Suroeste Antioqueño, abril 15 de 2016
Farallones del Citará, Camilo Arteaga
14 de abril de 2016
Lo que somos y podemos perder
EDITORIAL
La disgregación del Suroeste es una debilidad compartida entre los municipios que componen la subregión antioqueña. Debilidad frente a los planes del gobierno nacional que basa su política económica en un ideal de globalización, donde algunos países condicionan sus economías para que la riqueza de las multinacionales y el nivel adquisitivo de los habitantes de otros países sean tan altos que permitan incluso el derroche en un mundo pleno de necesidades. Sobra decir en cuál grupo de países se encuentra el nuestro.
Debilidad también frente a la dimensión del poder económico, político y cultural que ejerce el área metropolitana sobre nuestros pueblos. Las universidades, los centros hospitalarios, las ofertas culturales, la industria, el gran comercio, las comunicaciones, los negocios y las decisiones políticas están allí, concentradas y dispuestas inequitativamente.
Debilidad ante nuestras propias mezquindades y torpezas. Mezquindad cuando, pudiendo hacerlo, no favorecemos al campesino; egoísmo, cuando enceguecidos por una propaganda sin fundamento y plagada de odio y oportunismo, cerramos la puerta y el corazón para que cesen los asesinatos entre colombianos, el desplazamiento de millones de familias campesinas, el secuestro, el reclutamiento de menores y la desaparición de seres queridos.
Torpeza es desperdiciar nuestras potencialidades y recursos disponiéndolos al servicio del capital y la avaricia extranjera, es desconocer lo que hemos construido, a pesar de las dificultades, o gracias a ellas, para abrazar los ideales que nos encadenan en procesos destructores de la naturaleza, como si el ideal fuera vivir en un mundo contaminado, voraz, atiborrado de cosas superfluas que nos angustian por carecer de ellas.
En el Suroeste persiste una identidad cultural agonizante, pues como señala el alcalde de Támesis en la entrevista que incluimos en la presente edición: “Si no invertimos la tendencia de despoblamiento rural, en unos 25 o 30 años no tendríamos más campesinos”, es decir, estamos expuestos a perder la base de nuestra identidad que es la vida campesina y pueblerina.
¿Cómo, entonces, medio millón aproximado de habitantes del Suroeste, hijos de una historia campesina, cafetera y agropecuaria al occidente del Cauca, carbonífera y agropecuaria al oriente, retomamos el curso de nuestro destino que cedimos en la vana ilusión del dinero fácil que prometía el tráfico de desengaños y tropelías, o que escondimos y olvidamos junto al orgullo por la honestidad y la franqueza mortalmente amenazadas por la prepotencia de las armas, o que entregamos a cambio de migajas y floridas promesas de quienes, conociendo nosotros sus fechorías, cada cuatro años enarbolan falsas banderas de paternalismo, cambio y transparencia?
No encontramos mejor opción que unir, integrar, lo mejor de todos nosotros, nuestra voluntad y tesón, nuestra franqueza y humildad, para encarar lo que somos, en lo que estamos y lo que podemos perder si no nos decidimos a ganar. ¿Ganar qué? Ganar lo que nos quieren quitar: el agua para las minas, las hidroelectrícas y la especulación bancaria, las tierras para los pinos, para las parcelaciones, el alma para brindarnos el consumo de carajadas, lo que somos para ser nadie entre multitud de nadies.
Reconstruyamos lo que nos permite ser dignos: ser campesinos suroestanos.
Debilidad también frente a la dimensión del poder económico, político y cultural que ejerce el área metropolitana sobre nuestros pueblos. Las universidades, los centros hospitalarios, las ofertas culturales, la industria, el gran comercio, las comunicaciones, los negocios y las decisiones políticas están allí, concentradas y dispuestas inequitativamente.
Debilidad ante nuestras propias mezquindades y torpezas. Mezquindad cuando, pudiendo hacerlo, no favorecemos al campesino; egoísmo, cuando enceguecidos por una propaganda sin fundamento y plagada de odio y oportunismo, cerramos la puerta y el corazón para que cesen los asesinatos entre colombianos, el desplazamiento de millones de familias campesinas, el secuestro, el reclutamiento de menores y la desaparición de seres queridos.
Torpeza es desperdiciar nuestras potencialidades y recursos disponiéndolos al servicio del capital y la avaricia extranjera, es desconocer lo que hemos construido, a pesar de las dificultades, o gracias a ellas, para abrazar los ideales que nos encadenan en procesos destructores de la naturaleza, como si el ideal fuera vivir en un mundo contaminado, voraz, atiborrado de cosas superfluas que nos angustian por carecer de ellas.
En el Suroeste persiste una identidad cultural agonizante, pues como señala el alcalde de Támesis en la entrevista que incluimos en la presente edición: “Si no invertimos la tendencia de despoblamiento rural, en unos 25 o 30 años no tendríamos más campesinos”, es decir, estamos expuestos a perder la base de nuestra identidad que es la vida campesina y pueblerina.
¿Cómo, entonces, medio millón aproximado de habitantes del Suroeste, hijos de una historia campesina, cafetera y agropecuaria al occidente del Cauca, carbonífera y agropecuaria al oriente, retomamos el curso de nuestro destino que cedimos en la vana ilusión del dinero fácil que prometía el tráfico de desengaños y tropelías, o que escondimos y olvidamos junto al orgullo por la honestidad y la franqueza mortalmente amenazadas por la prepotencia de las armas, o que entregamos a cambio de migajas y floridas promesas de quienes, conociendo nosotros sus fechorías, cada cuatro años enarbolan falsas banderas de paternalismo, cambio y transparencia?
No encontramos mejor opción que unir, integrar, lo mejor de todos nosotros, nuestra voluntad y tesón, nuestra franqueza y humildad, para encarar lo que somos, en lo que estamos y lo que podemos perder si no nos decidimos a ganar. ¿Ganar qué? Ganar lo que nos quieren quitar: el agua para las minas, las hidroelectrícas y la especulación bancaria, las tierras para los pinos, para las parcelaciones, el alma para brindarnos el consumo de carajadas, lo que somos para ser nadie entre multitud de nadies.
Reconstruyamos lo que nos permite ser dignos: ser campesinos suroestanos.
Infaltables ambientales en los planes de desarrollo municipales 2016 – 2019
Por: Nelson E. Restrepo Ramírez
Los infaltables ambientales son mínimas exigencias legales y obligaciones para los Planes de Desarrollo Municipales 2016 – 2019 que expresan la necesidad de que los gobernantes cumplan las leyes ambientales en aspectos prioritarios para la ciudadanía.
Estos mínimos fueron elaborados en el marco del convenio firmado entre Conciudadanía y Corantioquia en 2015, herramienta usada por las mesas ambientales para incidir en los Programas de Gobierno de los candidatos en 2015 y los Planes de Desarrollo actualmente en formulación.
1. Destinación de mínimo el uno por ciento (1%) de los recursos corrientes del presupuesto anual, a la compra de predios para la protección de las cuencas abastecedoras de acueductos o al pago por servicios ambientales, en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993 ley del medio ambiente (modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, reglamentado por el decreto 0953 de 2013).
