Suroeste Antioqueño, agosto 15 de 2016
NO A LA MINERÍA, Concordia, agosto 6 de 2016
14 de agosto de 2016
¿El campo sin campesinos?
EDITORIAL
La concentración poblacional en las grandes ciudades colombianas es un proceso que no cesa de crecer con el desplazamiento de los campesinos aún acosados por los enfrentamientos armados en varias zonas, pero sobre todo, como consecuencia de una política económica que rige en muchos de los países considerados subdesarrollados.
Mientras en los países élite la agricultura y la ganadería son procesos industrializados y subvencionados por el Estado que permiten una oferta masiva y barata de sus productos en el mercado mundial, los campesinos nuestros no alcanzan con el fruto de su arduo trabajo más que asegurar a duras penas su propia manutención luego de pagar insumos y semillas, intereses por los escasos créditos bancarios, transporte y someterse a los precios de compra fijados por los intermediarios.
A pesar de esta lógica evidente, los últimos gobernantes abrieron de par en par el mercado nacional a las multinacionales agrícolas con sus ofertas mucho más favorables que las de nuestros agricultores, una ruina anunciada que estaba encadenada con un calmante de poco rendimiento para los afectados más directos: los subsidios sociales para, entre otros, “familias en acción”, en realidad familias en miseria.
Para la financiación de los subsidios de sobrevivencia el gobierno contaba con las exportaciones de minerales, petroleo y gas, el modelo venezolano que se empezó a implementar durante el gobierno de Andrés Pastrana y lo continúan Uribe y Santos, e igual que en Venezuela, ha significado la pérdida de la agricultura y la ruina de la industria nacional.
Ante la quiebra de los campesinos y los efectos del enfrentamiento armado, la concentración de la propiedad rural se ha incrementado para llegar, según el censo nacional agropecuario de 2014 divulgado por el ministro Aurelio Irragori, al siguiente resultado: “0.4% de los propietarios son dueños del 46% del territorio rural con más de 500 hectáreas, mientras que el 70%, son dueños de pequeños predios hasta de 5 hectáreas que suman el 5% del territorio rural”.
En estas condiciones económicas y de seguridad personal para el campesinado sin tierra, pobre y mediano las opciones por adquirir un nivel de vida digno son cada vez menores: cultivos ilícitos, minería no autorizada, desplazamiento a los cinturones de miseria de las ciudades, delincuencia.
Como alternativa el gobernador Luis Pérez ofrece la creación de la Empresa de Desarrollo Agroindustrial de Antioquia con el propósito de sembrar 100 mil hectáreas de agricultura comercial. Los campesinos se asociarían a esta empresa cediendo su tierra y recibiendo un salario por cumplir las faenas asignadas por la empresa; cuando la empresa tenga utilidades serán compartidas con los propietarios convertidos en obreros agrícolas.
El camino que contempla el primer punto pactado en La Habana, expuesto en la presente edición, se dirige al fortalecimiento de la economía campesina, la producción de alimentos, el respeto por las vocaciones de las comunidades, su participación en las decisiones que las afectan. ¿En el Suroeste, enraizado en la vida campesina y pueblerina que significa una cultura solidaria, familiar, vecinal y municipal, estaríamos dispuestos a perder estos valores para transformarnos en obreros de una empresa estatal?
Estado local y subregional
Por: Nelson Enrique Restrepo Ramírez
Desde que nació Conciudadanía en 1991, decidió trabajar por fortalecer la democracia y la participación ciudadana en los municipios pequeños, en especial los ubicados en los territorios de oriente, suroeste y occidente antioqueños. Conciudadanía nació para aprovechar la apertura democrática que significó la Constitución de 1991, sobre todo los mecanismos de participación ciudadana, los espacios o instancias de participación ciudadana y comunitaria en la gestión pública local y la elección popular de alcaldes. Desde entonces definió como un elemento clave de su misión fortalecer el Estado local, y para ello se propuso ayudar a construir relaciones democráticas entre la ciudadanía y el gobierno local. A ello se ha dedicado los 25 años de vida institucional.
En esa época Conciudadanía se diferenció de sectores sociales que planteaban la necesidad de mantener la confrontación al Estado por las vías revolucionarias, de allí vino su vocación por la cultura de paz, la construcción de paz; se diferenció de quienes no estaban de acuerdo en que las ONGs firmaran contratos con entidades públicas, y se planteó el reto de ayudar a poner en marcha y hacer realidad los nuevos derechos reconocidos por la Constitución, ayudarle a los gobiernos locales a implementar las nuevas leyes sectoriales (educación, salud, jóvenes) incluyendo la nueva participación ciudadana; se diferenció de quienes llamaban a no votar en las elecciones, y se propuso contribuir al voto programático y a las elecciones limpias, de allí vienen las agendas ciudadanas de incidencia política en programas de gobierno de candidatos. El lema “para que los derechos sean hechos” nos ha identificado.
Rápidamente Conciudadanía se dio cuenta de que los municipios pequeños, aún en el nuevo escenario de descentralización política, administrativa y participación ciudadana, tienen limitaciones para atender las necesidades de su población, “las obras que demanda el progreso local y el ordenamiento territorial”, como les ordena el artículo 311 de la Constitución. Por eso desde 1993, mientras participaba en la discusión de la actual ley 154 de planes de desarrollo, propuso la idea de impulsar la construcción social de las provincias, como estrategia para fortalecer el Estado supramunicipal y la organización de la sociedad en escalas territoriales más allá de lo municipal. Con ese espíritu ha priorizado su trabajo en tres subregiones de Antioquia, es por ese criterio que no acepta trabajar en municipios aislados.
Esta permanencia nos ha ayudado a comprender mejor los contextos locales, subregionales y nos ha retado a actualizar los modelos de trabajo: nos ha permitido entender, por ejemplo, que para fortalecer la democracia local es insuficiente trabajar de manera separada con sectores de población (maestros, jóvenes, mujeres, víctimas) y es necesario trabajar con la sociedad local, de allí vienen las asambleas ciudadanas y constituyentes municipales, los colectivos ciudadanos municipales; nos ha demostrado que el desarrollo local no se puede abordar sin tener en cuenta el territorio y el patrimonio ambiental, de allí viene el actual trabajo en temas ambientales y en particular la gestión del agua; la intervención territorial ha confirmado la necesidad de fortalecer lo supramunicipal y el trabajo con las entidades públicas regionales, departamentales para poder abordar los problemas y desafíos territoriales en el marco de los instrumentos de gestión pública supramunicipal. Nuestra actividad también nos ha planteado la necesidad de incidir en el cambio de las normas que impiden la participación y limitan la autonomía de los territorios, por ello Conciudadanía hizo propuestas a la ley de víctimas, propuso la reforma a la ley de mecanismos de participación ciudadana, demandó por inconstitucional el código de minas.
En este marco de fortalecimiento de la ciudadanía local y subregional, de construcción de Estado local y subregional, Conciudadanía ha acompañado varios procesos subregionales en el suroeste: la Mesa Ambiental Subregional del Suroeste, el Espacio Subregional para a Gestión Comunitaria del agua, al Comité Subregional de Víctimas, hemos acompañado y respaldado las iniciativas de defensa del territorio y el rechazo a la llegada de la gran minería al suroeste, apoyamos el periódico Integración como una posibilidad de aumentar la deliberación pública sobre temas supramunicipales. Lo anterior, lo hemos realizado en alianzas, convenios, contratos con instituciones públicas como los municipios, Corantioquia, la Gobernación de Antioquia y agencias de cooperación internacional que apoyan nuestra labor.
Con el mismo espíritu de aportar a la construcción de Estado local, supramunicipal, subregional apoyamos la iniciativa de crear una Provincia Administrativa y de Planificación en los 11 municipios de Cartama. Apoyamos la posibilidad de que los actores subregionales acuerden criterios y normas de ordenamiento para territorios circunvecinos; que la defensa del territorio y el patrimonio natural sea adoptada por la nueva institucionalidad supramunicipal; promoveremos desde ya el reconocimiento de los actores sociales, comunitarios y ciudadanos en los organismos de gobierno de la provincia, el posible Consejo Subregional de Planeación, para que la ciudadanía tenga lugar en este espacio e incida en los instrumentos de gestión provinciales con agendas ciudadanas territoriales. Aportaremos información para la deliberación pública regional sobre proyectos y megaproyectos subregionales que se plantean en la provincia y que no son de buen recibo por sectores de la ciudadanía, para que las decisiones sean deliberadas en escenarios de democracia provincial.
