Suroeste Antioqueño marzo 15 de 2016
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| Páramo del sol. Daniel Andrés Ochoa |
14 de marzo de 2016
El agua es una responsabilidad
EDITORIAL
“En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”. Papa Francisco, encíclica El cuidado de la casa común.
Cumplir la responsabilidad de proteger el elemento esencial para la vida presente y futura no es una tarea fácil ni que se pueda postergar en un mundo donde el consumo acelerado e irracional de mercancías superfluas conlleva más y más apropiación del agua por la industria.
El agotamiento de las fuentes hídricas en el planeta es un hecho real, también en nuestro país y en las veredas de nuestros municipios. Es en los lugares de nacimientos de agua donde se decide el futuro de la humanidad.
El gran capital internacional considera el agua como un recurso, o mejor, como SU recurso que debe ser explotado para obtener utilidades. Las comunidades urbanas y rurales entienden y necesitan el agua como el medio insustituible para existir, es por tanto un patrimonio de la humanidad. Ante el antagonismo entre quienes quieren apropiarse de lo que para otros es su patrimonio esencial, los ciudadanos organizados defienden los acueductos comunitarios mejorando su gestión, protegiendo las áreas naturales y racionalizando el consumo.
Un ejemplo de resistencia ante la apropiación y contaminación de las aguas comunitarias nos están dando desde hace unos 5 años los campesinos del corregimiento Palocabildo en Jericó. En sus montañas la multinacional minera Anglogold Ashanti tiene una titulación de 7.600 hectáreas, en las cuales ha venido perforando hasta profundidades de 2.500 metros para obtener muestras que le permitan identificar el volumen de metales a ser extraídos en una proyectada explotación subterránea.
Poco después del inicio de las perforaciones, los habitantes de Palocabildo y otras veredas jericoanas, así como los residentes del corregimiento Palermo de Támesis, cuyos acueductos se abastecen de las fuentes nacidas en las montañas perforadas por la minera, verificaron merma en los caudales y descubrieron que los taladros habían roto por lo menos dos fuentes subterráneas, hecho que inició investigaciones por CORANTIOQUIA, autoridad que tomó hace más de un año la medida preventiva de no conceder más agua a la minera hasta que ella presente un estudio calificado de la hidro geología de la zona de exploración, estudio aún inexistente.
Además del escape constante de agua durante años en esas rupturas, el 28 de febrero de este año los campesinos de Palocabildo, después de verse obligados a superar una portería metálica y soldados que cierran el paso en una servidumbre histórica de Támesis y Jericó, hicieron un nuevo recorrido por la zona de exploración que en la actualidad se halla en receso, pues la empresa anuncia estar afinando sus estudios, “fase conceptual” la llama ella, para optar por la solicitud de licencia de explotación de una mina de cobre, oro, plata y molibdeno que extraerá 604 millones de toneladas de rocas que serán pulverizadas y mezcladas con químicos tóxicos que permitan recuperar y exportar los metales. En este recorrido los campesinos encontraron y dieron a conocer a la opinión pública el vertimiento constante y ocultado durante años por la empresa de agua nauseabunda y contaminada a un afluente de la quebrada mayor de Jericó.
Gestión comunitaria del agua en municipios del Suroeste
Está en marcha el proyecto Gestión comunitaria del agua en municipios del suroeste antioqueño, fase 1. Se realiza en Caramanta, Támesis, Jericó, Pueblorrico, Fredonia y Montebello, territorios con presiones y aumento de demandas de agua, y donde existen iniciativas y procesos de defensa del territorio por parte de actores locales y subregionales. El proyecto está dirigido a acueductos comunitarios (veredales, multiveredales), a comités de acueductos de Juntas de Acción Comunal, y a Comités del Agua, pertenecientes a algunas veredas de estos municipios.
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| Acueductos de Caramanta |
El proyecto se propone varios asuntos: i) caracterizar 65 nacimientos de agua, que consiste en identificar si los nacimientos tienen o no vegetación protectora, si hay presencia de agentes y actores contaminantes, si están cercados, alinderados, la cantidad de agua en los últimos días del “fenómeno del niño”; en aquellos casos donde se identifiquen problemas de estos tipos, acompañaremos a la comunidad local para mejorar sus condiciones; ii) gestionar ante Corantioquia 65 concesiones de agua (nuevas o renovadas) en estos nacimientos, que beneficien a estos actores comunitarios; iii) fortalecer los componentes internos, organizativos de los acueductos y organizaciones vinculadas; iv) incidir con propuestas de gestión comunitaria del agua y defensa del territorio en los Planes de Desarrollo Municipales 2016-2019 y los Planes Básicos o Esquemas de Ordenamiento Territorial; y v) fortalecer un actor social subregional con competencias técnicas y políticas para interlocutar con la institucionalidad pública sobre el agua y el territorio. El proyecto tiene actividades previstas hasta octubre de 2017, con posibilidades de una segunda fase hasta 2019.
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| Acueductos de Jericó |
Esta estrategia es financiada por la Fundación Swissaid, está operada por Conciudadanía, la Fundación Aurelio Llano es socia y la Corporación Penca de Sábila es entidad asesora para el acompañamiento a los acueductos comunitarios. En el nivel municipal, el proyecto es liderado por el Cinturón Occidental Ambiental COA, la Asociación Campesina de Caramanta ASAP, el Comité Zonal Alegrías y el corregimiento Sucre de Caramanta, los Jóvenes por la Defensa del Territorio JODETE de Caramanta y la Asamblea Constituyente de Caramanta; la Asociación Comunidad en Acción ACCA de Pueblorrico; la Asociación Manos Unidas Tierras Productivas de Fredonia; la Asociación de acueductos de Jericó Acojer, Acuebuga de Jericó, la Veeduría Ciudadana de Jericó, la Mesa Ambiental y Comité por el Futuro de Jericó; la Asociación de acueductos Acuatámesis, el Comité por la Defensa Ambiental del Territorio CODEATE de Támesis, la Organización Multisectorial Campesinos Emprendedores OMCE de Támesis y la Asocomunal de Montebello.
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| Acueductos de Támesis |
En los eventos de socialización del proyecto en los municipios en el mes de febrero, se expresó apertura institucional de los gobiernos locales. El alcalde de Montebello, resaltó la coincidencia de este proyecto y las propuestas del Plan de Desarrollo en materia de estudio de las micro cuencas; el alcalde de Caramanta manifestó su interés de apoyar este tipo ideas, y de no cambiar la cultura campesina y los usos del suelo en el EOT; el alcalde de Jericó nos recordó su trayectoria comunitaria en Acuebuga y su interés de impulsar una política pública del agua en su municipio.
Durante los próximos meses avanzaremos en la caracterización de las fuentes de agua, que será el insumo para la gestión comunitaria, la elaboración de propuestas para la incidencia en el ordenamiento territorial y en las herramientas de la gestión pública en estas materias.
Nelson Enrique Restrepo Ramírez
Coordinador del proyecto
Conciudadanía
El alcalde de Jardín
William Enrique Rendón Agudelo, jardineño, comunicador social, especialista en gerencia, diplomado en Materias Básica del Administrador, cuatro veces alcalde del municipio de Jardín, presidente del Club Escuela de Ciclismo Orgullo Paisa, ex-secretario de la Liga de Ciclismo y miembro actual del Consejo Directivo de CORANTIOQUIA en representación de los alcaldes del Suroeste.
¿Qué posición tiene frente a los proyectos de micro centrales hidroeléctricas que se vienen adelantando en la cuenca del río San Juan por parte de empresas particulares que han generado fuerte rechazo e incluso movilizaciones por parte de la sociedad civil jardineña?