2. Revisión de corto plazo (obligatoria para todos los municipios) y revisión de largo plazo (para los municipios que no lo han realizado) del Plan o Esquema de Ordenamiento territorial, en el que se reconozca las áreas protegidas con incidencia en el territorio municipal, se adopte la vocación económica del territorio, se definan los usos del suelo urbano y rural, se reconozcan las fuentes de agua como bienes de interés público, entre otros, en coherencia con el artículo 10 de la ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial, el decreto nacional 2201 de 2003 de los determinantes de los planes de ordenamiento territorial.
3. Instalación y puesta en marcha o fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAM), como lo ordenan las leyes 99 de 1993 ley del medio ambiente y ley 115 de 1994 ley de educación.
4. Dar apoyo a la mesa ambiental municipal para su fortalecimiento interno; brindar apoyo económico, logístico, técnico al desarrollo de sus actividades municipales; en cumplimiento de la ordenanza 58 de 2014 de la Red Departamental de Mesas Ambientales.
5. Ejercer las competencias de autoridad de planeación y de policía frente a: actividades ilegales en el territorio incluyendo a la minería ilegal, actividades agropecuarias e industriales que estén en contravía el ordenamiento territorial, la vocación económica y las normas ambientales, en coherencia con las leyes 388 de 1997 de ordenamiento territorial, las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 que modernizan la organización y funcionamiento de los municipios.
6. Actualización del Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGRIS donde se incorporen estrategias de separación en la fuente, recolección de residuos sólidos en zonas rurales, gestión responsable del relleno sanitario, en cumplimiento de la resolución 0754 de 2014 de los Ministerios de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y definición de estrategias de adaptación al cambio climático, en cumplimiento de la ley 1523 de 2012 de la política nacional de gestión del riesgo de desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; con especial énfasis en la reubicación de población en zonas de alto riesgo, construcción de obras de infraestructura física para mitigar riesgos de inundación, impactos de avenidas torrenciales (avalanchas) como las sucedidas en La Liboriana en Salgar.
8. Conformar y poner en funcionamiento la Junta Municipal Defensora de Animales, en cumplimiento de la ley 5 de 1972, y la ordenanza 61 de 2014 de la política pública de bienestar animal en Antioquia.
Nota: En la edición número 2 de Integración, en el artículo sobre el proyecto Gestión comunitaria del agua en municipios del Suroeste, se dijo que “la Corporación Penca de Sábila es entidad asesora para el acompañamiento a los acueductos comunitarios”. Conciudadanía y el autor, aclaran que Penca de Sábila no es entidad asesora en el marco de este proyecto; así mismo, aclaramos que el Cinturón Occidental Ambiental COA acompaña el proyecto en lo local y no lo “lidera” como también fue expresado en dicho artículo. Ofrecemos disculpas por estas menciones imprecisas.
¿Se sostiene el ambiente en Antioquia?
Por considerarlo de especial interés para nuestros lectores, publicamos el concepto sobre la línea estratégica 4 de Sostenibilidad Ambiental emitido por el Consejo Departamental de Planeación sobre el proyecto de Plan de Desarrollo de Antioquia 2016-2019 “Pensando en Grande”, entregado a la comunidad por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez a ese Consejo.*
2.4 LÍNEA No. 4: Sostenibilidad Ambiental
En materia ambiental el Plan de Desarrollo de Antioquia, PDA, plantea como reto: “Conservar el capital natural de Antioquia, restaurar la calidad ambiental y reducir la vulnerabilidad del territorio al cambio climático lo que requiere de un efectivo ordenamiento ambiental del territorio”, no obstante, las metas sobre las concesiones mineras, títulos mineros y las centrales eléctricas expresan una realidad diferente, que reflejan más un interés por la comercialización de los recursos del territorio que la protección del patrimonio natural.
El PDA y las intervenciones públicas del Gobernador y otros funcionarios de la Gobernación no reconocen la experiencia, el acumulado y la potencialidad que tienen organizaciones y comunidades veredales para la gestión comunitaria del agua. En varias de las subregiones hay valiosas experiencias de acueductos comunitarios y veredales que requieren reconocimiento y apoyo de parte de la Gobernación y los municipios, igualmente generar una articulación con las empresas subregionales de servicios públicos.
El cambio climático es una afectación generalizada en donde las comunidades organizadas y la sociedad en general tiene mucho por aprender y aportar, por estar inmersas en el territorio y para esto las políticas deberán tener este enfoque, de igual manera apuntar hacia las causas que afectan ese cambio climática y tomar acciones al respecto.
El Plan menciona muy marginalmente la relación con las 4 CAR con jurisdicción en Antioquia, entendiendo que son entidades con diferentes competencias y autonomías, pero que requieren de mayor coordinación y concurrencia. Incluir de manera prioritaria el Parque Central de Antioquia en el que tiene también responsabilidad el departamento.
La carta de navegación de los municipios son los planes de ordenamiento territorial, en la cual es determinante la incidencia de administración departamental en su cumplimiento, con el fin de garantizar una sostenibilidad ambiental al territorial. La actualización de los planes de ordenamiento territorial requiere del apoyo técnico y financiero a los municipios por los costos que esto implica y que supera en muchos casos la capacidad financiera de muchos municipios.
En relación a la gestión del riesgo, se pueden evitar tragedias desde las alertas tempranas que ofrecen las comunidades asentadas en el territorio, es imprescindible los lazos de articulación entre el poder departamental y las comunidades.
Este Consejo recomienda mejorar las partidas presupuestales para el Área Ambiental, ya que se requiere fortalecer la capacidad tanto de la Secretaría del Medio Ambiente como la gestión relacionada con los grandes retos y desafíos Ambientales en el Departamento de Antioquia y sin lo cual no es posible atenderlos.
El Plan de Desarrollo de Antioquia tiene metas preocupantes en cuanto a titulación minera lo que va en contravía de la sostenibilidad ambiental que el mismo plan se propone y no guarda estricta coherencia tampoco con el énfasis que señala el mismo plan en la protección del agua. En varios de los Consejos consultivos subregionales realizados por el Consejo departamental de planeación se solicitó específicamente a la Gobernación que no se incentive proyectos mineros en sus territorios porque no tienen ningún interés en el desarrollo minero en sus regiones y solicitaron en caso de mantenerse esta meta en la versión definitiva del plan de Desarrollo de Antioquia que se cumpla rigurosamente con Sentencia constitucional que obliga a la información pública y consulta con las autoridades y comunidades locales. Se recomienda revisar para eliminar o dejar al mínimo las metas de titulación minera e incluso declarar la moratoria para que no se aprueben más títulos mineros (este fue el caso específico solicitado por la subregión del suroeste). Esta solicitud está ligada a poner efectivamente el énfasis en la protección y sostenibilidad ambiental como el mismo Plan lo pregona.
Consejo Departamental de Planeación
* Invitamos a conocer el concepto general emitido por el Consejo Departamental de Planeación sobre el Plan de Desarrollo de Antioquia 2016 - 2019
Estos son algunos temas de ese concepto:
• En el apartado de principios del PDA hay confusión en cuanto a los principios y valores que se priorizan.
• En el Plan hay gran deficiencia en relación con el tema de la participación ciudadana.
• Además de problemáticas y necesidades, existen potencialidades y procesos territoriales [en las subregiones] que tienen una trayectoria y que debieran incorporarse en el PDA.