En el Plan Estratégico de Conciudadanía 2016 – 2027, la tendencia de trabajar la participación ciudadana, la democracia participativa en perspectiva territorial y fortalecimiento del Estado local y subregional se confirma. Celebraremos los 25 años de vida institucional el próximo 18 de octubre ratificando esta misión.
El alcalde de Valparaíso
Sergio Andrés Ceballos López logró en la cuarta campaña por la alcaldía de Valparaíso el reconocimiento a sus años como concejal y funcionario público. Ahora como primera autoridad municipal invierte su larga experiencia para superar las diferencias que se crean con los matices políticos y poder dedicarse de lleno a atender a los ciudadanos y sus necesidades.
¿Cuáles son los principales aspectos de su gestión de gobierno que estén incluidos en el Plan de Desarrollo Municipal?
Mi programa está enmarcado en la parte social porque las comunidades necesitan primero que les toquemos esa sensibilidad humana y estar con ellos para así poder unir familias y comunidades del campo y del pueblo, tanto niños y jóvenes como adultos mayores, de toda la población, la unidad es fundamental para que estos municipios salgan adelante. Hemos venido haciendo algunas cosas importantes para transformar la mentalidad de los valpariceños, para que sean personas positivas, comprometidas y queramos todos nuestro municipio, porque lastimosamente se había perdido mucha parte del sentido de pertenencia.
En este momento se está adelantando un proceso de integración regional de los municipios de la territorial Cartama. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
Pienso que esa es la alternativa que tenemos los municipios y las regiones para seguir adelante, caminar todos cogidos de la mano, jalonando todos para el mismo lado, de otra manea va a ser muy difícil. Esta subregión del Cartama va a dar un paso muy importante y ejemplo, no solo para Antioquia, sino para toda Colombia, porque en esta integración de provincia está la verdadera transformación de las regiones.
¿Cuáles van a ser las primeras iniciativas concretas de este proceso integracionista?
Hay tres que son muy importantes, la primera es la revisión de los planes de ordenamiento territorial de los once municipios para que estén encaminados hacia el mismo rumbo; otra, que le estamos trabajando muy duro y que vemos cada vez mucho más factible y de muchas posibilidades, es la instalación de la Fábrica de Licores de Antioquia en la región, en concreto, en predios de Valparaíso y La Pintada, y la tercera es el parque de transformación de residuos sólidos, Biosuroeste, ubicado en terrenos de Valparaíso y Támesis.
¿Qué implicaciones ve usted con la construcción de la doble calzada Pacífico 2 desde La Pintada a Bolombolo?
Esta es una oportunidad que esta subregión no puede dejar pasar en vano; las carreteras de cuarta generación van a impactarnos indiscutiblemente, y por eso tenemos que estar ahí, no podemos dejar que nos pasen de lado sino que tenemos que estar ahí aprovechando esta oportunidad, porque hace parte de la transformación que va a dar esta zona del suroeste, y en este caso, nos resulta muy provechoso unirnos como provincia.
¿Cuál es el proceso que quizás se esté adelantando en Valparaíso relacionados con proyectos mineros?
Mire, nosotros hemos venido trabajándole a este tema, y yo creo que la minera legal habrá que apoyarla mientras cumpla con todos los requisitos constitucionales, y la otra, la ilegal, habrá que atacarla para que no se apodere de estas regiones y produzca aquí los daños que causa en los lugares donde está presente. Ojalá pudiéramos frenar también la legal, pero somos conscientes de que no podemos irnos contra la ley, pero al menos debemos concientizar mucho la comunidad de que en la parte ambiental debemos trabajar muy duro para contrarrestar la minería. Pero lo que si haremos es poner mano dura contra la minería ilegal.
Foto: Andrés Mejía Maya
La locomotora ciudadana
Por: Álvaro Pardo. Tomado de razonpublica.com
Al revés de lo que señalan los voceros del sector, las consultas populares, el recurso de los movimientos ciudadanos a la vía judicial (también llamado “activismo judicial”) y los fallos de las altas Cortes no buscan perseguir al sector minero legal o crear inseguridad jurídica para las empresas.
Estos fenómenos en realidad son fruto de una reacción social y territorial para restablecer los principios de la Constitución que son desconocidos o interpretados de manera incorrecta desde la expedición del Código de Minas (Ley 685 de 2001).
- Las consultas, demandas y sentencias reflejan la inconformidad con el modelo de desarrollo minero y el avance de la “locomotora ciudadana” en su legítimo derecho a exigir que las normas del sector se subordinen a la Constitución y reconozcan la autonomía territorial y los derechos fundamentales al ambiente sano, la seguridad alimentaria, la participación ciudadana y la consulta previa a las comunidades étnicas.
- Los excesos de la minería también han sido controlados por las sentencias de inexequibilidad, inexequibilidad condicionada y suspensión provisional impuestas por las altas Cortes. Por este medio se han puesto en cuestión varios pilares de la política minera actual:
• Ley 1382 de 2010 – Reforma al Código de Minas
• Las reservas mineras estratégicas,
• Los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINES),
• La reserva de la información geológica,
• El Decreto 2697 (“decreto navideño”),
• Algunos artículos del programa de formalización minera,
• Las licencias ambientales exprés para los PINES,
• Las actividades extractivas en páramos, y
• El artículo 37 del Código de Minas, responsable de que en la actividad minera fueran desconocidas las competencias constitucionales y legales de las entidades territoriales.
Pero además resulta sorprendente que la fuente de normas que no pasan el filtro de constitucionalidad sea el propio Ministerio de Minas y Energía. Es decir, la autoridad minera es la fuente principal de inestabilidad jurídica, aunque las empresas atribuyan este hecho a las comunidades, a los ambientalistas y a la Corte Constitucional.
Como dice el adagio popular, “no hay mal que dure cien años ni pueblo que se lo aguante”. La ciudadanía se está movilizando contra los abusos del sector y contra una autoridad que actúa al margen de la Constitución, la ley y los mandatos de las Cortes. Los dos sucesos más recientes en esta seguidilla de reacciones han sido: 1) El aval del Tribunal Administrativo del Tolima a la consulta popular de Ibagué; 2) La Sentencia C-389 de la Corte Constitucional que ordena la revisión integral del proceso de titulación minera.
La consulta popular en Ibagué
Desde su posesión, el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, propuso una consulta popular para prohibir la minería depredadora y contaminante en su jurisdicción.
El entusiasmo de los ibaguereños permitió sortear las presiones oficiales que pretendían evitar la aplicación de un instrumento que está avalado por la Constitución y que permite la participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar sus vidas y territorio. El desfile oficial contra la consulta incluyó a la Procuraduría General, que amenazó con abrir procesos disciplinarios al alcalde y a los concejales que apoyaran la iniciativa; al ministro del Interior; a la ex viceministra de Minas, María Isabel Ulloa; y a la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). También los directivos de la empresa Anglogold Ashanti presentaron recursos contra la consulta popular, lo cual representa una intervención indebida en asuntos que son del exclusivo dominio de los ciudadanos y el gobierno de Colombia.
Pero en la última semana de julio el Tribunal Administrativo del Tolima avaló la pregunta formulada para la consulta y la administración municipal, en coordinación con la Registraduría, deberá decidir la fecha de esta consulta en un plazo máximo de 90 días. ¿Cuál es la importancia de este evento?
• Una seguidilla de consultas populares ata las manos de la autoridad minera, desalienta la ejecución de nuevos proyectos mineros, y abre las puertas a la reforma o construcción de un nuevo modelo de minería.
• Los ciudadanos están incorporando en sus agendas colectivas los principios y derechos que la Constitución les concede desde 1991 y el desarrollo del sector quedaría exclusivamente en manos de la fuerza represiva del Estado.
