CONCIUDADANIA hace parte de la Mesa de la Sociedad Civil para la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas.-EITI- y junto con los demás miembros de la Mesa presentó en Medellín el Primer Informe que esta iniciativa preparó sobre los pagos realizados al Estado colombiano por una parte del sector extractivo del país, el cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: INFORME_EITI_2013.pdf Ya habrá oportunidad de examinar el informe y hacerle comentarios pero en esta oportunidad lo pertinente es expresar porqué Conciudadanía hace parte de la Mesa de la Sociedad Civil de la EITI e invita a otras organizaciones a hacer parte de ella.
CONCIUDADANIA considera que el secreto es un gran enemigo de la democracia, la cual, por definición, es la cosa pública y, por lo tanto, debe tener como regla general la transparencia, el conocimiento, para que la participación de todos los ciudadanos sea posible. Sin el principio de publicidad, de información completa, no habría participación ciudadana democrática. Quienes trabajan porque prevalezca la participación ciudadana, porque la ciudadanía decida de manera autónoma sobre todos los temas de la vida social, por ejemplo, sobre el ordenamiento de su propio territorio, están obligados en todas las circunstancias a buscar que se aplique el principio de la publicidad, de la transparencia. Para lograr una participación sostenible, no momentánea, se requiere disponer de toda la información. Los secretos solo propician el autoritarismo, la corrupción pública y privada. La transparencia de la información es un componente esencial de la democracia y por lo tanto es un fin en sí misma porque la democracia es transparente o no es democracia, no es solo un medio para lograr la democracia, no, es parte de la democracia misma.
Las industrias mineras que están en Colombia se caracterizan por el secreto. Y el Estado lo permite y propicia. Operan con un secreto tan grande que ni las autoridades locales ni mucho menos la ciudadanía supo que sus territorios estaban siendo ocupados por concesiones de grandes extensiones de tierra otorgadas a empresas mineras. Algunos secretos los comparten con el Estado y otros los comparten con sus accionistas. La ciudadanía se enfrenta con una realidad que desconoce porque no hay información transparente sobre lo que pasa alrededor de esas empresas y su entorno. Con el secreto y la información incompleta y sesgada manipulan más fácilmente a la ciudadanía. Por ello es tan importante que todas las industrias del sector extractivo –incluidas las empresas públicas y privadas de petróleo y gas- entreguen al público toda la información de lo que hacen (y de lo que dejan de hacer estando obligadas). Con esa información en sus manos la ciudadanía puede aumentar su capacidad para tomar sus propias decisiones, para ejercer su soberanía porque conoce la información necesaria para ello.
Las iniciativas que conducen a lograr la transparencia tienen un alcance restringido a ese propósito: que toda la información referente a una tipo de actividad se haga pública, sea conocida por la opinión pública para que tome decisiones como ciudadanía ilustrada. En el caso concreto de la EITI actualmente tiene un alcance restringido para hacer públicos los pagos que esa industria hace al Estado y los ingresos que este recibe de la industria. Pero la Mesa de la Sociedad Civil trabaja por ampliar sustancialmente ese alcance. Exigir transparencia y utilizar la información que arrojan los ejercicios de transparencia para nada significa legitimar industrias extractivas. Por el contrario, lo que las legitima es que puedan mantener el secreto, que puedan mantener a la gente en la ignorancia sobre lo que hacen.
La EITI es internacional, a ella pertenecen 48 países y es multiactor: pertenecen Estados, industrias extractivas y sociedad civil. La función de la sociedad civil en ella es una función de control ciudadano tanto de la gestión del Estado como de control de la información que entregan las industrias. En el mes de febrero de 2016 se realizó en Lima la Conferencia Global de la EITI ante la cual las Organizaciones de la Sociedad Civil Latinoamericana presentaron una declaración de la que se extraen apartes seleccionados para mejor comprensión de los lectores de lo que hace la sociedad civil en la EITI:
“La actividad extractiva tiene una marcada presencia en la región latinoamericana, la cual se expandió de manera sustancial durante las últimas décadas, a raíz del aumento de los precios de minerales e hidrocarburos que prácticamente se cuadriplicaron entre 1991 y 2011. Aunque este hecho conllevó efectivamente un mayor crecimiento económico y de la renta extractiva para los países, lo hizo a costa de profundizar el modelo primario-exportador y la especialización en torno a las explotación de los recursos naturales y no se tradujo en medidas para diversificar la economía y las matrices energéticas que permitiesen una mayor sostenibilidad de estos ingresos en el tiempo y el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático”.