El alcalde de Támesis
Iván Alexander Zuluaga Zuluaga, tamesino de nacimiento, administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializado en Gerencia Estrategia de la Universidad La Sabana en Bogotá, ha trabajado en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, administrador durante más de dos años del Hospital de Támesis, cargos administrativos y comerciales en distintos bancos del país; fue concejal tamesino a los 19 años y posteriormente presidente del Directorio Conservador de Támesis.
¿Cuáles son las prioridades que asumirá su Administración Municipal?
El hilo conductor de mi Administración lo hemos definido desde la campaña electoral: la familia. Hay que fortalecer la estructura familiar y mejorar la calidad de vida de las familias para reconstruir el tejido social y brindar condiciones mínimas vitales de dignidad que se materializan en vivienda, salud, educación y empleo, a partir de los cuales se puedan trabajar temas psico-sociales, de prevención de la adición de los jóvenes, maltrato a las mujeres, violencia intrafamiliar, alcoholismo, etc. Si al final del día lo que hemos hecho se ha enrutado hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las familias urbanas y rurales, entonces, ha valido la pena, pero si no, habrá que revaluar y replantear el camino. Insisto en la atención a las familias rurales porque así evitamos el alejamiento de los jóvenes campesinos de la actividad agrícola, fenómeno que afecta todo Antioquia donde el promedio de edad del campesino es de 51 años, mientras que en Boyacá es de 34 años, lo que está indicando la pérdida de toda una generación de campesinos por ausencia de condiciones dignas para las familias rurales, y si no invertimos la tendencia de despoblamiento rural, en unos 25 o 30 años no tendríamos más campesinos. Algunos factores que han contribuido a este despoblamiento son la concentración de la tierra que se dio en las décadas del 80 y 90 por la compra de pequeñas parcelas con dineros provenientes del narcotráfico que terminaron creando grandes haciendas ganaderas que no requieren mayor mano de obra, y la crisis cafetera que redujo la rentabilidad del negocio que durante mucho tiempo fue el más promisorio de la región.
¿Qué planes tiene su Administración hacia la integración regional?
Para evitar que las transformaciones en el desarrollo nacional arrase nuestra gente, nuestra identidad y los recursos naturales, tenemos que pensar y acordar temas comunes desde los Esquemas de Ordenamiento Territorial para el desarrollo regional, la protección de los recursos naturales, en especial el agua y la prestación de los servicios públicos frente a un posible sobre-poblamiento. Recientemente firmamos un acuerdo macro los alcaldes de Jericó, La Pintada, Valparaíso y Támesis pensando que podamos hacer una planeación territorial subregional para llegar ante el gobierno nacional buscando un contrato plano para temas comunes.
¿Cómo avanza el proyecto bioparque regional de aprovechamiento de residuos sólidos?
Hoy estamos formulando un anteproyecto que incluye gestionar con la Secretaría departamental de agricultura la primera etapa de la empresa de desarrollo agropecuario de Antioquia en la hacienda Pescadero donde habría un proceso de asociatividad campesina, y el de la empresa de revalorización de residuos sólidos que se convierte, mediante una ordenanza recientemente aprobada, en plan piloto de aprovechamiento de residuos sólidos y también de residuos orgánicos con el uso de un biodigestor para producir abonos y gas.
¿En que estado se encuentra la pequeña central hidroeléctrica, PCH, sobre el río Conde?
Esta PCH es a filo de agua, o sea, sin ningún tipo de represamiento, está culminando el estudio técnico y de ajuste presupuestal, se ha firmado acuerdos de entendimiento, se ha invitado a los municipios de Valparaíso y Caramanta y está GEN+ e IDEA, lo que sigue de inmediato es armar la sociedad que requerirá unos 27 mil millones de pesos. El proceso ya tiene la licencia ambiental al orden del día, el IDEA la ha recibido y por eso se viabiliza para que los municipios definan su participación en la sociedad que cuenta con el apoyo financiero de la Gobernación y el IDEA, creo que en enero o febrero de 2017 podemos iniciar la construcción.
El proyecto, que está planteado para producir 3.5 Megavatios que irán a la interconexión nacional produciendo unos 4.500 millones de pesos anuales a ser repartidos según la inversión de los municipios asociados, hace parte de una nueva concepción de producción energética alternativa a los grandes represamientos de ríos que causan graves impactos ambientales, además de los beneficios presupuestarios que generarían al municipio para proyectos de inversión que no nos hagan tan dependientes de las transferencias nacionales o departamentales. Las PCH son amigables con el medio ambiente y son importantes para la región, por eso una parte de su beneficio económico tendrá que ser invertido en la conservación de la fuente, de sus nacimientos y áreas protegidas.
Por encontrarnos todavía en una etapa en que no hemos definido las participaciones de los municipios, no se ha empezado el acercamiento de socialización precisa con las comunidades directamente vinculadas al río Conde.
Pequeñas centrales hidroeléctricas en el Suroeste
Por: Jaime Arbelaez Restrepo
“La energía hidráulica se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior, lo que provoca el movimiento de rotación de ruedas hidráulicas o turbinas que se transmite a un generador eléctrico, éste produce energía eléctrica llamada Energía Hidráulica, y el sitio de dónde se obtiene, Central Hidroeléctrica
La presencia de centrales hidroeléctricas, las cuales a pesar de ser “en cierto sentido” conservadoras del medio ambiente, producen grandes cambios en los ríos, tanto en sus cauces como en todo su entorno.
En las primeras fases de desarrollo de las centrales, es decir, de su construcción y en su proceso de establecimiento, se comienzan a intervenir los bosques y los causes haciendo vías de acceso más apropiadas para el traslado de materiales, lo que representa habitualmente un número significativo de tala arbórea, desvíos y modificaciones del curso del río, y en definitiva, un cambio brusco de todo el entorno natural.
Las consecuencias de la construcción quedan a la vista, y no se necesita la ayuda de un experto para poder observar los grandes cambios que sufre y que sufrirá un río a causa de un proyecto de explotación energética de este tipo.
Centrales a filo de agua: Centrales a filo de agua servida, también denominadas centrales de agua fluyente o de pasada, utilizan parte del flujo de un río para generar energía eléctrica. Operan en forma continua porque no tienen capacidad para almacenar agua, no disponen de embalse. Aprovechan el agua disponible en el momento, según la capacidad instalada. En estos casos las turbinas pueden ser de eje vertical, cuando el río tiene una pendiente fuerte u horizontal cuando la pendiente del río es baja”. [Universidad de Oriente, Venezuela]
De lo anterior se desprende entonces que una central hidroeléctrica a filo de agua puede ser una obra sumamente sencilla y poco costosa ante otras posibilidades.
La Mesa Ambiental de Andes, MEAMA, entiende que la energía hidráulica es la menos contaminante ambientalmente y guardamos algunas reservas en cuanto a sus localizaciones y equilibrio social.
Localización: Se debe tener en cuenta fundamentalmente que aguas arriba o aguas abajo del sitio de captación no se encuentren “bocatomas” que surtan acueductos comunitarios, canales que permitan el movimiento de maquinarias destinadas al beneficio de productos agrícolas, tales las “pelton” para el beneficio del café o la caña panelera; observar si los azud o diques interrumpen el ciclo reproductivo de los peces u otras especies faunísticas y finalmente, cómo se afectará el cauce de la fuente, entre la localización del sitio de captación y el punto de vertimiento, al quedar únicamente con el caudal ecológico.