Hasta el momento en mi administración no conozco ningún proyecto ni solicitud que apunte que en Jardín se construyan hidroeléctricas, pienso que el municipio por todas las fortalezas naturales que tiene, le sería más conveniente que no hubiera este tipo de intervenciones, y nuestra administración en especifico no tiene ningún interés particular en proyectos que atenten contra los recursos naturales.
Ante la evidente contaminación por lixiviados que la compostera municipal arroja a la quebrada Volcanes, ¿qué acciones está desarrollando la alcaldía para solucionar este grave problema ambiental?
En el reciente informe que presentó la directora de EPJ (Empresas Públicas de Jardín) en el Concejo Municipal mostró el estado tan deplorable en el que se encuentra la compostera e inmediatamente empezamos la intervención, con el agravante que no tenemos plan de gestión de residuos sólidos actualizado, plan que se debió tener al 20 de diciembre de 2015. Nosotros vamos a empezar el proceso de licitación sacando recursos de donde no hay para poderlo actualizar e implementar.
En Jardín existen aproximadamente 2400 ha. sembradas en café, el banco alemán KWF, a través de la Federación de Cafeteros, pretende desarrollar un proyecto de cultivo de 15.000 ha. en pino maderable entre los municipios de Andes, Ciudad Bolívar y Jardín, de las cuales en nuestro municipio estarían comprometidas 5.000 ha. Comparando estas cifras y dimensionando la extensión del territorio, ¿cómo vamos a proteger nuestro patrimonio hídrico, la soberanía y seguridad alimentaria frente a esta gran amenaza?
La economía de Jardín es de vocación agrícola cien por ciento, la base esencial es el café y el plátano, tenemos zonas de reserva que son fundamentales como la Cuchilla Jardín Támesis y veo con gran preocupación la pérdida de ruralidad en el municipio. La parte que se tiene proyectada para la siembra de árboles madereros es el doble a la sembrada en café y ahí tenemos que ser muy cuidadosos, el llamado a los propietarios de grandes extensiones de tierra, que en Jardín son unos pocos, es que no intervengan la zona de reserva y que la zona de producción agrícola no la dejen de seguir sembrando, que no vendan sus tierras a personas que su único interés es económico y de explotación de recursos. Jardín es minifundista y no quisiera que el productor de café, plátano, o aguacate siembre madera en lugar de sus productos.
¿Qué estrategias tiene su administración en materia de proyectos agropecuarios para contrarrestar la masiva entrega de títulos mineros sobre un territorio de vocación agrícola y turística ?
La voluntad como alcalde es que la minería en Jardín no tenga cabida, vamos a trabajar para que Jardín se declare no solamente como patrimonio arquitectónico e histórico sino también como patrimonio natural, porque el gallito de roca, el loro orejiamarillo, la passiflora jardinensis, el magnolio jardinensis, las zonas de reserva natural, las fuentes hídricas y la vocación agrícola son nuestra fortaleza, y el apoyo a la producción agrícola de café y plátano con proyectos en el nivel nacional y departamental con la Secretaría de Agricultura serán prioridad. En nuestras administraciones anteriores una de las estrategias fue la compra de tierras claves para el abastecimiento de agua de los acueductos veredales para su conservación, y seguiremos en esta línea porque en Jardín existe una voluntad clara de sus habitantes por defender y conservar la vida y el territorio.
¿Frente al desafío del manejo sustentable del agua en el territorio, considera que es necesario plantear una política pública a nivel municipal y cuáles serian sus principios?
Tenemos que ser muy cuidadosos con el recurso hídrico sobre todo en el tema de expansión urbana, apoyo el proyecto aras (acuerdos recíprocos por el agua) que se propone la protección de las micro cuencas hidrográficas, vamos a tener el vivero para la producción de especies nativas y no reforestando con maderables como pino o eucalipto, es con árboles nativos que a lo largo de la historia han ido desapareciendo por desconocimiento y falta de valoración a estas especies. De la mano de Corantioquia trabajar en el SILAP (Sistema Local de Areas Protegidas). Hay que estar atentos y ser vigilantes en el sector de la Mesenia donde tienen tierra algunas corporaciones al manejo que se da sobre estas áreas. El ingreso del municipio al plan departamental de aguas pienso que es clave en muchos aspectos y ya lo estamos gestionando. En Jardín tenemos que tomar agua potable y no lo estamos haciendo por los factores de conducción del agua que en estos momentos van en contravía de la potabilización y salud publica, las tuberías que tienen muchos años no están en condiciones adecuadas y no podemos hacernos los de la oreja mocha en ese sentido. Cuando creamos las empresas públicas de Jardín las creamos con doble propósito, uno de manejar el tema de las basuras adecuadamente y otro en un futuro poder administrar los servicios públicos, donde esta decisión hubiese estado en mis manos, previo el cumplimiento de requisitos legales la hubiera gestionado para que el manejo y administración fuera a través del municipio.
¿Qué lineamientos tiene su administración para realizar la revisión y actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial?
El Esquema de Ordenamiento que hay en vigencia lo construimos nosotros en la administración 2004-2007 y nos encontramos años después el mismo esquema, en el momento ya tenemos una mesa de trabajo con Corantioquia, pero pienso que mas que actualizar el plan de ordenamiento territorial es darle aplicación a la ley de gestión del riesgo que es muy rigurosa en el desarrollo rural y el tema de usos del suelo tienen implicaciones muy fuertes en la parte sancionatoria para el municipio, estamos haciendo todos los esfuerzos en ese sentido porque lastimosamente tenemos un déficit económico significativo para operar en este momento.
Entrevistó: Mesa Ambiental de Jardín
Agua: ¿Patrimonio público o bien privado
Durante los años ochenta y siguientes se dieron grandes trasformaciones económicas a nivel global especialmente en Latinoamérica. Esos procesos trajeron el desarrollo del neo liberalismo y como consecuencia de ello, la privatización de las empresas estatales: el patrimonio público pasó a ser propiedad de los capitales privados.
El agua, patrimonio de la nación y servicio público esencial, no estuvo exento de ese fenómeno y la prestación del servicio se encuentra, ahora, en manos de particulares.
En los noventa, cuando el gobierno departamental liquidó Acuantioquia, el municipio de Jardín adquirió, a título de propiedad, la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, la operación del sistema para la prestación del servicio y la administración de los recursos económicos que genera fue entregada a la firma Ingeniería Total a través de un contrato a veinte años.
En el año 2005 se transformó la Empresa de Servicios Públicos de Jardín con el objetivo de preparar el municipio para la administración del sistema una vez vencido dicho contrato.
La realidad fue otra. Con el beneplácito de la indiferencia que nos caracteriza, en año 2014, en un nuevo convenio, la operación y la administración del sistema se prorrogó por otros diez años adicionales al plazo original.
Mientras en el resto del mundo se revierten los procesos de privatización de los servicios públicos esenciales, aquí nos obstinamos en la desconfianza frente a la administración pública, cuando es la comunidad la principal responsable de ejercer la veeduría y el control de sus actos.
Hoy tenemos la propiedad de una infraestructura en un verdadero estado de obsolescencia, construida con tubos de metales galvanizados en un avanzado proceso de deterioro por oxidación. Es insuficiente para atender las futuras demandas del creciente desarrollo urbanístico del municipio y tendrá que seguir soportando la responsabilidad de ser la causa de grandes males en la salud de la comunidad.
Ser los propietarios de esa infraestructura hace responsable al municipio de Jardín de las urgentes inversiones que por concepto de modernización se requieren con recursos propios del municipio, porque los excedentes que genera su operación pertenecen al administrador del sistema.
¿Será que esa indiferencia permitirá de nuevo que el agua, el bien más preciado de la humanidad, continúe en manos de particulares en forma de “Merced de Aguas” o licencias, ahora que aparecen interesados en el aprovechamiento de nuestro patrimonio hídrico?
