14 de marzo de 2016

Agua: ¿Patrimonio público o bien privado


Durante los años ochenta y siguientes se dieron grandes trasformaciones económicas a nivel global especialmente en Latinoamérica. Esos procesos trajeron el desarrollo del neo liberalismo y como consecuencia de ello, la privatización de las empresas estatales: el patrimonio público pasó a ser propiedad de los capitales privados.

El agua, patrimonio de la nación y servicio público esencial, no estuvo exento de ese fenómeno y la prestación del servicio se encuentra, ahora, en manos de particulares. 

En los noventa, cuando el gobierno departamental liquidó Acuantioquia, el municipio de Jardín adquirió, a título de propiedad, la infraestructura del sistema de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, la operación del sistema para la prestación del servicio y la administración de los recursos económicos que genera fue entregada a la firma Ingeniería Total a través de un contrato a veinte años. 

En el año 2005 se transformó  la Empresa de Servicios Públicos de Jardín con el objetivo de preparar el municipio para la administración del sistema una vez vencido dicho contrato.

La realidad fue otra. Con el beneplácito de la indiferencia que nos caracteriza, en año 2014, en un nuevo convenio, la operación y la administración del sistema se prorrogó por otros diez años adicionales al plazo original.

Mientras en el resto del mundo se revierten los procesos de privatización de los servicios públicos esenciales,  aquí nos obstinamos en la desconfianza frente a la administración pública, cuando es la comunidad la principal responsable de ejercer la veeduría y el control de sus actos. 

Hoy tenemos la propiedad de una infraestructura en un verdadero estado de obsolescencia, construida con tubos de metales galvanizados en un avanzado proceso de deterioro por oxidación. Es insuficiente para atender las futuras demandas del creciente desarrollo urbanístico del municipio y tendrá que seguir soportando la responsabilidad de ser la causa de grandes males en la salud de la comunidad.

Ser los propietarios de esa infraestructura  hace responsable al municipio de Jardín de las urgentes inversiones que por concepto de modernización se requieren con recursos propios del municipio, porque los excedentes que genera su operación pertenecen al administrador del sistema. 

¿Será que esa indiferencia permitirá de nuevo que el agua, el bien más preciado de la humanidad, continúe en manos de particulares en forma de “Merced de Aguas” o licencias, ahora que aparecen interesados en el aprovechamiento de nuestro patrimonio hídrico?
    
La comunidad tiene en sus manos las herramientas jurídicas de orden legal y constitucional para demandar del estado la protección de sus derechos.

Carlos Alberto Gómez

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