Estas observaciones se hacen porque, si bien es cierto, que nuestra legislación habla de “prioridad al consumo humano”, no es menos cierto que también existe legislación en favor de los privados, generando conflictos sociales, conflictos que generalmente se resuelven en favor de los particulares, pues ya, “el bien común no prima sobre el bien particular” por aquello de “Proyectos de Utilidad Pública e Interés Nacional”; miren por qué:
Desequilibrio social: Las nuevas disposiciones privatizadoras les han brindado toda clase de “gabelas” a los inversionistas privados.
Como se vislumbraba desde hace algunos años y se puede constatar ahora, las grandes crisis de la humanidad están fundamentadas en el agua y la energía, es decir, la riqueza se sustenta en estos dos elementos, por lo tanto, los inversionistas tenían que buscar la manera de que la plata les llegue de una manera fácil y segura a los monopolios, para ello se inventaron los “incentivos a la generación de energía” y legislaron de esta manera:
Decreto No. 1541 de julio 28 de 1978: Artículo 37°.- El suministro de aguas para satisfacer concesiones está sujeto a la disponibilidad del recurso, por tanto, el Estado no es responsable cuando por causa naturales no pueda garantizar el caudal concedido. La precedencia cronológica en las concesiones no otorga prioridad y en casos de escasez todas serán abastecidas a prorrata o por turnos, conforme el artículo 122 de este Decreto.
Artículo 122°.- En casos de producirse escasez critica por sequías, contaminación, catástrofes naturales o perjuicios producidos por el hombre, que limiten los caudales útiles disponibles, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente podrá restringir los usos o consumos temporalmente. A tal efecto podrá establecer turnos para el uso o distribuir porcentualmente los caudales utilizables. El presente Artículo será aplicable aunque afecte derechos otorgados por concesiones o permisos.
¿Quién nos garantiza entonces que un acueducto comunitario no será sometido a racionamientos?
Exigibilidad de la licencia ambiental. Decreto No. 1220 del 21 de abril de 2005:
Artículo 7º. Estarán sujetos a licencia ambiental únicamente los proyectos, obras y actividades que se enumeran en los artículos 8º y 9º del presente decreto.
Artículo 8º. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, otorgará o negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades:
3. En el sector eléctrico:
a) La construcción y operación de centrales generadoras con una capacidad mayor o igual a 10 MW (megavatios) y menor de 100 MW.
Es decir, las hidroeléctricas con capacidad menor a 10 MW no requieren licencia ambiental; pero no es todo.
Transferencias del sector eléctrico. La Ley 1450 de 2011 determina que el Artículo 45 de la Ley 99 de 1993 quedará así:
Artículo 45. Las empresas generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios (10 MW), transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia de acuerdo con la tarifa que para ventas en bloque señale la Comisión de Regulación Energética, de la manera siguiente:
1. El 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto.
2. El 3% para los municipios y distritos localizado en la cuenca hidrográfica, distribuidos de la siguiente manera:
a) El 1.5% para los municipios y distritos de la cuenca hidrográfica que surte el embalse, distintos a las que trata el literal siguiente;
b) El 1.5% para los municipios y distritos donde se encuentran en el embalse;
Por lo tanto, las hidroeléctricas con capacidad instalada de 10 o menos MW no solo quedan exentas de invertir el 1% de su valor en las microcuencas de donde se capta el agua, sino, que además, no están obligadas al pago de las transferencias que se mencionan el Artículo 45, en un claro detrimento patrimonial de las Corporaciones Autónomas y de los municipios.
Es claro, entonces, que este tipo de centrales hidroeléctricas es una dádiva del gobierno nacional a los inversionistas privados, pues el gobierno ha declarado “de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales”, obligando a los departamentos y municipios a dedicar un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos para adquirir zonas de conservación de las fuentes hídricas.
Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado a los operadores comunales de los acueductos rurales sobre peligro de privatización de estos sistemas, política disimulada en los Planes Departamentales de Agua y ahora concebidos como Plan de Regionalización de Acueductos Rurales bajo la dirección del Departamento de Antioquia.
Conclusión: Si bien la producción de energía hidráulica es la más amigable con el medio ambientes, se debe hacer una valoración de costo - beneficio, valoración en la que deben de participar las comunidades comprometidas.
En cuanto a las pequeñas centrales hidroeléctricas a filo de agua menores de 10 MW, es necesario que se le financie en un alto porcentaje la construcción a los municipios para que sean sus directos administradores, o en su defecto, que los particulares no estén exentos del pago de transferencia e inversión del 1% en las microcuencas, pues no es justo que los municipios, las corporaciones y los ciudadanos compren las tierras para conservación y protección del patrimonio hídrico para que posteriormente unos parásitos se enriquezcan sin ningún esfuerzo, y repito, después de sopesar los posibles perjuicios ambientales.
El cambio clímático y las energías alternativas
Por: Alonso Cardona A. (1)
En el mes de diciembre del 2015 Martha Nussbaum, una filósofa norteamericana, pronunció un discurso en la ciudad de Medellín en el cual incluyó el tema sobre las capacidades ciudadanas para el desarrollo humano. Esto fue lo que dijo:
“Si una nación quiere promover ese tipo de democracia humana, sensible a las personas, una dedicada a la promoción de oportunidades para ‘la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad’ para todos y cada uno, qué habilidades necesitará producir en sus ciudadanos. Por lo menos las siguientes parecen cruciales:
• La capacidad de deliberar bien acerca de los problemas políticos que afectan a la nación, para examinar, reflexionar, discutir, y debatir, sin deferir de la tradición ni de la autoridad
• La capacidad de pensar en el bien de la nación como un todo, no sólo del propio grupo local, y para ver la propia nación, a su vez, como parte de un orden mundial complicado en el que problemas de muchos tipos requieren de una deliberación transnacional inteligente para su resolución
• La capacidad de preocuparse por la vida de otros, de imaginar lo que las políticas de muchos tipos significan en cuanto a las oportunidades y experiencias de uno de sus conciudadanos, de muchos tipos, y para la gente fuera de su propia nación”(2).
Esta segunda capacidad implica vernos como “ciudadanos del mundo” porque estamos afectados, profundamente afectados, por lo que sucede a nivel global pero, al mismo tiempo, con nuestro comportamiento podemos afectar al resto del mundo.
Por ello es importante entender el fenómeno del calentamiento global. En síntesis, la temperatura de la tierra va en aumento como consecuencia de causas naturales y de la intervención humana; los científicos consideran que el calentamiento global actual se explica esencialmente por causa de actividades humanas.