La comunidad tiene en sus manos las herramientas jurídicas de orden legal y constitucional para demandar del estado la protección de sus derechos.
Carlos Alberto Gómez
Política pública departamental del agua
La Ordenanza 19 de septiembre de 2015
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| Laguna de Santa Rita, Andes. Daniel Andrés Ochoa |
El 24 de septiembre de 2015, mediante la Ordenanza No. 19, la Asamblea Departamental de Antioquia adoptó una política pública dirigida a la adquisición, preservación y administración de los ecosistemas estratégicos del agua en Antioquia. Esta política contiene valiosos instrumentos de actuación para las autoridades y la sociedad antioqueña, tales como: definir con precisión las áreas de importancia ambiental estratégica para la conservación del agua; ordenar la declaratoria como de utilidad pública e interés general esas áreas de importancia estratégica que enumera la Ordenanza; definir como precepto para la gestión de las fuentes de agua que deben conservar su estructura y funcionalidad ecosistémica; ordenar que se promuevan acciones legales para revocar o modificar un tipo de concesiones de agua; crear el plan priorizado de adquisición de predios para ser incorporados en los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial; y finalmente, ordena que las áreas adquiridas se incorporen a los sistemas de áreas protegidas.
Como puede ver el lector ese conjunto de instrumentos que forman esta política pública puede llegar a ser muy valioso en manos de las autoridades públicas y de la ciudadanía, si y solo si una fuerza social se apropia de ella y ejerce sus derechos a la participación ciudadana y a que la norma legal se cumpla y deje de ser rey de burlas.
Vayamos a la Ordenanza para conocer su contenido y valorar sus alcances.
La Ordenanza parte de tres consideraciones básicas. La primera, que la Constitución Política Nacional impone entre los deberes ambientales del Estado el de conservar las áreas de especial importancia ecológica. La segunda, que es una declaración de principios, que el agua representa un bien esencial para la vida en todas sus formas lo cual exige hacer los esfuerzos necesarios para garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos que sustentan la vida y para garantizar su suministro a toda la población antioqueña actual y por venir. La tercera, establece como su base legal que para cumplir este deber intergeneracional se exige una administración del agua que promueva su uso y aprovechamiento sostenible, con base en el artículo 111 de la ley 99, modificado por el artículo 106 de la ley 1151 del 2007, modificado por el artículo 210 de la ley 1450 del 2011 y reglamentado por el decreto nacional 953 de 2013.
Fundamentada en esas consideraciones la Asamblea Departamental ordena que se adopte en el departamento de Antioquia “la política pública para la adquisición, mantenimiento, conservación, preservación, restauración y pago por los servicios ambientales de los ecosistemas estratégicos que garanticen la oferta y calidad de agua y la integralidad de la gestión del recurso hídrico en el Departamento de Antioquia, con el propósito de promover la recuperación y mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la preservación del agua que surte los acueductos urbanos, rurales, municipales y regionales, mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales” (artículo 1).
En síntesis, que sean adquiridas y pasen a manos públicas, para conservarlas, las fuentes de agua para consumo humano. La Ordenanza da una definición muy precisa: “entiéndase como las áreas de importancia ambiental estratégica para la conservación de agua, los ecosistemas acuáticos naturales y artificiales asociados a la producción de agua para consumo humano (nacimientos, quebradas, ríos, áreas aferentes a bocatomas, acuíferos, zonas de recarga, bosques, rondas hídricas, humedales, páramos, ciénagas y lagunas, entre otros”. (parágrafo, artículo 2)
Para lograr ese objetivo, la Ordenanza dota de un instrumento muy potente a las autoridades: reconocer y declarar como de utilidad pública e interés general a “todas las áreas que entren a hacer parte de las disposiciones de la presente Ordenanza y que se encuentren aguas arriba de las bocatomas, en zonas de recarga, en zonas de influencia de acuíferos y humedales que abastezcan acueductos urbanos, rurales municipales, y regionales, y se reservaran en los instrumentos de planeación y regulación municipales como ecosistemas estratégicos para la garantía de la vida actual y futura de las poblaciones del departamento” (artículo 4).
La Ordenanza toma la política pública que está adoptando como una medida de adaptación al cambio climático para reducir los riesgos de disminución de la oferta hídrica. Y, justamente para garantizar la gestión sostenible de las fuentes de agua, define lo que denomina un precepto cuyos alcances pueden llegar a ser significativos cuando se otorguen concesiones para hacer intervenciones en esas fuentes. Dice así: para garantizar el acceso y suministro de agua potable “los ríos, zonas de recarga, acuíferos, humedales, páramos y lagos, entre otros, deben conservar su estructura y funcionalidad ecosistémica”.(Artículo 5)
Otra medida que puede llegar a tener un gran alcance para que el Estado y la ciudadanía puedan recuperar fuentes de agua esenciales que han sido concedidas es que ordena a la Secretaría de Medio Ambiente del departamento promover acciones legales ante las autoridades ambientales para revocar y/o modificar las concesiones de agua que estén en contradicción con el suministro de agua para consumo humano. (Parágrafo, artículo 6).
La Ordenanza define e institucionaliza un instrumento común para todas las entidades territoriales y la autoridad ambiental, el cual está dirigido a ordenar los procesos de adquisición de áreas estratégicas, procesos que han sido usados para adquirir predios no prioritarios desde el punto de vista ambiental y de protección del agua.
Artículo 7. PLAN PRIORIZADO DE ADQUISICIÓN DE PREDIOS: “La definición de áreas prioritarias en los municipios, identificadas por la autoridad ambiental, obedecerá a la formulación de un plan priorizado de áreas estratégicas a adquirir y a proteger, y deben estar incluidas, o tramitar su inclusión, en los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial -EOT.
El último instrumento que trae esta política pública y que tiene gran relevancia es ordenar que todas las áreas adquiridas para la protección del agua deberán ser incorporadas al sistema local y departamental de áreas protegidas (artículo 10).
La primera conclusión es que hay que conocer y apropiarse de esta política pública de Antioquia contenida en la Ordenanza 19 del 24 de Septiembre de 2015. La segunda es que esta política de agua debe volverse territorial: que los municipios adopten políticas públicas del agua que estén contenidas en los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial y estén alineadas con esta política pública departamental. La tercera es que hay que chequear cómo se va a incorporar esta política en el Plan de Desarrollo Departamental.
Alonso Cardona Arango
Conciudadanía
Medellín, marzo 7 de 2016
Extractivismo y Paz en Colombia
Por DANILO URREA
Filósofo, Universidad Nacional de Colombia
Filósofo, Universidad Nacional de Colombia
El momento que vive Colombia puede ser comprendido como una oportunidad histórica para intentar superar décadas de conflicto armado, social y político. Sin duda, la finalización de la guerra, vía negociación política con las insurgencias, constituye un esfuerzo que debe ser respaldado desde el conjunto de las organizaciones, los procesos y movimientos sociales, y debiera estar en el horizonte de construcción de país de la sociedad en general.
El respaldo a estos procesos, como condición necesaria para la construcción de paz en Colombia, no puede desconocer aspectos de la realidad que vienen siendo agenciados por el gobierno de Juan Manuel Santos. Aspectos que entran en contradicción directa con la retórica institucional de la paz y que nos alertan la argucia lingüística y la retórica sofista de un gobierno que declara guerra de baja intensidad a la población mientras presenta avances de paz en un país cada vez más afectado y convulsionado por la injusticia social y las afectaciones ambientales de su modelo de desarrollo.