• La reacción social está apoyada por las sentencias de las altas Cortes, especialmente de la Corte Constitucional, que garantiza la seguridad jurídica a las autoridades territoriales para la defensa de su autonomía y su derecho a ordenar el uso del suelo.
Por ende, en el futuro próximo el Congreso deberá replantear el procedimiento para la titulación minera, y la autoridad minera deberá sentarse con las entidades territoriales para concertar la explotación de los recursos del subsuelo. Se hace necesario que el Legislativo debata y apruebe el mecanismo que permita a los diferentes niveles de Estado cumplir sus obligaciones constitucionales en esta materia.
Como respuesta, las empresas mineras han intentado interferir con los movimientos ciudadanos, cooptando autoridades que deberían defender los derechos de los ciudadanos. Pero no son bienvenidos sus recursos en contra de la consulta popular, ni sus propuestas a través de terceros para que los municipios que voten no a la minería se queden sin regalías.
El Suroeste dice NO A LA MINERÍA
Fotos de la marcha NO A LA MINERÍA, Concordia, 6 de agosto de 2016
Anglogold Ashanti, la multinacional minera de origen africano, parece decidida a destruir en 30 años la sociedad que los suroestanos venimos construyendo con amor y mucho trabajo desde hace más de 150 años.
Pero esa multinacional y la política de los gobiernos nacionales que otorgan concesiones renovables por 30 años para explotaciones mineras, han encontrado una resistencia unida y decidida de las comunidades campesinas y urbanas de nuestros pueblos.
Aprovechando el desconocimiento que tenía la población del proceder de las transnacionales mineras, Anglogold Ashanti se presentó en Jericó luego de comprar al gobierno títulos mineros hacia el año 2003 e inició lo que hoy anuncia que quiere hacer en Concordia y Salgar: prospección, la primera fase del proceso minero que consiste en el análisis de muestras de arenas, piedras, suelo y aguas superficiales.
Los jericoanos en ese momento no sabían, de qué se trataban esos estudios, y menos cuando los geólogos ocultaban los propósitos de “Kedahada”, empresa fachada de Anglogold Ashanti -AGA. Una vez que comprobaron que los suelos de las montañas limítrofes con Támesis poseían metales, sobrevolaron minuciosamente el municipio durante meses con helicópteros dotados con detectores de metales y luego se presentó la empresa B2 Gold, socia de AGA, para empezar la fase de exploratoria de perforaciones con taladros que alcanzan profundidades mayores de 2.500 metros. Simultáneamente se radicó un contingente de soldados en el área sometida a las perforaciones.
Sólo cuando las perforaciones rompieron acuíferos y se mermaron las aguas que abastecían los acueductos veredales de los corregimientos Palermo en Támesis y Palocabildo en Jericó, los campesinos de la zona entendieron que la empresa estaba afectando sus vidas, que ellos mismos, sin proponérselo, estaban contribuyendo a los daños pues habían aceptado la oferta de trabajar para la empresa con contratos de pocos meses. Por tanto, muchos de ellos se retiraron y empezaron una lucha que hoy continua por la defensa del territorio, del agua y de la vida campesina.
Al mismo tiempo de las perforaciones de las montañas jericoanas, AGA penetraba la conciencia de las comunidades y de la administración municipal, a las primeras con regalos y propaganda engañosa, a la segunda haciendo aportes financieros que reemplazaban las responsabilidades propias del municipio. Con excepción del alcalde actual de Jericó, los anteriores se prestaron a las maquinaciones de AGA, ocultando y beneficiándose de las intenciones de la multinacional y de la presencia de los soldados, revisando sin participación ciudadana el Ordenamiento Territorial para darle cabida a la minería, acolitando los medios de comunicación al servicio de la minera y desprestigiando a los defensores del medio ambiente.
A la multinacional y al gobierno nacional no les basta querer destruir a Jericó y Anzá, donde también llegó y se está radicando con sus engaños y oscuros propósitos la minera africana. AGA envió hace poco a los alcaldes de Concordia y Salgar el anuncio de que ingresarían a esos municipios para adelantar prospección. La respuesta de los mandatarios, concejales, líderes sociales y ciudadanía ha sido contundente: no permitirán que en sus municipios el proceso que comienza por dividir la población, afectar las aguas, quitar mano de obra para la agricultura tradicional, corromper a los funcionarios y termina por una explotación que destruye las montañas, instala represas para millones de metros cúbicos de desechos tóxicos, contamina el agua, el aire, la tranquilidad, la paz, una explotación minera que trae desplazamiento, amenazas, delincuencia, prostitución y la miseria que viven todos los pueblos mineros de Colombia, no sólo los de la llamada minería ilegal, sino también los afectados por la mega minería multinacional del Cerrejón, Cerro Matoso y las petroleras.
Víctor Correa -congresista, Catalina Avendaño -líder ambiental, padre
Guillermo Laverde -párroco de Concordia. padre Daniel Obando
en representación del obispo Noel Londoño
El pasado sábado 6 de agosto los concordianos se movilizaron masivamente para protestar por la presencia de AGA en el municipio, marcha convocada por la alcaldía, el padre párroco Guillermo Laverde, el representante a la Cámara Víctor Correa, la Mesa Ambiental y demás organizaciones y líderes sociales de Concordia, quienes fueron acompañados por representantes de la mesa ambiental de Jericó y de Salgar. El entusiasmo y la firmeza de los concordianos llevó al señor alcalde Diego Restrepo, a anunciar que se iniciarán de inmediato los trámites de convocatoria a una consulta popular para que la población decida autónomamente el futuro de su municipio sin minería.
El mismo sábado se realizó un foro en Salgar, donde la dirigencia municipal, encabezada por el Alcalde, manifestaron su inquebrantable compromiso de defender el territorio frente a los objetivos destructivos de la multinacional AGA. Allí también asistieron líderes y representantes de Concordia y Jericó, pues el Suroeste es consciente de que la amenaza que encabeza Anglogold Ashanti es nefasta para toda la región y que los procesos de integración que se están desarrollando pasan por la resistencia conjunta por mantener la identidad del Suroeste campesino e indígena, del Suroeste pacífico, amable, turístico, del Suroeste solidario.
Suroeste pacífico, hoy y mañana
Foto: Andrés Mejía Maya
Los suroestanos nos preciamos, con razón, de vivir en paz, pues en nuestros pueblos hemos superado épocas de violencia cuyos dolores no deberíamos olvidar hoy, cuando toda Colombia tiene la oportunidad de terminar uno de los conflictos más terribles de los últimos 50 años: la guerra con las FARC.
Se trata, en verdad, de una oportunidad que en las anteriores negociaciones y acuerdos de paz con el M-19, el EPL, el Quintín Lame, las AUC y otros, no se había dado a la ciudadanía, ya que los gobiernos firmaron compromisos con los grupos en armas sin consultar a la población, e igual se habría podido hacer en el actual proceso sin quebrantar la Constitución que ordena el mantenimiento de la paz como fundamento del Estado social de derecho.
Tenemos entonces la ocasión de expresar nuestra aceptación o rechazo a lo acordado en La Habana, decisión libre que debe nacer del conocimiento serio y detallado de esos acuerdos, razón por la cual queremos en esta y próximas ediciones presentar un resumen amplio de lo pactado entre el gobierno y las FARC, empezando por el primer tema acordado: La Reforma Rural Integral, RRI. Nos basamos en los documentos publicados en internet por el Alto Comisionado para la Paz.
Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral
Es reconocido por muchos que el origen y desarrollo del enfrentamiento armado entre colombianos se ha centrado en la disputa por la propiedad y productividad rural, por tanto, “la RRI sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia”.
“Una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de los habitantes del campo y en particular a las mujeres y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social”.
“La RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria.