Este calentamiento global de origen antrópico es producido por la acumulación en la atmósfera del gas dióxido de carbono - CO2 - emitido por la quema de combustibles fósiles como los hidrocarburos y el carbón, y por la deforestación; la acumulación de CO2 en la atmósfera causada por el hombre viene presentándose especialmente a partir de la era industrial – 1750 - pero en años recientes – desde 1970 - ha venido incrementándose sobre niveles no alcanzados en cientos de miles de años. En marzo de 2015 la concentración mensual de CO2 llegó a 400 partes por millón, la más alta en varios millones de años. Estos gases acumulados retienen calor en la atmósfera y producen un efecto invernadero que consiste en el aumento en la temperatura de la atmósfera y la superficie de la tierra. Las proyecciones de los “modelos climáticos indican que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá probablemente 0,3 a 1,7 °C para su escenario de emisiones más bajas usando mitigación estricta y 2,6 a 4,8 °C para las mayores emisiones”(3). Los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Rusia, China, otros países de Europa y Eurasia producen el 71,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las consecuencias de este fenómeno serán: la acidificación de los océanos y el aumento del nivel del mar porque se derriten los glaciares, los cambios en los ecosistemas terrestres y la reducción de su biodiversidad, la extinción de muchas especies animales y vegetales que no podrían vivir en ese medio más cálido, el cambio obligado de vocación de los suelos y la potencial crisis alimentaria porque muchas especies vegetales solo se adecúan a determinadas temperaturas, la reubicación obligada de mucha población residentes en el nivel del mar, las sequías y expansión de los desiertos, la crisis hídrica pero también las inundaciones. Otro efecto, que ya estamos viviendo, es la presencia de fenómenos climáticos extremos y más frecuentes. Estos impactos podrían ser dramáticos y catastróficos para muchas especies de vida sobre la tierra, incluyendo, por supuesto para parte de los seres humanos.
Desde 1992 algunos de los países más industrializados (con excepción de los EEUU y China) y luego todo los países del sistema de las Naciones Unidas se comprometieron a poner en marcha diferentes tipos de medidas para reducir la emisión atmosférica de gases de efecto invernadero. La meta propuesta es limitar el incremento de la temperatura media global a menos de 2º C o incluso por debajo de 1,5º C. No obstante, el compromiso suscrito en Kioto y luego en Copenhague, Cancún y París ha sido muy pobre, a pesar de los llamados de urgencia, porque afecta los intereses de las grandes empresas multinacionales productoras de combustibles fósiles (petróleo, carbón y gas), las cuales no solo no han disminuido las emisiones sino que las han aumentado desde Kioto (1997) y se vienen enriqueciendo aún a costa de poner en riesgo el futuro de toda la humanidad.
Es aquí donde surge el tema de la urgente necesidad de disminuir la producción y uso de los combustibles fósiles como fuente predominante de energía no renovable y de la introducción de otras alternativas de producción de energía renovable, más limpia y menos contaminante, justamente para mitigar el cambio climático. Estas fuentes de energía son diversas, entre las cuales se encuentra la energía de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (ley 1715 de 2014), que son mundialmente considerados como fuentes de energía sostenibles y que “pueden desempeñar un papel crucial en la reducción de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que contribuiría a la estabilización de los sistemas climáticos y en la transición sostenible, segura y sin sobresaltos hacia una economía baja en carbono”(4).
La construcción de microcentrales productoras de energía hidráulica inscrita en este contexto mundial es un interés de la humanidad y un interés del movimiento mundial contra las emisiones de combustibles fósiles. Y podría ser también un interés de las comunidades locales municipales o de grupos de municipios que podrían satisfacer sus propias necesidades energéticas y colocar sus excedentes en el mercado nacional de energía.
Naturalmente cumpliendo todos los requisitos de minimizar los impactos ambientales con mínimas alteraciones de la estructura y el funcionamiento de los caudales de ríos y quebradas (tal como lo establece la política departamental del agua), esas plantas de energía pueden ser una fuente de empleo y de recursos para las comunidades locales y para los municipios, así como una forma de ejercicio de la autonomía local, de ejercicio de soberanía sobre el patrimonio hídrico y natural.
No es comprensible que esa fuente de recursos indispensables para el bienestar de las comunidades locales y la protección del medio ambiente se esté yendo a manos privadas cuyo principal interés es el lucro de propietarios y accionistas.
(1) Las ideas expuestas en este artículo solo comprometen a su autor.
(2) Discurso de Martha Nussbaum al recibir el doctorado honoris causa de la UdeA. Entrevista a Víctor Correa
Es conocido tu respaldo a los movimientos sociales colombianos defensores del ambiente sano y la democracia participativa en la Cámara de Representantes, ¿Qué iniciativas de resistencia territorial frente a los proyectos mega mineros se pueden adelantar desde el Congreso?
Son varias iniciativas que es necesario abordar en vista de que el actual marco normativo en nuestro país esta orientado para favorecer los intereses de las grandes mineras y de las actividades extractivistas. Una de ellas es un acto legislativo que modifique la Constitución tendiente a fortalecer y garantizar la autonomía territorial para determinar si se hace o no minería en le municipio. Esta es una herramienta en la que estamos comprometidos en sacar adelante y que sería muy útil para poder llevar a que las discusiones políticas territoriales, a que los colectivos regionales, a que las mesas ambientales y la ciudadanía en su conjunto, puedan incidir directamente sobre las actividades económicas que los afectan, como es el caso de la minería.
Otro proyecto importante está relacionado con las pequeñas centrales hidroeléctricas que se ha querido vender como la gran apuesta para el desarrollo de nuestra subregión y terminan entrando en nuestras realidades bajo una cantidad de argumentos medio ambientales, económicos y sociales falaces. El primero es que las pequeñas centrales hidroeléctricas no causan impactos medio ambientales, cuando en verdad tienen impacto durante la construcción afectando definitivamente los terrenos aledaños, reduciendo los cauces, imagínese un verano como el que acabamos de vivir sometidos al desvío de agua por parte de estas centrales; también afectan el equilibrio biológico y distribución de nutrientes que alimentan los seres dependientes de los ríos, entre otras consecuencias negativas estrechamente relacionadas con el impacto de estas pequeñas centrales hidroeléctricas. En segundo lugar, no pagan regalías que terminan en manos de capitales privados que no es que contribuyan enormemente al desarrollo de nuestros municipios. Tampoco es la gran fuente de empleo ni protegen las cuencas porque su negocio es el agua y dejan la protección a las alcaldías. Vamos a adelantar un proyecto de ley al respecto.
¿ Y si el propietario de la pequeña central es el municipio?
En este caso hay que tener presente que así no se borra de tajo el problema medio ambiental, pero por lo menos los recursos económicos van para lo público que, si están bien direccionados, sí pueden llevar a la protección de las cuencas y a una mitigación de los impactos que causan, además de la obtención de medios para otro tipo de proyectos.
¿A quién corresponde la reglamentación del reciente fallo de la Corte Constitucional que obliga concertar con los municipios los procesos mineros en sus territorios?
Le compete al Congreso acometer esta tarea y estamos adelantando un proyecto legislativo que aclare cómo sería esta concertación para que no sea un asunto al arbitrio de los ministerios o del Presidente.
¿Cómo promover procesos de integración en el Suroeste ante el detrimento de la vida pueblerina y campesina acentuado por la dependencia del área metropolitana del Valle de Aburrá y la imposición del modelo extractivista?
En el Suroeste existen múltiples organizaciones sociales de base, asociaciones campesinas, de transportadores, de productores, cooperativas, mesas y colectivos ambientalistas, una población universitaria, etc., que deben converger en un proceso de integración que vaya más allá de las dinámicas económicas, que por supuesto es un asunto sobre el que hay que trabajar, pero la integración se tiene que dar desde la gente. Por esto es que acompañamos la propuesta que ha surgido de la creación de un Foro Social del Suroeste en participen todos los actores, no sólo de la dirigencia política y económica, sino todos los actores sociales, sobre todo los provenientes del movimiento social, para que puedan articularse y fomentar desde la base la integración territorial.
¿Cuál es tu apreciación del estado actual de las negociaciones para el cese del enfrentamiento armado en Colombia?