Lo que Santos ha presentado como La Paz, en realidad es la negociación del conflicto armado con una de las insurgencias –las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-, y la perspectiva de negociación con otra –el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De ninguna manera puede asimilarse la negociación del conflicto armado con las insurgencias como la cúspide de la Paz, pues la construcción de paz requiere la participación de la sociedad en su conjunto, y su materialización concreta implica alcanzar la justicia social y ambiental.
Parece que la búsqueda de la justicia, en sus diferentes manifestaciones, no es uno de los objetivos del gobierno; por el contrario, no reviste este camino ningún interés para una clase gobernante distanciada de las realidades de los pueblos, y que avanza en procesos de privatización de lo público –la venta de ISAGEN nos da un ejemplo contundente-, de construcción de leyes y decretos del despojo para facilitar la invasión y la impunidad trasnacional, incumpliendo sistemáticamente “promesas firmadas en piedra” en los ámbitos económicos y que a través de una reforma tributaria regresiva pretende asfixiar a las y los colombianos y les despoja poco a poco de sus derechos. Parece, entonces, una nominación de paz, de parte del gobierno, para favorecer el modelo corporativo trasnacional.
Ahora bien, entre las múltiples contradicciones y falacias del gobierno actual, quiero hacer referencia explícita a lo que en materia ambiental surge como efecto colateral de las negociaciones que se adelantan con las FARC en La Habana.
Mientras se lleva adelante la negociación con las FARC, la crisis ambiental y la crisis climática se constituyen como manifestaciones innegables de un modelo de desarrollo construido e impuesto a espalda del equilibrio ambiental y que cerró los ojos a la participación y la decisión soberana popular hacia el ordenamiento territorial.
Una manera apropiada para adentrarse en el análisis de los intentos de la ONU por implementar sus imposiciones del capitalismo verde en Colombia, se encuentra en las “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”, sazonadas en septiembre del 2014 y publicadas en enero de 2015, coincidencialmente mientras se preparaba el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno Santos.
La ONU reconoce la problemática asociada a la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- de municipios en los que se mantienen condiciones ambientales propicias gracias a esa presencia militar, ubicando como contradicción la posible destrucción de esos lugares con la llegada de corporativismo y el modelo extractivo priorizado por la prosperidad democrática del pacificador Juan Manuel Santos.
Posterior a la justificada ubicación del conflicto venidero con la pérdida de control territorial de la guerrilla y el corporativismo extractivista, la ONU desarrolla hipótesis y propuestas enmarcadas en la economía verde. Lo que representa una doble contradicción y en sí una paradoja, pues superar la posible destrucción territorial aplicando esquemas de economía verde, será girar regresivamente a un modelo que desde la década de los 90 reforzó la injusticia social y ambiental en Colombia bajo la falacia del desarrollo sostenible. Veamos:
La economía verde que se pretende implementar, como solución ambiental en el post acuerdo con la insurgencia colombiana, fue presentado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA- en la pasada Conferencia de la ONU para el medio ambiente y el desarrollo sostenible, en Río de Janeiro 2012. Los documentos oficiales señalan que la problemática y la crisis ambiental es producto de la mala asignación de capital a los proyectos de desarrollo y salva de responsabilidad al sistema capitalista. Es decir, no va al corazón del problema, lo deja intacto. Pretende que las soluciones se encuentran en la internalización de las externalidades, en términos de la ecología política, por ejemplo asignando costes de contaminación al proceso de producción, pero no cuestiona los efectos y conflictos generados por el modelo. De otra parte, presenta la gobernanza corporativa como una de las soluciones a la crisis global, pues reconoce en los Estados entidades débiles para la administración ambiental y territorial, y en las corporaciones a salvadores que poseen la tecnología y el capital necesarios para enfrentar las problemáticas. Niega cualquier perspectiva de derecho frente a los bienes comunes; prioriza las formas de privatización mediante asocios público – privados como única alternativa de manejo de los comunes y presenta las falsas soluciones (como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación -REDD- y los Pagos por Servicios Ambientales -PSA-) como alternativas a la crisis planetaria.
Volviendo a Colombia, luego de señalar la contradicción ambiental que puede presentarse en el post acuerdo, la ONU presenta una serie de propuestas en 4 ejes, a saber:
a) Ordenamiento territorial. En un escenario de post acuerdo se presenta la necesidad de conciliar las visiones de escala nacional y regional con las escalas locales. Aspecto que parece necesario, mas, a continuación, la ONU señala que para esto es imperante reconocer la biodiversidad en términos de capital natural -CN. Este concepto, el de CN, procura la mercantilización de la naturaleza. La naturaleza no es equiparable al capital, pues ha sido el sistema capitalista el que ha generado su destrucción.
b) Desarrollo local y producción sostenible. Repensar lo rural más allá de lo agropecuario es la premisa que enuncia el organismo multilateral. Interesante planteamiento, sobre todo si se contraste con la no aparición del sujeto campesino a lo largo de todo el documento. La ruralidad es pensada como un campo sin campesinos que refuerza los intentos del gobierno Santos por despojar territorios -con iniciativas como las ZIDRES y la ley de baldíos. Además, con una propuesta de innovación en el aprovechamiento de la biodiversidad, claramente con un desarrollo industrial rural asociado a los capitales y controles trasnacionales. En tercer lugar, se señala la redefinición de las relaciones campo – ciudad con corresponsabilidad social y sectorial expresada en PSA. El pago por servicios ambientales significa una re (des)composición capitalista de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, y, en el caso colombiano puede implicar el despojo por vía administrativa luego de cinco años de pago.
c) Actividad extractiva en el post acuerdo. De manera apropiada se presenta la necesidad de re pensar la noción de utilidad pública e interés general que para los casos de la minería y las represas han significado el desplazamiento por desarrollo y la aniquilación de tierras productivas y lugares ancestrales y tradicionales en Colombia. Sin embargo, se hace alusión a la necesidad imperante de hacer minería sostenible para reducir los impactos ambientales, repartir los beneficios de la actividad, generar empleo para las comunidades locales, para las víctimas y los excombatientes. De ninguna manera puede considerarse la minería como una actividad sostenible. Minería sostenible es una contradicción en los términos, pues dicha actividad extractiva es imprevisible en sus consecuencias e irreparable en sus impactos.
d) Institucionalidad y gobernaza. Quizá uno de los aspectos que mayor controversia y crítica resiste en el documento de la ONU se refiere a la institucionalidad ambiental en Colombia y la forma de fortalecerla. Al tiempo que se reconoce el desmonte actual del Sistema Nacional Ambiental -SINA- y la corrupción y politiquería que ha absorbido a las Corporaciones Autónomas Regionales -CAR-, se presenta la posibilidad de fortalecerlas en términos económicos a partir del presupuesto producto de los PSA y REDD. Esto es tan absurdo como construir un presupuesto para la paz a partir de una reforma tributaria regresiva como la que propone el gobierno Santos. La institucionalidad ambiental colombiana dependiente de las falsas soluciones al cambio climático como PSA y REDD estará al servicio del capital corporativo y de los terratenientes que prioricen los gobiernos de turno, profundizando la flexibilización de controles ambientales y el modelo depredador.
Ahora bien, estos ejes, equivocados en su enfoque por englobar a la economía verde, la herramienta del sistema capitalista para la mercantilización de la naturaleza, como alternativa en un contexto de post acuerdo, están en la base de la noción de crecimiento verde que Santos implementó como eje trasversal del Plan Nacional de Desarrollo -PND- 2015. La pregunta central es, refiriéndonos al PND 2015, ¿cómo conciliar una teoría del desarrollo sostenible leída en términos del crecimiento verde, con un modelo de desarrollo extractivista? Nueva contradicción en el discurso y la aplicación del modelo del pacificador Santos. A lo sumo, la transversalidad del crecimiento verde no es nada más que el lavado verde (greenwash) de un PND elaborado al calor de intereses trasnacionales y de la oligarquía que Santos representa, y basado en la privatización de los bienes comunes y la destrucción de la naturaleza en todas sus manifestaciones.