1. Fondo de tierras: Con el propósito de lograr la democratización del acceso a la tierra, en beneficio de los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto... el Gobierno Nacional creará un Fondo de Tierras de distribución gratuita... que provendrán de las siguientes fuentes:
a. Tierras provenientes de la extinción judicial de dominio a favor de la Nación.
b. Tierras recuperadas a favor de la Nación, es decir, baldíos indebidamente apropiados u ocupados, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios del programa de formalización.
c. Tierras provenientes de la actualización, delimitación y fortalecimiento de la Reserva Forestal.
d. Tierras inexplotadas: tierras recuperadas mediante la aplicación del actual procedimiento de extinción administrativa de dominio, por incumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.
e. Tierras adquiridas o expropiadas por motivo de interés social o de utilidad pública, adquiridas para promover el acceso a la propiedad rural, con la correspondiente indemnización.
f. Tierras donadas.
2. Otros mecanismos para promover el acceso a la tierra
a. Subsidio integral para compra en las zonas priorizadas y como herramienta alternativa que contribuya a solucionar problemas puntuales de acceso.
b. Crédito especial para compra.
3. Beneficiarios: Los beneficiarios del plan de adjudicación gratuita, y del subsidio integral y el crédito especial, serán trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada.
4. Acceso integral: El Gobierno Nacional pondrá a disposición de los hombres y mujeres beneficiarios del Fondo de Tierras, planes de acompañamiento en vivienda, asistencia técnica, capacitación, adecuación de tierras y recuperación de suelos...
5. Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural: Garantizar los derechos de los legítimos dueños y poseedores de la tierra.
6. Tierras inalienables e inembargables: con el fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de las familias beneficiarias y de evitar la concentración de la tierra distribuida ésta será inalienable e inembargable por un período de 7 años.
7. Restitución: el Gobierno Nacional y las FARC comparten el propósito de que se reviertan los efectos del conflicto, que se restituyan a las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado y a las comunidades sus derechos sobre la tierra, y que se produzca el retorno voluntario de los desplazados.
8. Algunos mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria:
a. Creará mecanismos ágiles y eficaces de conciliación y resolución de conflictos de uso y tenencia de la tierra...
b. Creará una instancia de alto nivel que se encargará de la formulación de lineamientos generales de uso de la tierra... teniendo en cuenta: 1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos hídricos y de la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre vocación y uso del suelo rural; 3) la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país; 4) las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios.
c. Promoverá el uso efectivo de los espacios de participación y decisión en la planificación de los usos del suelo rural y el ordenamiento del territorio.
d. Creará mecanismos de concertación entre el Gobierno Nacional, regional y local, los campesinos, las comunidades y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales.
9. Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural: Crear un sistema de información para la promoción del desarrollo agrario integral, incrementar el recaudo efectivo de los municipios y la inversión social, estimular la desconcentración de la propiedad rural improductiva...
10. Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva:
a. Desarrollará en un plazo no mayor de 2 años un plan de zonificación ambiental que delimite la frontera agrícola y que permita actualizar y de ser necesario ampliar, y caracterizar el uso de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como: zonas de reserva forestal, zonas de alta biodiversidad, ecosistemas frágiles y estratégicos, cuencas, páramos y humedales y demás fuentes y recursos hídricos, con miras a proteger la biodiversidad y el derecho progresivo al agua de la población.
b. Para el desarrollo del plan, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los propios emprendimientos de convivencia y desarrollo, y la participación de las comunidades rurales como garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses comunitarios y socio-ambientales y del bien común.
c. Apoyara a las comunidades rurales que actualmente colindan o están dentro de las áreas de especial interés ambiental, en la estructuración de planes para su desarrollo...
d. El Gobierno adoptará las medidas y creará los incentivos necesarios para prevenir e impulsar soluciones a los conflictos entre la vocación de la tierra y su uso real, teniendo en especial consideración el plan de zonificación ambiental.
e. Las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- son iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de las campesinos, al desarrollo de la sostenibilidad socio-ambiental y alimentaria ya la reconciliación de los colombianos. En consecuencia, el Gobierno Nacional, en concertación con las comunidades, promoverá el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las ZRC, haciendo efectivo el apoyo a los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que éstas consideren representativas, de manera que cumplan con el propósito de promover la economía campesina, contribuir al cierre de la frontera agrícola, aportar a la producción de alimentos y a la protección de las Zonas de Reserva Forestal.
f. En el marco de los procesos de constitución de ZRC, el Gobierno como resultado de mecanismos de concertación, definirá con las comunidades interesadas las áreas de cada una de ellas, atendiendo a las necesidades de los campesinos que adelantan o quieran adelantar procesos de constitución. La constitución de las ZRC estará acompañada de procesos de formalización de la propiedad”.
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)
Continuará
La Mesa de la Sociedad Civil para la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivistas (EITI)
Por: Alonso Cardona A.
CONCIUDADANIA hace parte de la Mesa de la Sociedad Civil para la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas.-EITI- y junto con los demás miembros de la Mesa presentó en Medellín el Primer Informe que esta iniciativa preparó sobre los pagos realizados al Estado colombiano por una parte del sector extractivo del país, el cual puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: INFORME_EITI_2013.pdf Ya habrá oportunidad de examinar el informe y hacerle comentarios pero en esta oportunidad lo pertinente es expresar porqué Conciudadanía hace parte de la Mesa de la Sociedad Civil de la EITI e invita a otras organizaciones a hacer parte de ella.
CONCIUDADANIA considera que el secreto es un gran enemigo de la democracia, la cual, por definición, es la cosa pública y, por lo tanto, debe tener como regla general la transparencia, el conocimiento, para que la participación de todos los ciudadanos sea posible. Sin el principio de publicidad, de información completa, no habría participación ciudadana democrática. Quienes trabajan porque prevalezca la participación ciudadana, porque la ciudadanía decida de manera autónoma sobre todos los temas de la vida social, por ejemplo, sobre el ordenamiento de su propio territorio, están obligados en todas las circunstancias a buscar que se aplique el principio de la publicidad, de la transparencia. Para lograr una participación sostenible, no momentánea, se requiere disponer de toda la información. Los secretos solo propician el autoritarismo, la corrupción pública y privada. La transparencia de la información es un componente esencial de la democracia y por lo tanto es un fin en sí misma porque la democracia es transparente o no es democracia, no es solo un medio para lograr la democracia, no, es parte de la democracia misma.
Las industrias mineras que están en Colombia se caracterizan por el secreto. Y el Estado lo permite y propicia. Operan con un secreto tan grande que ni las autoridades locales ni mucho menos la ciudadanía supo que sus territorios estaban siendo ocupados por concesiones de grandes extensiones de tierra otorgadas a empresas mineras. Algunos secretos los comparten con el Estado y otros los comparten con sus accionistas. La ciudadanía se enfrenta con una realidad que desconoce porque no hay información transparente sobre lo que pasa alrededor de esas empresas y su entorno. Con el secreto y la información incompleta y sesgada manipulan más fácilmente a la ciudadanía. Por ello es tan importante que todas las industrias del sector extractivo –incluidas las empresas públicas y privadas de petróleo y gas- entreguen al público toda la información de lo que hacen (y de lo que dejan de hacer estando obligadas). Con esa información en sus manos la ciudadanía puede aumentar su capacidad para tomar sus propias decisiones, para ejercer su soberanía porque conoce la información necesaria para ello.
Las iniciativas que conducen a lograr la transparencia tienen un alcance restringido a ese propósito: que toda la información referente a una tipo de actividad se haga pública, sea conocida por la opinión pública para que tome decisiones como ciudadanía ilustrada. En el caso concreto de la EITI actualmente tiene un alcance restringido para hacer públicos los pagos que esa industria hace al Estado y los ingresos que este recibe de la industria. Pero la Mesa de la Sociedad Civil trabaja por ampliar sustancialmente ese alcance. Exigir transparencia y utilizar la información que arrojan los ejercicios de transparencia para nada significa legitimar industrias extractivas. Por el contrario, lo que las legitima es que puedan mantener el secreto, que puedan mantener a la gente en la ignorancia sobre lo que hacen.
