No es reciente en Colombia el lamentable sacrificio de su gente, ni de su patrimonio. Desde los habitantes precolombinos de estas tierras, despojados con violencia y engaños de sus culturas, lenguas, religiones, del sentido de colectividad y las relaciones armoniosas con la naturaleza, hasta hoy, con multitud de jóvenes cuyo arraigo es la pertenencia o el sometimiento a grupos armados, generación tras generación hemos recorrido un camino que deja tras de sí un rastro casi infinito de gentes vencidas, sueños arruinados, derechos negados, rabias, odios y venganzas acumuladas.
El eje por el cual ha transitado este largo encadenamiento de pérdidas humanas, es la disputa por la posesión de la tierra. En primer lugar, al negarles los invasores a los indígenas identidad como personas, no les dejaron ninguna opción de propiedad; sin embargo, fue necesario garantizar la supervivencia de algunas tribus agricultoras que proveyeran de alimentos y por ello la corona española concedió “la gracia” a los indígenas de vivir y cultivar en resguardos. Pero con el paso de los años, se incrementó el acaparamiento de tierras por algunas familias gobernantes en las distintas regiones colombianas, lo que condujo a apropiación de predios integrantes de los resguardos, originando una lucha que se mantiene en el presente entre comunidades ancestrales que reclaman la totalidad de las tierras asignadas en los resguardos y terratenientes que se niegan a devolverlas a sus legítimos dueños. Es el caso de las comunidades Nasa que en el norte del departamento del Cauca están reclamando los terrenos que hoy el Estado y sus fuerzas armadas defienden para los usurpadores.
No han sido únicamente los indígenas a quienes se ha negado el derecho a la propiedad de la tierra. También los pueblos negros que tradicionalmente han ocupado terrenos aprovechados colectivamente y otros agricultores, vienen luchando hace generaciones por el reconocimiento del derecho a la propiedad de la tierra que han cultivado en predios de la nación, o que han comprado y les han expropiado durante las frecuentes épocas de violencia sufridas en nuestro país.
El acaparamiento de tierras por las familias dominantes del país, por los terratenientes tradicionales o nuevos surgidos en las diferentes épocas de violencia rural colombiana, ha llevado a que los agricultores se vean desplazados hacia nuevos baldíos para instalarse en ellos con actividades productivas muchas veces ilegales y de alto impacto ambiental. Pero también a estos lugares llegan grupos armados que controlan los comercios y procesos económicos ilícitos, imponen sus mandatos arbitrarios y, no pocas veces con la complicidad de agentes del Estado, se adueñan provisionalmente de las tierras que terminan engrosando los latifundios ya establecidos.
PARO NACIONAL AGRARIO
Foto: Santiago Mesa, pacifista.co
Es este contexto de lucha por la propiedad de la tierra que debemos tomar en cuenta a la hora de referirnos a los paros agrarios de los últimos años en Colombia y, en general, a los conflictos sociales de este país.
De forma similar como algunos agentes políticos niegan la existencia de los conflictos sociales armados en Colombia, hay quienes rechazan la usurpación de la propiedad rural como origen de los enfrentamientos de los campesinos con las fuerzas del Estado y de paso justifican el despojo y la represión de las legítimas aspiraciones campesinas e indígenas señalándolas como acciones delictivas de origen terrorista, tal como lo hacen los medios de desinformación oficial y destacados miembros del gobierno nacional.
Además de la expropiación y la negación de los derechos de las comunidades rurales, otros factores han movilizado al campesinado por la defensa de sus intereses: los altos costos de insumos agrícolas, los bajos precios de sus productos y las dificultades de acceso a los mercados con el agravante del abuso de los intermediarios, el ingreso masivo de alimentos importados como resultado vergonzoso de los Tratados de Libre Comercio y el establecimiento de economías extractivistas que concentran grandes extensiones territoriales, con el consiguiente desplazamiento poblacional rural, para las explotaciones mineras y petroleras, construcciones de grandes centrales hidroeléctricas, plantaciones madereras y de biocombustible.