Resistencia y propuestas sociales.
Como ha sido señalado en el último año por organizaciones como CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, no obstante el embate del modelo neoliberal con sus máscaras discursivas de la búsqueda de la paz mientras se somete a la población con políticas territoriales reaccionarias y retardatarias del bienestar social, muchas expresiones de resistencia históricas se mantienen en pie, como las de los pueblos ancestrales U’wa frente a la explotación petrolera. También han surgido alternativas democráticas expresadas en las consultas populares, que hacen uso de mecanismos de participación popular, para decidir sobre el ordenamiento territorial y para ejercer autónomamente el derecho a la definición territorial. Han surgido también nuevas narrativas como las de Agua sí petróleo no, en el Páramo de Sumapaz; la lucha del Sindicato nacional de Trabajadores de la Industria del Carbón -SINTRACARBÓN- en oposición a la desviación del Arroyo Bruno, con la que se quiere dar inicio a la ampliación de la frontera extractiva de carbón de la trasnacional El Cerrejón en el Departamento de La Guajira; la construcción territorial del movimiento Colombiano por la Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos, que ha logrado articular resistencias tan importantes como la de El Quimbo, que ha puesto en jaque el ordenamiento trasnacional para la explotación de los ríos; entre muchas otras.
Estas expresiones, que se alimentan de propuestas de soberanía energética a partir de experiencias concretas de producción y distribución de energía de los pueblos y para los pueblos, del manejo público – comunitario del agua y los bosques para los acueductos comunitarios y para salvaguardar la posibilidad del derecho fundamental al agua y a los bosques, construyen y propician una discusión fundamentada y fundamental respecto al desarrollo. En sí es importante debatir sobre el desplazamiento que el desarrollo implica con sus megaproyectos y poner arriba de la mesa la redefinición de categorías como las de afectados, como lo ha venido haciendo el Movimiento Ríos Vivos. También se ha propuesto en Colombia la realización de una moratoria minero energética hasta tanto no se analicen por una comisión independiente los títulos y las licencias que se han entregado a los proyectos, muchos de ellos en los que se ha violado la ley.
De fondo, y en un momento crucial como el que se vive con las negociaciones de fin del conflicto, se ha puesto en discusión el reconocimiento de la naturaleza como víctima de la guerra, pues no es posible la reparación integral de las víctimas humanas sin reparación de la naturaleza no humana. Asimismo se ha solicitado la creación de una comisión ambiental de la verdad en las negociaciones con las insurgencias, donde incluso se determinen las responsabilidades del aparato trasnacional.*
*Roa Avendaño y Urrea. La cuestión ambiental, un asunto clave en el proceso de paz. En: Negociaciones gobierno – ELN, y sin embargo se mueve. Victor de Currea Lugo editor. 2015.
No nos arriesguemos, gestionemos el riesgo
¿Qué es la Gestión del Riesgo?
La gestión del riesgo es un proceso sistémico, complejo y permanente que busca generar conocimiento, reducción del riesgo y el manejo de desastres, todo ello desde un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones para contribuir a la seguridad, el bienestar, el desarrollo sostenible y garantizar la dignidad humana.
En Colombia, este proceso se encuentra regulado por la Ley 1523 de 2012, una política imprescindible para conservar la sostenibilidad, la seguridad territorial, mejorar la condición de vida de la población en riesgo y, en asocio con la gestión ambiental territorial sostenible, para ser incluida efectivamente en las políticas, planes y proyectos, asunto y responsabilidad de todos (autoridades y habitantes del territorio).
Experiencias vividas, caso Salgar.
En el Suroeste de Antioquia, tenemos experiencias vividas que nos hablan de la importancia de trabajar unidos por la gestión del riesgo para mitigar desastres como la ocurrida en el municipio de Salgar, en la madrugada del 18 de mayo de 2015, cuando la avenida torrencial ocasionada por la intensidad del invierno causó aproximadamente 15 derrumbes en el cerro San José Plateado, una reserva natural de 447 hectáreas de páramo, ocasionó la declaratoria de calamidad pública y transformó la vida de sus habitantes para siempre.
Salgar, es un claro ejemplo de diversas condiciones similares en la región, en el municipio prevalece la geografía montañosa, rodeado de valles de ríos y quebradas, lo cual hace que sea propenso al riesgo; las viviendas son muy antiguas y, como era costumbre, están situadas en las orillas de quebradas y ríos; existen grandes amenazas por el monocultivo del café, que generan cambios en la tenencia de la tierra, uso extensivo del recurso suelo; en los procesos de urbanización se evidencia un claro conflicto en el uso del suelo, muestra de ello se denota con los asentamientos urbanos y rurales en áreas de alto riesgo y amenaza por el componente hidrológico y/o geológico; no existe una correcta planificación del desarrollo urbanístico ordenado, situación ya previamente identificada el plan de gestión del riesgo de Salgar.
En conversaciones con el ex secretario de desarrollo agropecuario y gestión ambiental de Salgar para el periodo 2012-2015, Wilson Humberto Betancur, nos comparte un poco de su experiencia con la avenida torrencial del 18 de mayo de 2015. Él nos precisa la importancia de destacar que desde la década de los noventa se viene hablando del tema de gestión del riesgo, se implementan los CLOPAD “Comité para la atención de emergencias y desastres”, que posteriormente se convierten en los Consejos territoriales para la gestión del riesgo y desastres; además precisa que en los EOT (Esquema de Ordenamiento Territorial) a mediados del año dos mil, ya se hablaba de los temas de gestión del riesgo pero más precisamente en identificar zonas de riesgo, pero no en acciones de mitigación.
Hoy el EOT debe ser, justamente, una prioridad para el presente cuatrienio, pues con la avenida torrencial que afectó parque principal en el año 2012, se inició un proceso con el apoyo de CORANTIOQUIA en alianza con la UPB para generar redes sociales de alertas tempranas, situación que hizo que frente a emergencias como la cañada de Cosme y los chorros de Silva, ambas zonas con riesgo de Salgar, se actuara y reaccionara adecuadamente y que ya hoy tengan acciones de mitigación.
Lo sucedido en mayo de 2015 fue imprevisible, de una magnitud imposible de evitar, hay tecnología hoy para mitigar el daño, pero no para evitarlo; sin embargo, gracias al trabajo que se venía haciendo se actuó con las alertas tempranas salvando muchas vidas. Con estas alertas funcionó un modelo que se había trabajado hipotéticamente y que todos en el momento de la avenida pudieron aplicar de forma inmediata reaccionando de manera tan organizada y ordenada que se tomó como ejemplo en el contexto nacional e internacional.
Precisa Wilson que “actualmente hay estudios realizados por el DAPAR y UNGRD donde se habla de una huella geológica que demuestra que este valle de Salgar, fue conformado con mucho material de sedimentación, incluso se encontró que han ocurrido sucesos similares en 1914, 1940 y 1971 según el registro de la memoria histórica de nuestros ancianos”.
Y concluye: “Todo esto es un tema de conciencia humana, porque el cambio climático es un hecho, y es una necesidad de adaptabilidad del ser humano, de evolución de las sociedades que requiere planear el territorio, pero además trabajarlo desde el ser, como un objetivo de transformación cultural, porque no se trata de ubicar una población en otro sitio, pues no es sólo de Salgar, es un riesgo mundial, de nuestro planeta; se requieren obras de mitigación, pero además la naturaleza nos está demostrando que es muy dinámica, nuestra madre tierra es un ser vivo que se está transformado y creemos que gobernamos, pero la naturaleza no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de ella”.