“Por otro lado, los datos señalan que parte de este crecimiento tuvo un impacto en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, que, pese a que siguen siendo elevados, se situaron en sus niveles más bajos desde la década de los 80s. Sin embargo, de manera paralela, se dio un aumento de la conflictividad socio-ambiental derivada de las afectaciones a los territorios, el medio ambiente, la población y el clima provocadas por la intensificación y extensión de las actividades extractivas. Numerosas comunidades, así como sectores de la sociedad han levantado sus voces frente a las violaciones de derechos humanos, las transformaciones negativas del mercado laboral, el trabajo infantil, los daños a la salud, el cierre de espacio a las organizaciones de sociedad civil en la región y la degradación ambiental que acompañan, en muchos casos, los proyectos mineros, petroleros y gasíferos”.
“Ante ello, se han encontrado con sistemas políticos e instituciones que han presentado fallas y limitaciones para la participación efectiva de la población en la toma de decisiones sobre estos proyectos. Estos sistemas han estado sujetos a procesos de corrupción y mecanismos de acceso a la información deficientes y escasa rendición de cuentas. Un ejemplo de ello es la dificultad que los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas enfrentan para que los Estados les garanticen su derecho a la autodeterminación a través del respeto de la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado”.
“A raíz de la presión social, se logró avanzar en algunos de estos campos y, aunque de manera limitada, se dieron avances que permitieron fortalecer la transparencia y los espacios de participación. No obstante, el acceso a información y la participación sobre las implicaciones sociales y ambientales de las actividades extractivas ha seguido siendo un pendiente importante y la conflictividad y el rechazo a esta actividad no ha dejado de incrementarse. Ante esto, la respuesta de las autoridades públicas y las empresas ha sido, en no pocas ocasiones, la criminalización, hostigamiento y persecución de las y los defensores de los territorios que han conllevado, incluso, a la muerte de diversas personas”.
“Esta situación se ha visto agravada a partir de la caída de los precios de los minerales e hidrocarburos que se viene observando desde 2011 y 2014, respectivamente. Esta situación ha creado gran riesgo por lograr atraer inversiones e impulsar nuevos proyectos extractivos que compensen la caída de los precios a través de mayores niveles de producción. Medidas para ello son el debilitamiento de la institucionalidad y regulación ambiental, la neutralización de la legislación sobre consulta previa y consentimiento, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal que supone mayores facilidades e ingresos para las empresas a costa del Estado, la población, el medio ambiente y el clima”.
“Ante este panorama y con ocasión de la Conferencia Mundial de EITI, las organizaciones de sociedad civil que subscribimos este pronunciamiento ponemos de manifiesto que:
1. La población de América Latina y el Caribe tenemos derecho a exigir la máxima transparencia, acceso a la información y participación en las actividades extractivas en términos económicos, financieros, sociales y ambientales, así como que las políticas en la materia respeten el medio ambiente, los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, otras comunidades étnicas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales, y los compromisos en materia de cambio climático y sostenibilidad.
2. En este sentido, EITI representa un espacio de oportunidad para avanzar en la agenda de transparencia y acceso a la información, por lo que desde la región hacemos un llamado a que responda a las necesidades de información existentes e impulse la incorporación de compromisos en materia socio-ambiental en los procesos EITI nacionales, así como su inclusión en el estándar internacional de la iniciativa.
3. Dado el carácter multi-actor de la EITI, supone un espacio importante para la participación de la sociedad en las decisiones del sector extractivo, siempre que se garantice la participación de sociedad civil independiente, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, es importante que se aseguren condiciones para que esta participación pueda darse en un ambiente de seguridad, confianza y libertad, en la que haya espacio para decidir si la EITI responde o no a las necesidades nacionales y actuar en consecuencia”.
Esta declaración fue firmada por organizaciones latinoamericanas y puede consultarse en: http://www.publishwhatyoupay.org/es/pwyp-news/posicionamiento-de-sociedad-civil-latinoamericana-ante-la-conferencia-mundial-de-la-iniciativa-para-la-eiti/
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