los departamentos para poder atender los requerimientos de ordenamiento ambiental y territorial, vivienda, transporte, salud y seguridad; 3, parar la creciente degradación ambiental.
La primera acción es crear el registro único de ecosistemas y áreas ambientales protegidas, municipio por municipio, que incluya otras zonas diferentes a parques nacionales, regionales, páramos, etc. Una vez que se disponga del registro único se debe establecer el pago por servicios ambientales, no solo a los ciudadanos que ocupan y de manera real protegen estas áreas, sino también a los municipios el valor que dejan de percibir por impuesto predial exonerado a los predios de las áreas protegidas. Por último, es indispensable establecer un medio de concertación entre los gobiernos nacional y local para implementar los procesos mineros, en el cual haya participación activa y eficaz de la ciudadana a través de los Consejos Verdes que conceptuen las medidas de mitigación al impacto ambiental en las zonas declaradas aptas para minería.
Paz sin autonomía de las mujeres: Imposible
En el marco del evento Autonomía Territorial para la Gobernanza Ambiental, por una apuesta democrática y con enfoque de género, se realizó un panel para reflexionar sobre el tema a partir de las mujeres con la participación de Beatriz Quintero de la Red Nacional de Mujeres, Adriana Martínez de Cordaid-Holanda, Margarita Quiroz de la Asociación Regional de Mujeres del Oriente –AMOR- y Luz Mery Hernández de Conciudadanía. El siguiente fue el contenido de las intervenciones y las conclusiones.
1. Extractivismo y mujeres
En primer lugar las mujeres hicieron una caracterización de la expansión del extractivismo en América Latina y de la forma peculiar como afecta a las mujeres.
Esa nueva forma de colonización que es el extractivismo, se ha extendido por toda América Latina y consiste en la extracción masiva e intensa de los recursos naturales, sobre todo minerales metálicos, carbón, gas y petróleo; lo extraído se dirige íntegramente al mercado externo –como en las colonias -; se realiza esencialmente por parte de empresas transnacionales; para hacerlo establecen sus propios marcos legales (que pueden estar en contra de la constitución de cada país) y financieros como verdaderos estados dentro del estado; enfrentan intereses puramente económicos representados por los estados y los inversionistas contra intereses sociales y ambientales de la sociedad civil; tienen una mirada orientada estrictamente hacia el negocio, es decir, hacia el corto plazo; no tienen en cuenta, por lo tanto, los costos sociales y ambientales porque tienden a maximizar sus utilidades; y ven los territorios exclusivamente como propiedades privadas.
Por desgracia, en América Latina se estableció el 27% de estas inversiones en el año 2014. Y, claro está, el mapa de América Latina se llenó de una nueva modalidad de conflictos socio-ambientales, de los cuales no se escapa ningún país. Y los estados, ante las caídas de precios de las materias primas en el mercado internacional, echan por la borda las exigencias ambientales y sociales a los inversionistas para que puedan compensar los bajos precios con mayor cantidad explotada. Así se agravan los conflictos.
Por su parte, las mujeres se ven especialmente afectadas por el extractivismo y, en particular, por la minería: porque es una actividad en la cual son los hombres los que más participan directamente y toman las decisiones financieras del hogar; por ello aumenta la dependencia económica de las mujeres respecto de los hombres; aumentan las horas de trabajo del hogar y la carga de trabajo doméstica para las mujeres; aumenta la deserción escolar de las niñas; aumenta el consumo de alcohol, principalmente de los hombres; aumentan la violencia sexual y física y las enfermedades de transmisión sexual; aumentan las infecciones de transmisión sexual; aumenta la prostitución; los trabajos son de baja categoría y con salarios bajos; y los empleadores violan los derechos a la licencia de maternidad.
2. La resolución 1325 del 31 de Octubre de 2000
Esta es una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que reconoce el efecto desproporcionado que tienen los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas y resalta la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de paz.
Esa resolución, la primera sobre el tema del Consejo de Seguridad de la ONU, fue aprobada por unanimidad de todos los Estados y genera tres compromisos principales: las mujeres deben estar bien representadas en la toma de decisiones políticas relativas en los escenarios de paz y mesas de negociación; los estados deben prevenir la violencia que se ejerce contra las mujeres eliminando los contextos de guerra y desarrollando programas activos de protección de los derechos humanos de las mujeres para construir mejores sociedades.