Ana Milena González Betancur
¿De que sirve el profesor?
Por UMBERTO ECO para La Nación, Argentina
Lunes 21 de mayo de 2007
¿En el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela he leído un episodio que, dentro de la esfera de la violencia, no definiría precisamente al máximo de la impertinencia... pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho: “Disculpe, pero en la época de Internet, usted, ¿para qué sirve?”
El estudiante decía una verdad a medias, que, entre otros, los mismos profesores dicen desde hace por lo menos veinte años, y es que antes la escuela debía transmitir formación pero sobre todo nociones, desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media, hasta los hechos de la Guerra de los Treinta Años en la secundaria. Con la aparición, no digo de Internet, sino de la televisión e incluso de la radio, y hasta con la del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de la vida extraescolar.
De pequeño, mi padre no sabía que Hiroshima quedaba en Japón, que existía Guadalcanal, tenía una idea imprecisa de Dresde y sólo sabía de la India lo que había leído en Salgari. Yo, que soy de la época de la guerra, aprendí esas cosas de la radio y las noticias cotidianas, mientras que mis hijos han visto en la televisión los fiordos noruegos, el desierto de Gobi, cómo las abejas polinizan las flores, cómo era un Tyrannosaurus Rex y finalmente un niño de hoy lo sabe todo sobre el ozono, sobre los koalas, sobre Irak y sobre Afganistán. Tal vez, un niño de hoy no sepa qué son exactamente las células madre, pero las ha escuchado nombrar, mientras que en mi época de eso no hablaba siquiera la profesora de ciencias naturales. Entonces, ¿de qué sirven hoy los profesores?
He dicho que el estudiante dijo una verdad a medias, porque ante todo un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero por qué algo ocurre siempre ahí, desde la época de la civilización mesopotámica, y no en Groenlandia, es algo que sólo lo puede decir la escuela. Y si alguien objetase que a veces también hay personas autorizadas en Porta a Porta (programa televisivo italiano de análisis de temas de actualidad), es la escuela quien debe discutir Porta a Porta. Los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela debe saber discutir la manera en la que los transmiten, y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparecen en diarios, revistas y televisión. Y además, hace falta verificar la información que transmiten los medios: por ejemplo, ¿quién sino un docente puede corregir la pronunciación errónea del inglés que cada uno cree haber aprendido de la televisión?
Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba porque ahora existían la radio y la televisión para decirle dónde está Tombuctú o lo que se discute sobre la fusión fría, es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados, que circulan de manera casual y desordenado cada día en diversos medios -que sepamos mucho sobre Irak y poco sobre Siria depende de la buena o mala voluntad de Bush. El estudiante estaba diciéndole que hoy existe Internet, la Gran Madre de todas las enciclopedias, donde se puede encontrar Siria, la fusión fría, la Guerra de los Treinta Años y la discusión infinita sobre el más alto de los números impares. Le estaba diciendo que la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante: que Internet le dice “casi todo”, salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda esa información.
Almacenar nueva información, cuando se tiene buena memoria, es algo de lo que todo el mundo es capaz. Pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente (aunque sea mal) y los autodidactas (aunque sean geniales).
El problema dramático es que por cierto a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección, al menos no en cada capítulo del saber. Pero por lo menos sabe que debería saberlo, y si no sabe dar instrucciones precisas sobre cómo seleccionar, por lo menos puede ofrecerse como ejemplo, mostrando a alguien que se esfuerza por comparar y juzgar cada vez todo aquello que Internet pone a su disposición. Y también puede poner cotidianamente en escena el intento de reorganizar sistemáticamente lo que Internet le transmite en orden alfabético, diciendo que existen Tamerlán y monocotiledóneas pero no la relación sistemática entre estas dos nociones.
El sentido de esa relación sólo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo tendrá que equiparse para hacerlo. Si no es así, las tres I de Internet, Inglés e Instrucción seguirán siendo solamente la primera parte de un rebuzno de asno que no asciende al cielo.
El ordenamiento territorial un asunto de todos
Ya decíamos en el número anterior de Integración que el ordenamiento territorial no podía ser de otra manera porque si solamente son unos pocos los que planean el futuro del municipio, es muy probable que busquen el beneficio de ellos y no de toda la comunidad.
Además, el gobierno municipal está obligado por ley a llamar a todos los ciudadanos a participar en la elaboración del PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Los que tienen entre 30 mil y 100 mil construirán Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT.
Y los que tienen menos de 30 mil, como casi todos nuestros pueblos del Suroeste antioqueño, harán un Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT.
Los objetivos y procedimientos generales de los POT, PBOT y EOT son los mismos, pero por el tamaño de las poblaciones hay asuntos especiales que requieren precisiones.
El ordenamiento territorial en todas las tres modalidades debe ser formulado para un periodo de doce años (largo plazo), pero debe ser revisado o actualizado cada cuatro años.
A cada revisión debe convocar la Administración Municipal en su primer año de gobierno.
O sea, durante el 2016 corresponde al nuevo alcalde y Concejo de cada municipio encabezar la revisión y ajuste de largo plazo del EOT o PBOT, en el 2020 la segunda revisión (mediano plazo) y en el 2024 la tercera (corto plazo), y para el 2028 tendrá que haber una nueva formulación del ordenamiento territorial a 12 años.
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| Andes |
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| Betania |
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SUPLEMENTO: El Suroeste frente al Plan de Desarrollo Departamental
ANTECEDENTES
La Mesa Ambiental Subregional del Suroeste, la Asociación de Mujeres del Suroeste y ONGs como la Red Nacional de Mujeres y Conciudadanía, distintas organizaciones sociales municipales, así como diversas instituciones municipales organizaron el 25 de abril del 2015 el ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL SUROESTE DE ANTIOQUIA en el municipio de Jericó. El objetivo del encuentro fue construir colectivamente una agenda político ambiental subregional para influir en los programas de gobierno de los candidatos/as a los gobiernos departamental y municipales, y en 2016 influir en los planes de desarrollo departamental y municipales y en la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial.
El encuentro sesionó con la presencia de un total de 220 personas, provenientes de los municipios de Caramanta, Támesis, Jericó, Fredonia, Venecia, Urrao, Betulia, Concordia, Jardín, Andes, Hispania, Betania, Ciudad Bolívar, Tarso, Pueblorrico, La Pintada, Santa Bárbara, Salgar y Valparaíso, los cuales equivalen al 83% de los 23 municipios de la subregión. Estuvieron presentes actores de la sociedad civil y política: un representante de la UNESCO, congresistas de la Cámara de Representantes, el coordinador del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, diputados de la Asamblea de Antioquia, el delegado del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, delegado del Comité Departamental de Cafeteros, el señor Obispo de la diócesis de Jericó, CORANTIOQUIA regional Cartama, el Cinturón Occidental Ambiental COA, la Corporación Vamos Mujer, la Asociación Subregional de Mujeres del Suroeste, el Movimiento de Nuevas Identidades Masculinas, la Mesa Ambiental Subregional, Alcaldes de Támesis y Ciudad Bolívar, secretarios de despacho municipales, concejales, Asocomunales, estudiantes de la Escuela de Gestión Territorial del Programa Diálogo Democrático para la Gobernanza Ambiental y muy diversas organizaciones locales.
El pasado 2 de marzo del 2016 se reunió un grupo pequeño de líderes muy representativos del Suroeste formado por alcaldes, concejales y líderes sociales miembros de organismos de participación ciudadana quienes ratificaron y complementaron las propuestas generadas en abril del 2015 y decidieron presentarlas a la Gobernación de Antioquia para ser consideradas en el Plan de Desarrollo de Antioquia “Pensando en Grande 2016-2019”.