La EITI es internacional, a ella pertenecen 48 países y es multiactor: pertenecen Estados, industrias extractivas y sociedad civil. La función de la sociedad civil en ella es una función de control ciudadano tanto de la gestión del Estado como de control de la información que entregan las industrias. En el mes de febrero de 2016 se realizó en Lima la Conferencia Global de la EITI ante la cual las Organizaciones de la Sociedad Civil Latinoamericana presentaron una declaración de la que se extraen apartes seleccionados para mejor comprensión de los lectores de lo que hace la sociedad civil en la EITI:
“La actividad extractiva tiene una marcada presencia en la región latinoamericana, la cual se expandió de manera sustancial durante las últimas décadas, a raíz del aumento de los precios de minerales e hidrocarburos que prácticamente se cuadriplicaron entre 1991 y 2011. Aunque este hecho conllevó efectivamente un mayor crecimiento económico y de la renta extractiva para los países, lo hizo a costa de profundizar el modelo primario-exportador y la especialización en torno a las explotación de los recursos naturales y no se tradujo en medidas para diversificar la economía y las matrices energéticas que permitiesen una mayor sostenibilidad de estos ingresos en el tiempo y el cumplimiento de los compromisos en materia de cambio climático”.
“Por otro lado, los datos señalan que parte de este crecimiento tuvo un impacto en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema, que, pese a que siguen siendo elevados, se situaron en sus niveles más bajos desde la década de los 80s. Sin embargo, de manera paralela, se dio un aumento de la conflictividad socio-ambiental derivada de las afectaciones a los territorios, el medio ambiente, la población y el clima provocadas por la intensificación y extensión de las actividades extractivas. Numerosas comunidades, así como sectores de la sociedad han levantado sus voces frente a las violaciones de derechos humanos, las transformaciones negativas del mercado laboral, el trabajo infantil, los daños a la salud, el cierre de espacio a las organizaciones de sociedad civil en la región y la degradación ambiental que acompañan, en muchos casos, los proyectos mineros, petroleros y gasíferos”.
“Ante ello, se han encontrado con sistemas políticos e instituciones que han presentado fallas y limitaciones para la participación efectiva de la población en la toma de decisiones sobre estos proyectos. Estos sistemas han estado sujetos a procesos de corrupción y mecanismos de acceso a la información deficientes y escasa rendición de cuentas. Un ejemplo de ello es la dificultad que los pueblos indígenas y otras comunidades étnicas enfrentan para que los Estados les garanticen su derecho a la autodeterminación a través del respeto de la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado”.
“A raíz de la presión social, se logró avanzar en algunos de estos campos y, aunque de manera limitada, se dieron avances que permitieron fortalecer la transparencia y los espacios de participación. No obstante, el acceso a información y la participación sobre las implicaciones sociales y ambientales de las actividades extractivas ha seguido siendo un pendiente importante y la conflictividad y el rechazo a esta actividad no ha dejado de incrementarse. Ante esto, la respuesta de las autoridades públicas y las empresas ha sido, en no pocas ocasiones, la criminalización, hostigamiento y persecución de las y los defensores de los territorios que han conllevado, incluso, a la muerte de diversas personas”.
“Esta situación se ha visto agravada a partir de la caída de los precios de los minerales e hidrocarburos que se viene observando desde 2011 y 2014, respectivamente. Esta situación ha creado gran riesgo por lograr atraer inversiones e impulsar nuevos proyectos extractivos que compensen la caída de los precios a través de mayores niveles de producción. Medidas para ello son el debilitamiento de la institucionalidad y regulación ambiental, la neutralización de la legislación sobre consulta previa y consentimiento, la reducción y cierre de espacios a sociedad civil, la limitación del acceso a la información y la regresión fiscal que supone mayores facilidades e ingresos para las empresas a costa del Estado, la población, el medio ambiente y el clima”.
“Ante este panorama y con ocasión de la Conferencia Mundial de EITI, las organizaciones de sociedad civil que subscribimos este pronunciamiento ponemos de manifiesto que:
1. La población de América Latina y el Caribe tenemos derecho a exigir la máxima transparencia, acceso a la información y participación en las actividades extractivas en términos económicos, financieros, sociales y ambientales, así como que las políticas en la materia respeten el medio ambiente, los derechos humanos, especialmente los de los pueblos indígenas, otras comunidades étnicas y las poblaciones locales que viven en los territorios ricos en recursos naturales, y los compromisos en materia de cambio climático y sostenibilidad.
2. En este sentido, EITI representa un espacio de oportunidad para avanzar en la agenda de transparencia y acceso a la información, por lo que desde la región hacemos un llamado a que responda a las necesidades de información existentes e impulse la incorporación de compromisos en materia socio-ambiental en los procesos EITI nacionales, así como su inclusión en el estándar internacional de la iniciativa.
3. Dado el carácter multi-actor de la EITI, supone un espacio importante para la participación de la sociedad en las decisiones del sector extractivo, siempre que se garantice la participación de sociedad civil independiente, tanto a nivel nacional como internacional. Para ello, es importante que se aseguren condiciones para que esta participación pueda darse en un ambiente de seguridad, confianza y libertad, en la que haya espacio para decidir si la EITI responde o no a las necesidades nacionales y actuar en consecuencia”.
Esta declaración fue firmada por organizaciones latinoamericanas y puede consultarse en: http://www.publishwhatyoupay.org/es/pwyp-news/posicionamiento-de-sociedad-civil-latinoamericana-ante-la-conferencia-mundial-de-la-iniciativa-para-la-eiti/
Elaboración del Esquema de Ordenamiento Territorial
El alcalde a través de la oficina de planeación será responsable de coordinar la formulación oportuna del proyecto del Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial, y de someterlo a consideración del Consejo de Gobierno.
Antes de la presentación del proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial a consideración del Concejo Municipal, se surtirán los trámites de concertación interinstitucional y consulta ciudadana, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El proyecto de Plan se someterá a consideración de CORANTIOQUA para su aprobación en lo concerniente a los asuntos exclusivamente ambientales, para lo cual dispondrá de treinta (30) días; sólo podrá ser objetado por razones técnicas y fundadas en los estudios previos.
2. Una vez revisado el proyecto por CORANTIOQUIA se someterá a consideración del Consejo Territorial de Planeación que deberá rendir concepto y formular recomendaciones dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes.
3. Durante el período de revisión del plan por CORANTIOQUIA y el Consejo Territorial de Planeación, la administración municipal solicitará opiniones a los gremios económicos y agremiaciones y realizará convocatorias públicas para la discusión del plan, expondrá los documentos básicos del mismo en sitios accesibles a todos los interesados y recogerá las recomendaciones formuladas por las distintas entidades gremiales, ecológicas, cívicas y comunitarias del municipio, debiendo proceder a su evaluación, conveniencia y concordancia con los objetivos del plan.
“Las administraciones municipales establecerán los mecanismos de publicidad y difusión del proyecto de plan de ordenamiento territorial que garanticen su conocimiento masivo”.
“La consulta democrática deberá garantizarse en todas las fases del plan de ordenamiento, incluyendo el diagnóstico, las bases para su formulación, el seguimiento y la evaluación”.
“La política de ordenamiento territorial promoverá la participación, concertación y cooperación para que los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y organización territorial”.
Programa de ejecución
El programa de ejecución define con carácter obligatorio, las actuaciones sobre el territorio previstas en el Plan de Ordenamiento, que serán ejecutadas durante el período de la correspondiente administración municipal, de acuerdo con el correspondiente Plan de Desarrollo y se integrará al Plan de Inversiones que será puesto a consideración del Concejo por el alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos de las administraciones municipales.
11 de julio de 2016
Un abrazo a la integración
EDITORIAL
“Divide y reinarás” ha sido la consigna desde siempre para lograr imponer los intereses personales o de grupo sobre las aspiraciones y los derechos de otras agrupaciones. A esa táctica se contraponen los esfuerzos por impedir la desunión, por fortalecer la organización y aglutinar todos los posibles aliados.
Pues bien, el Suroeste está enfrentado al destino que le ha asignado, sin consulta, el sistema político y económico que gobierna el país: sustitución de la agricultura tradicional y la industria por la importación de alimentos y manufacturas de los países industrializados y de China, Corea y otros, aplacar el descontento social debido a la pobreza extrema con subsidios y represión, privatizar las empresas públicas y comunitarias, entregar el patrimonio natural (madera del Chocó, títulos y concesiones mineras y petroleras en todo el país, baldíos en la Orinoquia y la Amazonia) a las multinacionales a cambio de unas regalías que no compensan los daños ambientales pero sí contribuyen al enriquecimiento de los políticos corruptos y la clase dirigente.