Pero la Resolución no se cumple: las mujeres solo representan el 9% de negociadoras participantes en conversaciones de paz. De 21 acuerdos de paz firmados solo en el 2,5% de los casos son firmantes, 3,2% son mediadoras, 5,5% observadoras. Y las cifras de víctimas en Colombia son demasiado elocuentes sobre la ausencia de prevención de la violencia y la falta de voluntad para proteger a las mujeres de la violencia.
El empeño de las organizaciones de mujeres, entre ellas la Red Nacional de Mujeres, ha sido trabajar por la implementación de la Resolución a través del empoderamiento de las mujeres, de normas legales y a través del cambio institucional en el estado nacional y en los territorios.
Recientemente trabajan porque la resolución sea implementada en los territorios (municipios y departamentos) con la premisa de que si la paz va a ser territorial como lo expresa el gobierno, las mujeres pueden cumplir un papel fundamental para contribuir a la reconciliación. Una de las estrategias territoriales ha sido promover que las mujeres participen activamente en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) influyendo para que éstos contengan componentes de paz y postconflicto, políticas públicas de mujer y género y presupuestos para ejecutar esos componentes.
Sobre estos logros aparecen retos y desafíos: que se adelanten procesos de control y veeduría ciudadana para el cumplimiento del PDM; hacer seguimiento a la ejecución física y financiera a su ejecución; hacer seguimiento al plan acción municipal identificando los avances (metas de resultado y metas de producto) e identificar nivel cumplimiento PDM.
3. El Caso de la asociación AMOR
La Asociación Regional de Mujeres del Oriente AMOR es una organización con jurisdicción en los 23 municipios de la subregión, que trabaja en todas las dimensiones de la vida de las mujeres: la organizativa, la social y política, la cultural, la económica y la ambiental. La mayoría de sus más de 600 asociadas son mujeres rurales.
AMOR trabaja por la autonomía territorial consagrada por la Constitución Política y relaciona la autonomía territorial con la autonomía personal que le permite a las personas tomar conciencia de su relación con un territorio como una totalidad de relaciones y sinergias. La autonomía territorial es esencial para la construcción de la paz a nivel territorial.
El cuerpo como primer territorio. Lo que sucede en el territorio sucede en el cuerpo de las mujeres. La autonomía territorial tiene que ver con la capacidad para tomar decisiones en la familia, económicas (producción, comercialización y calidad de vida de las mujeres) y en la toma decisiones en lo público (consejeras territoriales municipales, sistema nacional de planeación –representación del departamento)
En AMOR se construyeron agendas para trabajar en la formulación de planes de desarrollo municipal, para incluir las potencialidades, necesidades e intereses de las mujeres. Visión del desarrollo con la mirada de las mujeres.
4. Una experiencia de Círculos de Vida para el Ser y el Hacer de la Mujeres
Los círculos de vida son encuentros voluntarios de entre 3 a 7 personas que se tienen confianza y empatía, se reúnen en círculo en torno a una vela; se inician leyendo un cuento corto, poema o canción relacionados con las capacidades básicas (ser capaces de tener una vida de duración normal, de tener salud corporal, de tener integridad corporal para moverse libremente de un lugar a otro, ser capaces de utilizar los sentidos, de imaginar pensar y razonar, de tener vínculos afectivos con cosas y personas ajenas a nosotros, tener razón práctica, ser capaces de vivir con otros y de ser tratados como seres dignos, ser capaces de vivir interesados en otras especies, capacidad de jugar, ser capaces de tener control sobre el entorno de cada uno, según Martha Nussbaum); solo se hablará a partir de sí y se cierran con un acto simbólico.
Estos encuentros de Círculos de Vida son una propuesta horizontal de reflexión, lúdica y creatividad de quienes participan para conocer el contexto que habitan y hacer actos que conlleven al buen vivir. O sea que trascienden un taller de capacitación y los participantes reflexionan sobre su ser individual y colectivo y sobre su qué hacer en su contexto particular. Son Círculos de Vida para entender y transformar la realidad. Son Círculos de reflexión para la acción, para transformar la gobernanza, para transformar el territorio. Son un instrumento de construcción de paz territorial.