Yo veo con gran esperanza lo que está pasando en nuestro país con el avance de las negociaciones en La Habana y la apertura de la fase pública de negociaciones con el ELN. Colombia ha vivido décadas y décadas de conflicto y hemos sido bastante permisivos con la guerra e incluso hemos llamado a la guerra de manera reiterativa, ahora tenemos la oportunidad de llamar a la paz, cesar una máquina atroz que lleva 7 millones de víctimas, más de 200 mil asesinatos, decenas de miles de desaparecidos con impactos económicos de toda índole, son hechos que todos los colombianos deberíamos unirnos para buscar la solución concertada de los problemas, la salida negociada no solo de la guerra, sino de todas las conflictividades que vive nuestro país, para que nunca más sean las armas utilizadas para hacer política. Yo veo como positivo lo que está pasando, yo añoro un país en paz.
Se han presentado muchas críticas al proceso, esto está bien, somos una democracia, pero se han hecho también críticas mentirosas que han contribuido desde la desinformación a hacer mal ambiente al proceso de paz, para dar un ejemplo, le están entregando el país a las Farc, lo cual es una falacia absoluta porque cuando se miran los puntos ya negociados no se puede concluir eso, por el contrario, el gobierno partió de la posición clara de que no iba a negociar el modelo económico y allí no se toca un pelo el modelo económico. Por ejemplo en el tema agrario, la preocupación de algunos es que les quiten la tierra que mal se apropiaron durante la guerra y no que se las entreguen a las Farc, lo que no va a pasar, porque esas tierras serán devueltas a los campesinos.
Aclaración frente a publicaciones realizadas por el Comité de Integración Territorial
El Cinturón Occidental Ambiental COA, proceso de articulación y coordinación regional de organizaciones indígenas, campesinas, grupos sociales y ambientales del Suroeste de Antioquia que promovemos la defensa de los derechos y la autonomía territorial, nos pronunciamos ante la opinión pública para aclarar publicaciones difundidas en el periódico Integración de Marzo 15 de 2016:
En la fecha del 15 de Marzo de 2016 se publicó el número 2 del periódico Integración, medio de comunicación difundido en varios municipios del suroeste y que es coordinado por el Comité por la Integración del Suroeste, apoyado por Conciudadanía y el proyecto Diálogo Democrático para la Seguridad Ambiental, en el cual se adjuntó una plantilla que está titulada “EL SUROESTE FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL”.
En este espacio se señala que varias organizaciones sociales e instituciones municipales participaron del ENCUENTRO SUBREGIONAL DEL SUROESTE DE ANTIOQUIA en el municipio de Jericó en la fecha del 25 de abril de 2015, incluyendo al Cinturón Occidental Ambiental COA.
Aclaramos que el Cinturón Occidental Ambiental COA en ningún momento participó de este espacio, posición ratificada por nuestro Núcleo Base. Sin embargo, consideramos que algunas de estas propuestas, que son resultado de este encuentro, van en contravía de nuestros principios de autonomía y defensa territorial:
LÍNEA ESTRATÉGICA 2. LA NUEVA RURALIDAD, PARA VIVIR MEJOR EN EL CAMPO – COMPONENTE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS DE APOYO. Programa 6 – Propuesta cuatro:
Asesorar y apoyar a los municipios dispuestos a vincularse al mercado de la energía para mejorar sus finanzas a partir de la construcción de Pequeñas Centrales Hidráulicas PCH.
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. EQUIDAD SOCIAL Y MOVILIDAD. Manejo integral de los residuos sólidos con sostenibilidad ambiental en las zonas urbanas del departamento. PROPUESTA NUEVE:
Asesorar y apoyar el Bioparque Támesis – Valparaíso como un proyecto supramunicipal que resuelve una necesidad de mejoramiento en la calidad de vida de la población y como instrumento de integración territorial para varios municipios.
Queremos señalar que el Cinturón Occidental Ambiental – COA rechaza categóricamente la reproducción del modelo extractivo a escalas municipales que termina cooptando lo “público”, subordinándolo a lógicas privadas e impositivas como ha sucedido con EPM, quien viene fomentado la expropiación a partir de represas y microcentrales en diferentes lugares del Antioquia, despojando a las comunidades de sus bienes comunes, situación que puede suceder con administraciones locales y regionales del suroeste.
Como proceso constituido en bases indígenas y campesinas, le apostamos a las acciones de formación y participación popular que permitan pensarnos el territorio y construir el proyecto de vida que queremos, con conciencia clara de nuestras raíces culturales.
El COA tiene como principio la implementación de ejercicios de autodeterminación territorial donde efectivamente existan garantías de participación comunitaria y territorial hacia la construcción de Planes de Vida que representen alternativas al desarrollo, a partir de definiciones colectivas y relacionamientos armónicos con nuestras fuentes de agua, la biodiversidad, las economías indígenas y campesinas, el saber ancestral, la diversificación de la producción, el patrimonio arqueológico, histórico y cultural.
Como hijos de la montaña y el agua, seguiremos luchando por defender y disfrutar las riquezas de este Territorio Sagrado para la Vida.
CINTURÓN OCCIDENTAL AMBIENTAL – COA
Suroeste de Antioquia: Territorio Sagrado Para la Vida
Determinantes del ordenamiento territorial
Antes de ver con precisión cuáles son los asuntos municipales y regionales que deben ser ordenados en los Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial, es necesario tener en cuenta que en Colombia, aunque los municipios gozan de autonomía para ordenar su territorio, hay leyes y normas de que ponen límite a esa autonomía, son los determinantes del ordenamiento territorial. Por ejemplo, una carretera intermunicipal solo puede ser intervenida por la Gobernación, o una área de protección natural, digamos un Distrito de Manejo Integrado, no puede ser declarado por el municipio como zona de producción agrícola intensiva.
Veamos esos determinantes, en primer lugar, LAS LEYES con mayor jerarquía dentro del ordenamiento territorial:
La Constitución Política Nacional, es la Ley bajo la cual está establecida toda la normatividad que reglamenta el funcionamiento del Estado y los derechos y deberes de los ciudadano.
Ley 1454 de 2011 que dicta las normas de ordenamiento territorial para la organización político administrativa del territorio colombiano.
El Artículo 29 de esta Ley marca las competencias en materia de ordenamiento del territorio de la Nación, los departamentos y los municipios. Estas son algunas:
_________________________________________________________________________________
• Asuntos de interés nacional: áreas de parques nacionales y áreas protegidas.
• Localización de grandes proyectos de infraestructura (carreteras nacionales, aeropuertos, etc.)
• Determinación de áreas limitadas en uso por seguridad y defensa.
• Los lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades, distribución de los
servicios públicos.
• La conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural.
• Definir los principios de economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir los departamentos y municipios.
_________________________________________________________________________________
• Establecer directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones
específicas de su territorio.
• Definir las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos.
• Orientar la localización de la infraestructura física-social.
• Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de
sus municipios y entidades territoriales indígenas.
• Los departamentos y las asociaciones que estos conformen podrán implementar programas
de protección especial para la conservación y recuperación del medio ambiente.
_________________________________________________________________________________
• Formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio.
• Reglamentar de manera específica los usos del suelo, en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes.
• Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos
12 de abril de 2016
Concepto sobre el Plan de Desarrollo de Antioquia
Por considerarlo
de especial interés para nuestros lectores, publicamos la parte general del
concepto emitido por el Consejo Departamental de Planeación sobre el proyecto
de Plan de Desarrollo de Antioquia 2016-2019 “Pensando en Grande”, entregado a
la comunidad por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez a ese Consejo.
ANÁLISIS SOBRE ENFOQUE Y ALCANCE
DEL PLAN DE DESARROLLO DE ANTIOQUIA
1.1. Principios y enfoques:
El documento de las Bases del Plan de
Desarrollo de Antioquia -PDA- parte de enfoques y principios, que son comunes
en estos documentos, pero que no han tenido una incorporación consecuente en
las partes interiores del Plan. Hay una separación entre la parte declarativa
de las orientaciones fundamentales con la parte programática en las líneas
estratégicas, componentes y programas.
Los principios y enfoques debieran verse
directamente reflejados en la manera de concebir y desarrollar las líneas, los
componentes y los programas; a manera de ejemplo, el enfoque de equidad de
género no se ve reflejado en todas las líneas y termina convirtiéndose
finalmente en programas específicos y no en un enfoque orientador de toda la
gestión pública departamental.
En el apartado de principios del PDA hay
confusión en cuanto a los principios y valores que se priorizan, puesto que se
pone en el mismo nivel de principios a la vida, como valor supremo, y a la
velocidad del desarrollo. Existen valores y principios que recomendamos
incorporar, para la fundamentación del plan, como lo son la ética de lo
público, el buen gobierno y la participación ciudadana. Así mismo, en los
enfoques recomendamos tener en cuenta la Acción sin daño.
Otro de los enfoques generales, y en
varias de sus líneas, el PDA se centra en la competitividad, productividad y
desarrollo económico, con un desnivel grande en relación con el desarrollo
humano orientado al Buen Vivir y en el que se debería tener en cuenta los
principios que recomendamos incorporar, mencionados en el párrafo anterior.
Por ejemplo, en el Plan hay gran
deficiencia en relación con el tema de la participación ciudadana, no es
contundente en la manera como la respeta e incluye, como derecho humano, ni en
la forma como va a potenciarla durante el cuatrienio. En este sentido, el Plan
requiere armonizarse con la Ley de Participación Democrática aprobada en julio
de 2015.
Además, también debe haber sincronía con
diferentes políticas departamentales, muchas de ellas adoptadas mediante
Ordenanzas, en las que es claro la manera como se dinamiza la relación entre la
Gobernación y la sociedad civil y en los criterios y rutas de promoción y
fortalecimiento de la participación ciudadana y otros valores necesarios para
la comunidad.
El Plan requiere una revisión desde el
punto de vista de coherencia sistémica en relación con los enfoques que aborda
porque se manifiestan diferencias significativas entre diversos apartados del
plan; a manera de ejemplo, enfatiza en la sostenibilidad ambiental y en la
protección prioritaria del agua; y al mismo tiempo, se propone metas altas en
relación con la titulación minera sin considerar los grandes efectos de la
minería para la sostenibilidad ambiental y aún más específicamente en relación
con las afectaciones sobre el patrimonio hídrico. Hay por lo tanto
inconsistencia en varios de los enfoques adoptados y en las declaraciones
que realiza el propio Plan.
1. 2. Diagnóstico y caracterización de subregiones y poblaciones:
La parte diagnóstica, si bien puede ser
comprensible el espacio reducido que se le dedica en el plan, no se corresponde
con análisis de dinámicas departamentales y subregionales donde, además de
problemáticas y necesidades, existen potencialidades y procesos territoriales
que tienen una trayectoria y que debieran incorporarse en el PDA.
Además, es necesario que la
caracterización de las subregiones se exprese luego en la parte programática,
reconociendo las particularidades, diversidad y necesidades de cada una de las
subregiones. Este es uno de los aspectos más frecuentemente reclamado en
los Consejos Consultivos Subregionales, por la necesidad de cada subregión de
verse específicamente nombrada e incluida en cada una de las líneas
estratégicas del Plan.
De los nueve (9) Consejos Consultivos
Subregionales realizados es común que se reclamen al Gobierno Departamental
asuntos como los siguientes:
ü Mayor reconocimiento de las dinámicas territoriales particulares de cada
subregión y una priorización de problemáticas, necesidades y retos,
identificadas con la participación de las comunidades, instituciones y
habitantes de las propias subregiones.
ü Concertación con autoridades y comunidades locales de los proyectos o las
intervenciones que tienen efectos transformadores sobre sus territorios y
habitantes.
ü Mayor especificidad en la enunciación e identificación de los indicadores
de producto y metas para cada una de las subregiones, puesto que los
indicadores y metas globales departamentales no permiten ver la inclusión,
participación y beneficio específicos de cada una de las subregiones y
municipios.
ü Mayor apoyo por parte de la Gobernación en la gestión con entidades
nacionales para facilitar política, técnica y económicamente la implementación
de leyes, políticas y planes del orden nacional que se concretan y se demanda
por los habitantes y comunidades en el nivel local, teniendo en cuenta
que es en los municipios donde los habitantes ven la expresión concreta del
Estado y donde se exige y se espera la garantía de sus derechos.
En relación con lo anterior y resaltado en
la visión de futuro está la importancia de considerar a Antioquia como un
sistema territorial complejo, abierto y flexible, lo que significa que desde un
enfoque territorial se tendrá en cuenta la singularidad y complejidad de cada
una de las subregiones y de sus habitantes para la implementación de las líneas
estratégicas, pero esto no queda claro en el desarrollo del Plan.
El Plan es muy frágil aún en el
reconocimiento e inclusión de la diversidad de los diferentes grupos
poblacionales y explica poco la manera de relacionamiento y diálogo con ellos
para la concertación de programas o intervenciones que tienen efectos directos
o indirectos sobre estos grupos poblacionales. En Cada Línea estratégica
debiera ser claro la manera como se legitiman e incluyen estos grupos
poblacionales que no deben nombrarse como grupos o sectores vulnerables sino
como sectores y grupos con características y dinámicas particulares que
requieren ser reconocidas e incluidas en la planeación y la gestión del
desarrollo territorial.
1.3. Articulación con leyes y procesos territoriales existentes:
Si bien es comprensible que se trata de un
PDA basado en un nuevo proyecto político en virtud de los resultados de las
elecciones de octubre de 2015 y de su correspondencia con el Programa de
Gobierno elegido; preocupa el desconocimiento de los acumulados que trae el
departamento de Antioquia y que deben ser continuidades que deben valorarse y
fortalecerse en la planeación y gestión del desarrollo territorial, puesto que
hay en ellos grandes esfuerzos y recursos públicos invertidos que deben
cuidarse y potenciarse.
El Plan de Desarrollo de Antioquia
requiere incluir y armonizarse con leyes, políticas y planes del nivel nacional
al igual que con políticas y planes existentes en el nivel departamental,
varios de los cuales han sido adoptados inclusive mediante Ordenanzas por la
Asamblea Departamental.
Existen leyes, políticas y planes sobre la
mayoría de los sectores sociales y de cada una de las dimensiones del
desarrollo que requieren incorporarse e implementarse, ya que muchos de estos
instrumentos de gestión pública han sido resultado de importantes procesos de
construcción colectiva y de concertación entre instituciones públicas y
organizaciones sociales.