Cada uno de los municipios y comunidades de nuestra región está sufriendo estas realidades en medidas diferentes: los campos son ocupados de manera creciente por parcelaciones y extensas plantaciones maderables, las titulaciones mineras concedidas y solicitadas sobrepasan mucho más de la mitad de los territorios, los acueductos comunitarios son presionados para que cedan ante los proyectos de empresas públicas o privadas de servicios públicos, no se informan ni se consultan con transparencia los impactos ambientales y sociales de los proyectos hidroeléctricos, viales y de ordenamiento territorial departamental, los campesinos abandonan sus fincas por la precaria rentabilidad de su trabajo, algunos de los líderes se prestan al engaño que beneficia a las multinacionales y a las componendas politiqueras corruptas.
Esa es una enumeración ligera de las problemáticas que tenemos ante nosotros, veamos algunas propuestas que apuntan a la evolución del proceso de integración regional como alternativa de fortaleza social, política e institucional: 11 alcaldes de la región deciden emprender el camino de constitución de una Provincia Administrativa y de Planificación y Gestión; los alcaldes y comunidades de Andes, Hispania, Pueblorrico y Tarso acuerdan extender el servicio de un acueducto multiveredal a 1600 familias de esos municipios; el Cinturón Occidental Ambiental, COA, convoca la segunda travesía “Abrazo a la Montaña” del 8 al 14 de agosto e iniciando el recorrido en Jardín para luego continuar en Andes, Hispania, Ciudad Bolívar (corregimiento Farallones), Venecia (Bolombolo), Salgar (Peñalisa), Tarso, Pueblorrico, Jericó, Támesis, Valparaíso y, finalmente, Caramanta; se adelantan debates para que los Esquemas de Ordenamiento Territorial contengan visiones comunes entre los municipios vecinos; grupos ciudadanos discuten la preparación de un foro del Suroeste para entender e incidir en el futuro regional; nacen medios de comunicación y debate, etc.
Todas estas acciones hacia la integración deben recoger y expresar las discusiones, los debates y los intereses diversos de los habitantes de la región, no hay aquí ni en ningún lugar o situación una verdad definitiva, lo que hay siempre son procesos hacia los consensos y el desarrollo del bien común.
Por último, un factor de gran importancia para el futuro inmediato de toda Colombia es el cese del enfrentamiento armado entre el Estado y las Farc, con el cual se abre un escenario menos violento y más civilizado para empezar a recomponer un país que le debe paz y bienestar a sus ciudadanos.
Gestión comunitaria del agua
Por: Nelson Enrique Restrepo Ramírez
En el marco del proyecto Gestión Comunitaria del Agua que llevamos a cabo la fundación Swissaid, Conciudadanía y la Fundación Aurelio Llano Posada, en veredas de seis municipios del suroeste, hemos caracterizado hasta el momento 52 fuentes de agua, pertenecientes a los municipios de Montebello, Caramanta, Támesis y Jericó. La situación de estas fuentes de agua es compleja por las problemáticas acumuladas a lo largo de los años, la mayoría de ellas como consecuencia de las prácticas agrícolas de las comunidades rurales, por los conflictos con los propietarios de los predios, por el estado de las infraestructuras de los acueductos y por las recientes presiones sobre el agua para usos agroindustriales y la minería.
Estas 52 fuentes se ubican entre los 1.291 y los 2.325 metros sobre el nivel del mar, la mayoría de ellas en territorios inclinados, muy faldudos. De estas 52 fuentes, sólo 6 tienen protegida su ronda hídrica, es decir tienen vegetación protectora en cien metros a la redonda del nacimiento o afloramiento principal. Los demás nacimientos tienen vegetación, pero poca; en la mayoría de los casos el agua nace debajo de un corredor de monte que no supera los diez metros a lado y lado del afluente y estos corredores están en medio de potreros con ganado o cafetales. La mitad de los nacimientos no están cercados, incluso algunos fueron cercados en el pasado pero hoy los cercos están en mal estado o el dueño del predio los tiró al suelo.
Dieciocho de estas fuentes no tienen protegida el área de retiro de 15 metros a lado y lado del hilo de agua, específicamente en la franja que va desde el nacimiento o afloramiento principal hasta la bocatoma del acueducto; generalmente estos retiros están en cultivo de café en las partes más bajas, de pinos en algunas partes altas, de ganado en partes bajas y altas. En todas las fuentes de agua que están cerca de potreros de ganado, las muestras de agua evidenciaron presencia de coliformes fecales; en las fuentes que están cercas a cultivos de café, tomate de árbol, tomate de aliño y en general de cultivos, se sospecha presencia de contaminantes químicos provenientes de las diversas fumigaciones. De estas 52 fuentes, 35 no tienen legalizada la concesión de aguas ante Corantioquia; en 14 nacimientos y 10 bocatomas, existen conflictos de la comunidad con los dueños de los predios para realizar acciones de protección, para instalar infraestructuras.
En medio de los conflictos y las tensiones, además del temor por la presencia o amenaza de la minería y los monocultivos, el relato que más se narra es este: “Yo nací en esta tierra, aquí nació mi papá y aquí vivieron mis abuelos y bisabuelos. Esta es una familia fundadora de este pueblo y desde que ellos llegaron a esta tierra, han usado esta agua que nace en la cabecera de la finca, esta agua siempre ha sido de nosotros. No entiendo por qué ahora vienen a decir que la tengo que legalizar para poder usarla, si siempre ha sido de nosotros, o que la tengo que proteger, dejar el retiro de la quebrada en monte. Que me compren esta tierra sea Corantioquia, el municipio o el acueducto, y hagan con ella lo que quieran”.
Generalmente existe otra versión de los vecinos: “el señor de la finca de arriba, dice que él hace lo que le dé la gana con el nacimiento y la quebrada; le ofrece machete al que se le meta a la finca a arreglar o a echar el agua. Llevamos más de 30 años en estas con este señor. Aquí vino Corantioquia y lo sancionó, lo hemos demandado a la Inspección de Policía y no pasa nada, no hay manera de hacerle cumplir las leyes”.
La gestión del agua en estos territorios, combina la situación precaria de las fuentes, las infraestructuras, los conflictos entre las personas y la baja capacidad de la institucionalidad pública para ayudar a resolver estos problemas acumulados en el tiempo. Lo usual es que las comunidades rurales han lidiado con estas problemáticas, unas veces con la ayuda del Comité de Cafeteros, el municipio, en la construcción de infraestructuras. En las fuentes con concesión de agua Corantioquia participa, pero con importantes limitaciones para ejercer la autoridad ambiental ante quienes infringen daños a las fuentes y sus zonas de protección; las inspecciones de policía y el sistema de justicia no están en capacidad de acompañar la gestión de estos conflictos cotidianos; la gestión comunitaria de las fuentes, el fortalecimiento organizativo de los acueductos, corren por parte de las comunidades que han estado generalmente solas en esta labor. Es una situación compleja y desafiante: se trata de los casos rurales típicos donde el Estado no ha podido hacer presencia permanente y efectiva, donde existen vacíos institucionales para gestionar los problemas, los cuales, a la larga, se resuelven por las vías no institucionales, no democráticas y en casos por las vías violentas. Un caso típico de la paz territorial en territorios rurales.
El alcalde de Pueblorrico
Juan Fernando Ruiz Gallego, estudiante actual de Administración Pública en el Politécnico Grancolombiano, empresario cafetero de sólo 28 años de edad, sin experiencia previa en la política y en la función pública, decidió hace dos años trascender su vocación de servicio privado a la comunidad para concentrarla desde el primer cargo municipal, y lo logró de la mano del representante a la cámara Juan Felipe Lemos.
¿Cuáles son las principales metas trazadas por su programa de gobierno y Plan de Desarrollo Municipal?
Esta Administración visiona a Pueblorrico como municipio turístico y cafetero, ya que la economía cafetera es la principal ocupación nuestra y el turismo en el suroeste se ha convertido en la apuesta más importante para el desarrollo regional. Son estos los primeros campos de acción que nos trazamos, pero sin descuidar las otras necesidades sociales en educación, cultura, deporte, salud, o productivas, como el sector panelero o los demás de la economía agropecuaria.