Esta experiencia de Círculos de Vida fue aplicada masivamente en el municipio de Fredonia por la Asamblea Constituyente y la asesoría de Luz Mery Hernández.
Finalmente, se organizó una reflexión colectiva sobre las barreras y las alternativas de solución alcanzar a la participación equitativa de las mujeres en los puestos de decisión. Entre las barreras sobresalieron: el miedo de las mujeres a estar en los escenarios públicos, la baja autoestima debida a la falta de reconocimiento social de las realizaciones de las mujeres, la baja educación y formación de competencias específicas, la escasa autonomía económica que genera dependencia; la poca solidaridad entre las mujeres; y claro está la cultura patriarcal que niega la participación equitativa a las mujeres.
Cómo superar las barreras: formación integral para aprender a participar en espacios políticos; buscar la profesionalización de las mujeres para ocupar cargos de decisión; avanzar en la seguridad económica aumentando sus oportunidades; difundiendo ampliamente las realizaciones de las mujeres en todos los campos de la vida y trabajando por exigir la paridad para ellas.
Componentes del ordenamiento territorial
Veamos de qué se compone un POT o EOT:
1. El componente general estará constituido por los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo plazo.
2. El componente urbano estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano.
3. El componente rural estará constituido por las políticas, acciones, programas y normas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo.
Componente general:
Incluye los objetivos, estrategias y contenidos estructurales de largo y mediano plazo el desarrollo municipal en los siguientes aspectos:
• Identificación de las acciones sobre el territorio que posibiliten organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de sus ventajas para el desarrollo económicos y social del municipio.
• Adopción de las políticas de largo plazo para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y del conjunto de los recursos naturales, especificando: sistemas de comunicación entre el área urbana y el área rural; señalamiento de las áreas de reserva y medidas para la protección del medio ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje; ubicación en planos de las zonas que presenten alto riesgo; localización de actividades, infraestructuras y equipamientos básicos; y clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana.
Componente urbano:
• Las políticas sobre uso y ocupación del suelo urbano y de las áreas de expansión, en armonía con el modelo estructural de largo plazo y con las previsiones sobre transformación y crecimiento espacial de la ciudad.
• La localización y dimensionamiento de la infraestructura para el sistema vial; la disponibilidad de redes de servicios públicos; la localización prevista para los equipamientos colectivos (como hospitales, establecimientos educativos, plazas de mercado) y espacios libres para parques y zonas verdes públicas de escala urbana.
• La delimitación, en suelo urbano y de expansión urbana, de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales, paisajísticos, históricos y culturales, así como de las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales.
• La estrategia de mediano plazo para el desarrollo de programas de vivienda de interés social, incluyendo los de mejoramiento integral y la localización de terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social; así como los mecanismos para la reubicación de los asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo para la salud e integridad de sus habitantes.
• Las estrategias de crecimiento y reordenamiento de la ciudad, definiendo sus prioridades, y las directrices para la identificación y declaración de los inmuebles y terrenos de desarrollo o construcción prioritaria.
• La especificación del alcance y área de operación de los macroproyectos urbanos, conjuntamente con la definición de sus directrices de gestión y financiamiento.
Componente rural:
• Las políticas de mediano y corto plazo sobre ocupación del suelo con asentamientos humanos en áreas rurales.
• El señalamiento de las condiciones de protección, conservación y mejoramiento de las zonas de producción agropecuaria, forestal o minera.
• La delimitación de las áreas de conservación y protección de los recursos naturales paisajísticos y ambientales, incluyendo las áreas de amenazas y riesgos, los sistemas de provisión de los servicios públicos domiciliarios o de disposición final de desechos sólidos o líquidos.
• La localización de las zonas determinadas como suburbanas, las cuales deberán adoptarse teniendo en cuenta las posibilidades de suministro de servicios de agua potable y saneamiento, en armonía con las normas de conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente.
• La identificación de los centros poblados rurales y la adecuada dotación de infraestructura de servicios básicos y de equipamiento social.
• La determinación de los sistemas de aprovisionamiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales a corto y mediano plazo y la localización prevista para los equipamientos de salud y educación.
• La expedición de normas para la parcelación de predios rurales destinados a vivienda campestre, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental.
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