El 2 de marzo aún no se conocía ampliamente el documento Bases del Plan de Desarrollo de Antioquia y, en consecuencia las deliberaciones no hicieron referencia al mismo sino a la agenda del Suroeste. Seguramente la propia deliberación pública permitirá que la subregión complete una visión del Plan en su conjunto y pueda precisar sus propuestas.
Se ha considerado adecuado organizar las propuestas de acuerdo al orden de las líneas estratégicas de las Bases del Plan y a sus programas.
LINEA ESTRATÉGICA 1. COMPETITIVIDAD
E INFRAESTRUCTURA
COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA
Programa 1. Pavimentación de la Red Vial Secundaria RVS
PROPUESTA UNO: El Suroeste tiene una buena conexión vial con Medellín y el Valle de Aburra que será mejorada por las autopistas de la prosperidad. Pero las carreteras entre los propios municipios están en mal estado y por hay que acudir a las carreteras nacionales con trayectos más largos. Todos los intercambios intrarregionales se incrementarían con menores tiempos y más bajos costos de transporte y la región se integraría más con un esfuerzo de pavimentación significativa de la RVS por parte del departamento en este cuatrienio.
Programa 3. Mantenimiento, mejoramiento y/o rehabilitación de la RVS
PROPUESTA DOS: Se requiere el mantenimiento, mejoramiento y la rehabilitación de las vías de la red secundaria que no puedan ser incorporadas al programa de pavimentación de la RVS.
Programa 5. Proyectos Estratégicos Nacionales en el Departamento de Antioquia
PROPUESTA TRES: El seguimiento a las etapas de la construcción de las Autopistas de la Prosperidad debe hacerse extensivo al cumplimiento por parte de las concesionarias de la obligación de pagar el 1% del valor del proyecto como tasa retributiva.
LINEA ESTRATÉGICA 2. LA NUEVA RURALIDAD,
PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO
COMPONENTE: ACCESO A BIENES Y SERVICIOS DE APOYO
Programa 6: Energía para la ruralidad
PROPUESTA CUATRO: Asesorar y apoyar a los municipios dispuestos a vincularse al mercado de la energía para mejorar sus finanzas a partir de la construcción de Pequeñas Centrales Hidráulicas PCH.
COMPONENTE: INCLUSIÓN SOCIOPRODUCTIVA A LOS PRODUCTORES RURALES
Programa. Fortalecimiento y Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina
PROPUESTA CINCO: El Suroeste puede lograr niveles altos de autosuficiencia en la producción de alimentos a partir de la producción campesina. Proponemos incorporar proyectos dirigidos al logro de la soberanía alimentaria del Suroeste y convertir en indicador de producto de este programa el grado de autosuficiencia alimentaria adquirido.
Programa 2. Infraestructura de vías terciarias como apoyo a la comercialización de productos agropecuarios, pesqueros y forestales.
PROPUESTA SEIS: El Suroeste, a diferencia de otras, es una región donde es muy alta la participación de la economía rural y la población campesina cafetera y productora de alimentos. Es una población dispersa que requiere vías terciarias en buen estado para mantener su calidad de vida sin migrar a cabeceras urbanas. Proponemos que esta característica sea tomada en cuenta para hacer el diseño final de este programa, priorizando el mejoramiento de la movilidad en las zonas de producción agropecuaria campesina.
Programa 5. Antioquia Rural Productiva
PROPUESTA SIETE. Que las nuevas plantaciones de la Reforestadora Integral de Antioquia RIA en el Suroeste sean establecidas con especies nativas.
LINEA ESTRATÉGICA 3. EQUIDAD SOCIAL Y MOVILIDAD
COMPONENTE: SALUD
Programa 3. Convivencia social y salud mental
PROPUESTA OCHO: Aumentar de manera significativa la cobertura regional de la atención en salud mental, en especial del estrés postraumático que sufren las víctimas de todas las violencias.
COMPONENTE: SERVICIOS PÚBLICOS
Programa 3. Manejo integral de los residuos sólidos con sostenibilidad ambiental en las zonas urbanas del departamento.
PROPUESTA NUEVE: Asesorar y apoyar el Bioparque Támesis-Valparaíso como un proyecto supramunicipal que resuelve una necesidad de mejoramiento de la calidad de la vida de la población y como instrumento de integración territorial para varios municipios.
COMPONENTE: CULTURA Y PATRIMONIO
Programa 5. Gestión Integral del Patrimonio Cultural
Teniendo en cuenta que el objetivo de este programa es: “Fortalecer el patrimonio cultural de Antioquia por medio de acciones integrales que garanticen la protección y salvaguardia de los bienes y manifestaciones culturales, que fortalezcan el diálogo con la ciudadanía y el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural”.
PROPUESTA DIEZ: Hacer las gestiones necesarias para que los municipios cafeteros del Suroeste sean incorporados al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano Patrimonio de la Humanidad.
Para el efecto es necesario producir un dossier que sirva de base para demostrar que los municipios del Suroeste hacen parte de este paisaje cultural y que el gobernador lo presente al Ministerio de Cultura para gestionar ante la UNESCO su incorporación al territorio declarado Patrimonio de la Humanidad.
COMPONENTE: MUJERES PENSANDO EN GRANDE.
Programa 4. Seguridad pública para las mujeres.
PROPUESTA ONCE: Las mujeres del Suroeste solicitan la inclusión de un proyecto especial de ruta de atención a la violencia intrafamiliar dada su alta incidencia en la subregión.
Programa 5. Mujeres políticas pensando en grande.
PROPUESTA DOCE: las mujeres de esta subregión proponen que el departamento establezca una meta de participación real de las mujeres en los cargos de decisión en la administración actual.
LINEA ESTRATÉGICA 4: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
COMPONENTE: GESTIÓN AMBIENTAL
Programa 1. Protección y conservación del recurso hídrico
PROPUESTA TRECE: Que la reforestación de las áreas que van a ser adquiridas y mantenidas para la protección de las fuentes abastecedoras de acueductos sea realizada con especies nativas.
Programa. Conservación de ecosistemas estratégicos
PROPUESTA CATORCE: Incorporar al Plan de Desarrollo “Pensando en Grande” la gestión pertinente ante las autoridades ambientales correspondientes para que el Cinturón Ambiental Occidental sea declarado Parque Natural Regional.
Programa. Fortalecimiento interinstitucional y escenarios de participación para la protección de los recursos naturales.
PROPUESTA QUINCE: Incluir a las organizaciones de la sociedad civil en la gestión de las áreas protegidas.
COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO
Programa: Conocimiento del riesgo
PROPUESTA DIECISÉIS: Que la gobernación, en coordinación con la CORANTIOQUIA realice los estudios de riesgo para todos los municipios de la Subregión del Suroeste que lo necesiten con el fin de contribuir con el cumplimiento del mandato legal de realizar procesos de Revisión y Ajuste de sus PBOT/EOT.
LINEA ESTRATÉGICA 5: SEGURIDAD, JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS
PROPUESTA DESDE EL SUROESTE: Incluir en esta línea un componente de gestión del conflicto generado por la expansión del microtráfico y el consumo de drogas de uso ilícito.
LINEA ESTRATÉGICA 7: GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO
COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
“Las competencias otorgadas al departamento por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (ley 1454 de 2011), les permiten establecer directrices y orientaciones de la totalidad o porciones específicas del territorio”, según el texto de las Bases del Plan. En consecuencia, el Suroeste presenta la siguiente
PROPUESTA DIECISIETE: Introducir un cambio en el Programa 2 Articulación intersectorial para pensar en grande el desarrollo territorial del departamento, y convertirlo en:
PROGRAMA 2: Articulación intersectorial e integración territorial para pensar en grande el desarrollo territorial del departamento.