¿Esa visión estará contemplada dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial que Pueblorrico deberá, como la inmensa mayoría de municipios colombianos, revisar este año?
Todos los EOT, Esquema de Ordenamiento Territorial, deben ser reformulados en todos sus contenidos cada doce años. La Administración anterior de nuestro municipio ya hizo un trabajo grande en el 2015 para la nueva formulación del EOT, lo dejó listo para ser presentado a Corantioquia y luego al Concejo Municipal para su aprobación; sin embargo, estamos revisando los documentos para hacer algunos ajustes precisos que corresponden con la visión que tengo del futuro pueblorriqueño, pero que no modifican sustancialmente la propuesta de EOT ya existente.
¿El Consejo Territorial de Planeación, grupo de representación ciudadana que tiene un papel fundamental en la construcción y seguimiento del EOT y del Plan de Desarrollo Municipal, está activo en Pueblorrico?
Sí señor, está activo.
El 5 de julio pasado hubo una reunión de alcaldes, funcionarios de la Gobernación, del IDEA y del área metropolitana en Medellín, donde se presentó el proyecto de constitución de una provincia administrativa de planificación que integrará los 11 municipios del área Cartama del Suroeste. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto?
Esta es una muy buena noticia para esta región del Suroeste; por fin los alcaldes queremos trabajar en bloque, saliendo del tradicional querer trabajar solos e incluso sin tener buenas relaciones con los alcaldes vecinos. El proyecto abrirá muchas puertas a la región porque, primero, tenemos un Gobernador que se dirige hacia los grandes proyectos como éste, y segundo, la región dará un cambio muy grande con las obras de infraestructura que se están realizando, autopistas, hidroeléctricas, industrias, interconexiones viales entre los municipios, etc. y también con el crecimiento del turismo; con la unión en una provincia podremos acceder a recursos financieros para adaptarnos en mejores condiciones a los grandes cambios que se avecinan.
¿Cuál debe ser la participación de la ciudadanía en la decisión de conformación de una provincia en esta región?
La población suroestana debe estar incluida en esta decisión porque los alcaldes representamos por solo 4 años a las comunidades, son ellas las que deben ser tomadas en cuenta, los adultos mayores con su experiencia acumulada, los indígenas que tenemos en los resguardos, etc. No creo que sea necesaria una consulta mediante votación en los municipios para decidir si se crea o no la provincia, pero sí debe pasar esa decisión por el Concejo Municipal y por un trabajo pedagógico que informe a las comunidades sobre los beneficios de la provincia.
¿La ampliación del acueducto El Barsino para atender usuarios de otros municipios significará que la Gobernación o una empresa pública o privada será propietaria o directora del acueducto?
No. El acueducto tiene una asamblea de usuarios y una junta directiva integrada por representantes de las comunidades de los distintos municipios que atiende. La Gobernación y los municipios estamos trabajando en la construcción del acueducto multiveredal y llevarle agua potable a 1.600 familias, nosotros vamos a dejarles la obra y ellas deben administrar esa empresa autosostenible que será de ellas.
¿Tiene Pueblorrico solicitudes de titulación minera en su territorio?
Hace varios años que hay unas solicitudes pero nosotros estamos dando una pelea, Pueblorrico es un territorio sin minería, tenemos una tradición cafetera y por eso vamos a luchar hasta el final para que aquí no entre la locomotora minera. Gracias a Dios no tenemos explotación minera y las solicitudes que hay están suspendidas, estamos esperando la reglamentación para que los municipios puedan frenar la minería.
Se integran 11 municipios del suroeste antioqueño
Carlos Mario Patiño García, alcalde de Caramanta; Gabriel Ignacio Muñoz Gómez, alcalde de Fredonia; Jorge Andrés Pérez Hernández, alcalde de Jericó; Cesar Augusto Zapata Pérez, alcalde de la Pintada; Ferdinando Muñoz Álvarez, alcalde de Montebello; Juan Fernando Ruiz Gallego, alcalde de Pueblorrico; Mónica María Ocampo Restrepo, alcaldesa de Santa Bárbara; Iván Alexander Zuluaga Zuluaga, alcalde de Támesis; Néstor Fernando Romero Villada, alcalde de Tarso; Sergio Andrés Ceballos López, alcalde de Valparaíso; Ferney Darío Fernández, alcalde de Venecia;
ACUERDAN
PRIMERO: OBJETO. Impulsar de manera articulada la conformación de un asociativo bajo la figura de Provincia Administrativa y de Planificación y Gestión PAP, la cual permita:
1. Coordinar la planificación integral del desarrollo sustentable y sostenible del territorio.
2. Propiciar sinergias que permitan articular, proyectar, planificar y gestionar el desarrollo sostenible de los municipios de Jericó, La Pintada, Támesis, Valparaíso, Tarso, Caramanta, Montebello, Santa Bárbara, Venecia y Fredonia que fomenten tanto las autonomías territoriales de los municipios que la conforman como el desarrollo conjunto del territorio.
3. Estructurar un plan estratégico que aporte lineamientos, para la armonización de los esquemas de ordenamiento territorial de los municipios asociados, además de articularlos con los planes departamentales, nacionales, para generar economías de escala que promuevan la competitividad.
4. Propender por el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida a la población.
5. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales en materia territorial.
6. Promover las diversas estrategias de conservación y de protección de los ecosistemas para garantizar la disponibilidad del agua en la subregión, especialmente las cuencas de los Ríos Cauca, Río Piedras, Río San Antonio, Río Conde, Río Frío, Río Cartama, Río Buey, Río Poblanco, Río Arma; adicional a otras fuentes hídricas que permitan garantizar un suministro adecuado y permanente para la subregión.
7. Impulsar proyectos de desarrollo en diversas áreas como el turismo, la competitividad, la calidad de la educación, a partir de la integración de los territorios de acuerdo a sus potencialidades.
8. Avanzar en procesos de asociatividad regional, que propicien e impulsen el desarrollo autónomo y sostenible de la región.
SEGUNDO: COMPROMISO DE LOS MUNICIPIOS. Socializar y gestionar ante los respectivos Concejos Municipales la iniciativa para la aprobación de la Provincia Administrativa y de Planificación.
TERCERO: REPRESENTANTES. Actuaran como representantes de cada uno de los municipios que conforman el presente Acuerdo Marco de Integración Interinstitucional los alcaldes respectivos.
CUARTO: VOCERO. Actuará como vocero del presente Acuerdo Marco de Integración Interinstitucional ante las diferentes instituciones públicas, privadas nacionales o internacionales y demás sujetos de derecho, el alcalde que sea designado por consenso de los integrantes del presente acuerdo; la vocería se hará única y exclusivamente para los fines y competencias establecidos en este documento.
QUINTO: DURACIÓN. El presente Acuerdo estará vigente hasta la constitución de la Provincia Administrativa de Planificación y Gestión PAP.
El presente documento es suscrito a los cinco (5) días del mes de julio de 2016 en el municipio de Medellín-Antioquia.
Nota: Consulte por favor el siguiente artículo.
A propósito de la integración del Suroeste: Ley 1454
Por: Alonso Cardona A.
Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental
CONCIUDADANÍA
El 28 de Junio del 2011 Colombia se dotó de una Ley de Ordenamiento Territorial que había sido ordenada 20 años antes por la Constitución de 1991. En el Congreso de la República se habían tramitado sin éxito más de 20 proyectos de ley durante ese período, pero por fin se llegó a un acuerdo en el parlamento en torno a un proyecto que se denominó de mínimos. Eso significa que el legislativo no se acogió al Artículo 286 de la Constitución Política que autoriza que “la ley podrá darles carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se constituyan en los términos de la Constitución y la Ley”, sino que las creó como entidades administrativas y de planificación.