En febrero de 2013 los caficultores se movilizaron en las distintas zonas cafeteras en exigencia de mejores condiciones económicas para su trabajo y en agosto del mismo año se inició el paro nacional agrario en demanda de: 1) Implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria. 2) Acceso a la propiedad de la tierra. 3) Reconocimiento a la territorialidad campesina. 4)Participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera. 5) Adopción de medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural y 6) Inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
El gobierno central llegó a varios compromisos para satisfacer el pedido de los cafeteros y los campesinos en paro nacional que demostraron firmeza en su movimiento, a pesar de la dura represión que produjo 12 campesinos asesinados, 485 heridos y varios desaparecidos, segun la revista Semana.
Hoy, junio de 2016, nuevamente el campesinado colombiano se ve obligado a realizar otro paro nacional y exponerse a los enfrentamientos con la fuerza armada del Estado que han ocasionado ya 3 indígenas muertos, pues según la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular el gobierno ha incumplido lo pactado en 2013: “El Gobierno nacional alega que ha cumplido y que no se explica por qué la Cumbre Agraria realiza esta jornada. Es cierto que sobre algunos de los compromisos hechos en los llamados acuerdos de confianza, algo se ha avanzado, sin que se pueda decir que se haya llegado ni siquiera al 50% de cumplimiento. Hay temas como el de la adjudicación de tierras, los proyectos de infraestructura y el tema de garantías y derechos humanos, en los cuales el avance es mínimo o casi nulo. Respecto a la línea de financiación a través del Fondo de Fomento Agropecuario, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir $250 mil millones durante la vigencia de 2014 de los cuales la Cumbre Agraria solo ha recibido 40%.
Igualmente se comprometió a garantizar que estos recursos respondieran al principio de anualidad, cosa que no se ha cumplido ya que para este año 2016 se están desembolsando apenas recursos del año fiscal de 2014 quedando en el aire la adjudicación de recursos de los dos años siguientes. En cuanto a las Cumbres de Paz solo el 30% de recursos se han desembolsado. Respecto al fortalecimiento organizativo, que es el monto más pequeño, se ha desembolsado la totalidad de lo acordado.
Sin embargo es muy importante que la opinión pública sepa que sobre los ocho temas de fondo, contenidos en el Pliego Único Nacional, después de tres años de haber iniciado la negociación, sobre ninguno de ellos hay ningún acuerdo y que solo en tres de ellos se han generado algunos intercambios de información y de propuesta, sin que exista ningún compromiso real de parte del Gobierno nacional de avanzar en algunas de las propuestas hechas por la Cumbre Agraria”. (Prensa rural)
Para nosotros en el Suroeste las peticiones campesinas e indígenas están en la ruta de lo que consideramos debe ser la conservación del patrimonio natural y cultural nuestro. El gobierno colombiano está guiado por una concepción desarrollista impulsada por el sistema económico mundial que tiene en peligro la existencia humana con el agotamiento de la naturaleza considerada como un recurso que debe sostener un crecimiento de la rentabilidad para la industria, el comercio y el gran capital, un sistema mundial que somete a ciertos países a la sobre explotación de su gente y su ambiente, como el caso colombiano entregado a las multinacionales por una clase política corrupta.
El futuro del Suroeste debe ser una elección de sus habitantes, decisión que debe nacer del conocimiento de nuestra historia y de nuestras posibilidades dentro de unas relaciones solidarias y no competitivas entre nosotros, de unos vínculos con la naturaleza fundados en el amor y el respeto por la madre tierra que supere el consumismo y la irresponsabilidad política, donde la paz sea una actitud permanente y no un simple eslogan que trata de esconder las complejidades de las injusticias cometidas contra la población más representativa de este país: los campesinos.
Decimos sí a los acuerdos de terminación del enfrentamiento armado y también sí en nuestros corazones a la paz con la naturaleza.
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