Este cambio permitiría introducir los proyectos específicos de INTEGRACIÓN TERRITORIAL que no tienen un programa definido.
Un primer proyecto específico correspondiente a ese programa sería:
Poner en funcionamiento la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial de Antioquia, creada mediante la Ordenanza 04 del 27 de febrero de 2014 “Por medio de la cual se crea y reglamenta el funcionamiento de LA COMISIÓN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”
La ordenanza le asignó entre otras dos funciones principales, a saber:
•“Asesorar al gobierno departamental en el proceso de descentralización y en la integración de los diferentes esquemas asociativos territoriales”
•“Participar en la elaboración del proyecto estratégico regional de ordenamiento territorial acorde con los lineamientos generales establecidos por la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial”.
Un segundo proyecto que haría parte de este programa es actualizar los Lineamientos de Ordenamiento Territorial (Lota 2) para afrontar las transformaciones que están introduciendo en el Suroeste los Proyectos Estratégicos Nacionales, en particular las autopistas de la prosperidad.
El Suroeste va a necesitar nuevas infraestructuras y equipamientos colectivos que imponen las autopistas de la prosperidad y otros megaproyectos que alteran el ordenamiento y toda la vida económica, social, cultural y ambiental del conjunto de municipios que reciben el impacto directo y los que están ubicados en el área de influencia de los proyectos. Cada municipio no puede responder aisladamente y mientras el ordenamiento territorial actual permanezca esa intervención es una competencia del departamento.
Los municipios cafeteros del Suroeste originaron y comparten los valores excepcionales del Paisaje Cultural CafeteroColombiano -PCC:
1. Esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad.
2. Cultura cafetera para el mundo.
3. Capital social estratégico constituido alrededor de una institucionalidad cafetera.
4. Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto.
Estos valores llevaron a que 51 municipios de la zona central cafetera fueran seleccionados por la UNESCO por constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat humano tradicional representativo de una cultura que se ha vuelto vulnerable por efecto de cambios irreversibles. Y porque está materialmente asociado con tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tienen una importancia universal excepcional.
Los objetivos de la declaratoria fueron los de valorar la cultura cafetera y contribuir a su conservación, sostenibilidad, integralidad y autenticidad; fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social; reconocer la belleza escénica; estimular las actividades productivas de la comunidad para la continuidad de la caficultura; consolidar la denominación de origen del café de Colombia; e incidir en los programas de protección de la biodiversidad, el agua y el uso racional del suelo.
La declaratoria de PCC permite que se articulen esfuerzos en el nivel internacional para su cuidado y protección. Sirve para diseñar medidas e implementar proyectos que garanticen la protección, la conservación y revitalización de un patrimonio cultural de valor excepcional.
Durante la elaboración de la propuesta para la UNESCO el departamento de Antioquia se marginó del proceso. Por ello los municipios de la zona cafetera del Suroeste, a pesar de ser el núcleo originario de la cultura cafetera y de formar un continuum geográfico, económico, social y cultural con la zona central cafetera, quedaron por fuera del PCCC.
Por las anteriores consideraciones actores sociales y políticos del Suroeste reunidos en Jericó expresan la voluntad de que los municipios cafeteros que forman la subregión sean incorporados al PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO y se extienda con ellos el área declarada PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. La propuesta es hacer un esfuerzo porque el Comité de Patrimonio Cultural de la UNESCO amplíe el área del PCCC a municipios localizados en el Suroeste Antioqueño.
Ese Paisaje Cultural Cafetero ampliado debe incorporar la economía del cuidado como de vital importancia para la economía cafetera. Requiere, además, una institucionalidad responsable frente a las problemáticas de las mujeres: violencias de género, derechos laborales de las mujeres y la garantía de la participación real de las mujeres en los espacios de toma de decisión sobre la producción y beneficios del café. Y requiere también procesos de formación en Derechos Humanos y mecanismos de exigibilidad con enfoque diferencial.
Se propone al Gobernador de Antioquia: primero promover la organización institucional adecuada para producir el dossier con la información que exige la UNESCO para tomar la decisión y segundo hacer la gestión necesaria ante el Ministerio de Cultura para que la solicitud sea elevada a la dependencia respectiva de la UNESCO.
Se le solicita a la Dirección de Cultura y Patrimonio de Antioquia que incorpore al Plan Departamental de Cultura y Patrimonio como uno de sus ejes de actuación la incorporación del Suroeste al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
Jericó, marzo de 2016
SUPLEMENTO: El Suroeste como parte del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano
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| Finca cafetera, Jericó. |
Los municipios cafeteros del Suroeste originaron y comparten los valores excepcionales del Paisaje Cultural CafeteroColombiano -PCC:
1. Esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad.
2. Cultura cafetera para el mundo.
3. Capital social estratégico constituido alrededor de una institucionalidad cafetera.
4. Relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto.
Estos valores llevaron a que 51 municipios de la zona central cafetera fueran seleccionados por la UNESCO por constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat humano tradicional representativo de una cultura que se ha vuelto vulnerable por efecto de cambios irreversibles. Y porque está materialmente asociado con tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tienen una importancia universal excepcional.
Los objetivos de la declaratoria fueron los de valorar la cultura cafetera y contribuir a su conservación, sostenibilidad, integralidad y autenticidad; fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión social; reconocer la belleza escénica; estimular las actividades productivas de la comunidad para la continuidad de la caficultura; consolidar la denominación de origen del café de Colombia; e incidir en los programas de protección de la biodiversidad, el agua y el uso racional del suelo.
La declaratoria de PCC permite que se articulen esfuerzos en el nivel internacional para su cuidado y protección. Sirve para diseñar medidas e implementar proyectos que garanticen la protección, la conservación y revitalización de un patrimonio cultural de valor excepcional.
Durante la elaboración de la propuesta para la UNESCO el departamento de Antioquia se marginó del proceso. Por ello los municipios de la zona cafetera del Suroeste, a pesar de ser el núcleo originario de la cultura cafetera y de formar un continuum geográfico, económico, social y cultural con la zona central cafetera, quedaron por fuera del PCCC.
Por las anteriores consideraciones actores sociales y políticos del Suroeste reunidos en Jericó expresan la voluntad de que los municipios cafeteros que forman la subregión sean incorporados al PAISAJE CULTURAL CAFETERO COLOMBIANO y se extienda con ellos el área declarada PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. La propuesta es hacer un esfuerzo porque el Comité de Patrimonio Cultural de la UNESCO amplíe el área del PCCC a municipios localizados en el Suroeste Antioqueño.
Ese Paisaje Cultural Cafetero ampliado debe incorporar la economía del cuidado como de vital importancia para la economía cafetera. Requiere, además, una institucionalidad responsable frente a las problemáticas de las mujeres: violencias de género, derechos laborales de las mujeres y la garantía de la participación real de las mujeres en los espacios de toma de decisión sobre la producción y beneficios del café. Y requiere también procesos de formación en Derechos Humanos y mecanismos de exigibilidad con enfoque diferencial.
Se propone al Gobernador de Antioquia: primero promover la organización institucional adecuada para producir el dossier con la información que exige la UNESCO para tomar la decisión y segundo hacer la gestión necesaria ante el Ministerio de Cultura para que la solicitud sea elevada a la dependencia respectiva de la UNESCO.
Se le solicita a la Dirección de Cultura y Patrimonio de Antioquia que incorpore al Plan Departamental de Cultura y Patrimonio como uno de sus ejes de actuación la incorporación del Suroeste al Paisaje Cultural Cafetero Colombiano.
Jericó, marzo de 2016
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