La diferencia es grandísima porque las entidades territoriales son autónomas y en consecuencia tienen gobierno propio, eligen sus propias autoridades por voto popular y pueden establecer impuestos, así como lo hacen los municipios y los departamentos. Si el parlamento hubiera desarrollado el Artículo 286 de la Ley de Ordenamiento Territorial habría reglamentado la formación de provincias como entidades territoriales, es decir, con autonomía. Pero el acuerdo político logrado entre los partidos apenas alcanzó para una ley, la 1454, que autoriza la formación de diferentes esquemas asociativos con el alcance restringido de administración y planificación y, en consecuencia, no pueden ejercer ninguna de las funciones propias de entidades autónomas, como se verá adelante.
Con esta precisión sobre el alcance, hay que afirmar sin ambages que la Ley 1454 representa un avance muy importante hacia formas de integración territorial. Reconoce, por fin, que la gran mayoría de los municipios colombianos, solos y aislados, no pueden cumplir las funciones que les ordena la Constitución: “prestar los servicios públicos que determina la ley, construir las obras que demanda el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes …”
.
En efecto, muchos de los fenómenos que se presentan en la vida local hoy trascienden los límites de la jurisdicción municipal y tienen que ser enfrentados por grupos de municipios y aun de departamentos. Los asuntos económicos no son locales, tampoco lo son los temas ambientales; las necesidades sociales van más allá de lo local, por ejemplo la salud; el ordenamiento territorial no es sólo local. Hay una cantidad de hechos que son típicamente regionales y no solo municipales. La ley reconoció esta realidad pero solamente a las grandes ciudades y les dio desde 1994 atribuciones para organizarse en áreas metropolitanas por medio de la Ley 128. Y como ha sido propio de la clase política de Colombia, siempre ha discriminado los pequeños pueblos, la población dispersa, porque no forman conglomerados de electores que le interesen para su supervivencia política.
Entremos en materia y volvamos a la Ley 1454 que le define como finalidad al ordenamiento territorial “promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos”. (Artículo 2).
Se plantean entonces temas claves: este ordenamiento o integración territorial es un proceso de descentralización en el sentido que representa un traslado de competencias y recursos del nivel nacional al territorial. Así que no son los municipios los que ceden competencias a la Provincia sino la Nación (y el Departamento) los que le entregan algunas de sus competencias al nuevo esquema asociativo para que puedan fortalecer la capacidad de gestión del territorio, dado que hay un conjunto de aspectos del desarrollo que los municipios aisladamente no pueden manejar ni la Nación ni el Departamento lo hacen. Por ejemplo, quién elabora un plan para gestionar las transformaciones que las autopistas de la prosperidad producirán en la vida de los municipios del Suroeste? Cada municipio, aisladamente, no puede hacer acciones significativas y las entidades de niveles superiores no intervienen sino en la construcción de esa infraestructura. ¿Quién elabora un plan de gestión del impacto en todo el territorio de la eventual construcción de la Hidroeléctrica Cañafisto, o de la construcción de una mina por la empresa Quebradona? ¿Quién piensa y gestiona adecuadamente el hecho regional del incremento del turismo en un conjunto de municipios que introduce muchos cambios en la vida local?
Por ello es tan importante la integración territorial. La ley no solo crea los esquemas asociativos como instrumentos de integración sino que contiene un conjunto de principios que deben conocerse porque son la base sobre la se fundamenta la integración territorial. Tales principios son: soberanía y unidad nacional, es decir, los esquemas asociativos no se crean para dividir la nación como a veces son atacados; autonomía, en el sentido que las entidades que se asocian no pierden su autonomía y la que se crea tiene una autonomía relativa para ejercer sus competencias; descentralización para ceder competencias desde la nación a los territorios; integración; regionalización, que reconoce la existencia de unidades territoriales culturales, geográficas, económicas, ambientales, ecosistémicas que pueden asociarse; sostenibilidad, como conciliación del crecimiento con la garantía de calidad de vida para las generaciones actuales y futuras; participación, para que “los ciudadanos tomen parte activa en las decisiones que inciden en la orientación y organización territorial”; solidaridad y equidad territorial para el desarrollo armónico del territorio y la nación; diversidad, que reconoce las diferencias de todo tipo con igual dignidad humana de todas las personas; gradualidad y flexibilidad para la adaptación progresiva de las instancias de integración territorial; prospectiva con visiones de largo plazo; paz y convivencia, con políticas para la convivencia y la construcción de paz; asociatividad; responsabilidad y transparencia; equidad social y equilibrio territorial para superar los desequilibrios entre divisiones territoriales; economía y buen gobierno y multietnicidad.
Estos principios que enuncia y define la Ley deben ser tenidos en cuenta siempre, porque se tiene la tendencia a fijarse en los esquemas asociativos y su funcionamiento, pero no en los principios que fundamentan su creación.
El título II de la Ley crea la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial y las Comisiones Regionales para que asesoren a los departamentos, distritos y municipios para que se puedan coordinar con mayor facilidad los proceso de integración.
En la anterior legislatura la Asamblea Departamental, mediante la Ordenanza No. 4 de febrero de 2014, creó la Comisión Departamental de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, aún no ha sido conformada ni por el gobierno departamental anterior ni por el actual. Conformar esta Comisión es esencial para que el proceso de Ordenamiento Territorial Departamental corresponda a una estrategia claramente establecida y no sea solamente el producto de iniciativas locales que no tengan en cuenta la ordenación del territorio como un todo.
El Artículo 10 de la Ley crea diferentes esquemas asociativos: “las regiones administrativas y de planificación, las regiones de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación, las asociaciones de municipios”.
Establece que las asociaciones de entidades territoriales se conformarán libremente por dos o más entidades territoriales; se crean para prestar servicios públicos de manera conjunta, para cumplir funciones administrativas propias o asignadas por la nación, para ejecutar obras de interés común, para cumplir funciones de planificación y procurar el desarrollo integral de sus territorios (Artículo 11).
Las Provincias Administrativa y de Planificación podrán se formadas por dos o más municipios contiguos de un mismo departamento. Se constituyen mediante Ordenanza de la Asamblea Departamental. La solicitud de ordenanza la pueden hacer los alcaldes de los municipios que quieran conformarla o el gobernador del departamento o el 10% de los ciudadanos que forman el censo electoral. Cualquiera de ellos puede tomar la iniciativa para solicitar la Ordenanza de constitución. (Artículo 16).
La formación de una Provincia es competencia exclusiva de la Asamblea Departamental y siempre los Concejo Municipales deben impartir su aprobación mediante Acuerdo municipal.
La Ley también establece que “el financiamiento de las Provincias Administrativas y de Planificación no generará cargos ni al presupuesto general de la Nación, ni al Sistema General de Participaciones, ni al Sistema general de regalías”. Lo cual significa que debe financiarse con otras fuentes diferentes a estas.
Las Provincias Administrativas y de Planificación serán entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes territoriales que las conforman (Artículo 17).
Tampoco los municipios que se asocien pueden generar gastos de funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto ni pueden aumentar su propia carga burocrática.
El Artículo 18 establece que la Nación podrá contratar o convenir con las Provincias Administrativas y de Planeación la ejecución asociada de proyectos estratégicos de desarrollo territorial, usando el mecanismo de los contratos-plan. También estas formas asociativas tendrán prioridad ante Fondo de Desarrollo Regional del Sistema General de Regalías.
Y el Artículo 20 define la delegación de competencias, así: “la Nación y los diferentes órganos del nivel central podrán delegar en las entidades territoriales o en los diferentes esquemas asociativos territoriales (…) atribuciones propias de los organismos y entidades públicas de la Nación, así como de las entidades o institutos descentralizados del orden nacional”. En la delegación se establecerán las funciones y recursos para su cumplimiento.
Este es el contenido de la Ley 1454, la cual no ha sido empleada aún por los municipios para formar esquemas asociativos para su integración territorial. La creación en el Suroeste de una Provincia Administrativa y de Planificación sería un hito histórico y tal vez desencadenaría un proceso de integración territorial en otras zonas del departamento y del país.Bienvenido este proceso que contribuirá a que los territorios tengan instrumentos político administrativos más adecuados para hacer gestión de los conflictos y problemas que se presentan en ellos y que hasta ahora no han sido bien atendidos por los municipios ni por el departamento.
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