También es importante que haya una
alineación del Plan de Desarrollo con procesos de orden global como los
objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones
Unidas. En este caso apenas se menciona en dos renglones al finalizar los
Fundamentos, pero no hay desarrollo de la idea, lo cual puede interpretarse que
no hay claridad en la interrelación con la Agenda promulgada por Naciones
Unidas.
El Plan se refiere de manera reiterada en
varios de sus apartados a la importancia de las sinergias y de la
transversalidad; sin embargo, estas dos categorías no se desarrollan con el fin
de comprender la manera como se van a potenciar las sinergias con las otra
entidades territoriales y en particular con los municipios, con las comunidades
étnicas, con los sectores poblacionales, las comunidades y las organizaciones
sociales.
Las sinergias deben tener un
profundo sentido de la democracia, el diálogo y la concertación. En relación
con los asuntos transversales a los que se refiere el Plan, por ejemplo para la paz y el posconflicto hay poco
desarrollo de su incorporación en las demás líneas del Plan. Como se sabe, al
adoptar la categoría de la transversalidad, se corre el gran riesgo de no
concretar la especificidad que requiere su incorporación en otros campos.
1.4. Lo grande y lo pequeño:
El plan, desde su nombre “Pensando en
Grande” y por el énfasis que pone en los proyectos visionarios detonantes
de desarrollo enfatiza en una dimensión y en una escala del desarrollo en
relación con las grandes obras, marginando las dimensiones y escalas menores a
través de las cuales se manifiestan las dinámicas del desarrollo territorial
que reivindican la importancia que tiene también la dimensión de “lo pequeño”.
Un ejemplo de este contraste de
dimensiones y escalas está relacionado con la minimización que se ha hecho en
la presentación del plan por parte de funcionarios de Planeación Departamental
cuando dicen que “ya no más acueductos veredales” para referirse a la
propuesta de las empresas subregionales de prestación de servicios públicos. En
la experiencia de la gestión comunitaria del agua se muestra una escala y una
dimensión de desarrollo y de gestión territorial de un nivel que requiere
reconocerse, respetarse, visibilizarse y potenciarse.
1.5. Economía solidaria:
El Plan requiere visibilizar y potenciar
la economía solidaria como una valiosa forma de dinámica social y como una
dimensión importante de contribución también al desarrollo económico con
énfasis en desarrollo humano.
El enfoque económico que se percibe
en el Plan por la orientación que se da a varios de los componentes y programas,
y por los Proyectos visionarios detonantes de desarrollo que incluye, muestra
una preferencia por la gran empresa y no se observan posibilidades de
desarrollo de la economía solidaria ni de la participación de comunidades y
organizaciones sociales en estos programas estratégicos del desarrollo
regional.
El Plan puede contribuir, con este enfoque
que adopta, al enriquecimiento y fortalecimiento de la gran empresa con los recursos
públicos generando mayor concentración de la riqueza y profundizando la
inequidad.
1.6. Indicadores y metas:
En cuanto a la línea de base y las metas
cuatrienales de los indicadores, existen también dificultades para su
comprensión. Varios indicadores parten de líneas de base de años anteriores al
pasado período de gobierno y no tienen en cuenta el punto en el que quedaron al
terminar el gobierno inmediatamente anterior. Entonces encontramos indicadores
que no logran precisar la meta cuatrienal o son imprecisos en la unidad de
medida que adoptan para su planeación y posterior seguimiento.
Internamente, en las líneas estratégicas,
los indicadores de producto muestran un bajísimo alcance en relación con la
participación de las diferentes subregiones y municipios del departamento. Al
contrastar los indicadores de producto con los grandes objetivos políticos y
metas del plan se observa un profundo desnivel entre las aspiraciones y las
concreciones del PDA.
Una de las preocupaciones recurrentes
manifestadas en los 9 Consejos Consultivos Subregionales está relacionada
precisamente con los indicadores de producto y las metas departamentales del
Plan. Al ser éstas divididas por el número de subregiones y de municipios,
daría como resultado una participación o beneficio insignificante para cada
subregión y municipio.
1.7. Recursos, inversiones y transparencia:
Desde el punto de vista financiero, el PDA
no logra concretarse en la disponibilidad de finanzas del Departamento y en las
posibilidades efectivas de gestión de recursos. Las grandes metas políticas del
plan, reflejadas principalmente en los Proyectos visionarios detonantes de
desarrollo, no dependen de los recursos disponibles de la Gobernación y
arriesgan objetivos y metas que dependen de cruce de competencias con otras
instancias y entidades territoriales y de gestión incierta de recursos para su
puesta en marcha y sostenibilidad.
El Plan plurianual de inversiones fue presentado de manera muy general y no
permitió un análisis financiero más detallado, se presenta el plan de
ingresos y la distribución de recursos por dependencias y por cada uno de
los años pero sin poder cruzar esta información financiera con las líneas
estratégicas, componentes, programas e indicadores de producto a los que se
refiere el propio Plan. El plan plurianual de inversiones se presenta
como una asignación y distribución arbitraria de los ingresos o relacionada con
las destinaciones obligadas por ley y no como resultado de la presupuestación
efectiva de las líneas estratégicas, los proyectos visionarios detonantes de
desarrollo y los programas que privilegia el plan.
El Plan no es contundente en la opción por
la transparencia en el manejo de los recursos públicos y en el control y lucha
contra la corrupción. En la Línea 7 sobre Gobernanza y Buen Gobierno se alude a
estos asuntos de manera particular y como acciones muy específicas que no
logran afectar todo el ciclo y el sistema de la gestión público. Esto preocupa
especialmente porque el plan se basa en grandes obras y proyectos visionarios
detonantes de desarrollo donde se requiere elevar la transparencia, el acceso a
la información pública y el control de la corrupción.
1.8. Estructura y forma:
Los objetivos de componentes y programas
no tienen la misma calidad de contenido y redacción y muchos de ellos desbordan
lo que técnicamente debe entenderse como objetivo en la planificación del
desarrollo territorial.
Lo mismo ocurre con los indicadores de
resultado y de producto: no hay igual calidad entre el contenido y la redacción
técnica. La mayoría de los indicadores deben revisarse y asumir una matriz
igual de formulación para todos los indicadores del plan.
Por otra parte, el PDA establece
diferentes niveles de profundidad en la presentación de las líneas estratégicas
y programas, teniendo algunas partes mayor desarrollo que otros, lo que puede
llevar a entender énfasis que se ponen en unas líneas y menor fuerza en otras.
El Documento del Plan requiere ajustes en
su estructuración para que mantenga en su extensión y contenido la misma forma
técnica en cuanto a los ítems internos de cada uno de sus apartados, los
nomencladores de orden y secuencialidad y el mismo nivel de profundidad en el
diagnóstico y análisis en Líneas Estratégicas, componentes y programas.
La opción metodológica de estructuración
del PDA, por líneas estratégicas, puede llevar a la saturación de algunas
líneas con muchos componentes y programas por sectores sociales y
poblacionales, como sucede particularmente con la línea 3 de equidad y
movilidad social y la línea 5 de seguridad, justicia y derechos humanos.
Recomendamos revisar la estructuración en
las 7 líneas para desconcentrar la Línea 3 y reubicar algunos componentes y
programas de la línea 5, como lo son por ejemplo, lo relacionado con el sistema
de organizaciones comunales, las entidades sin ánimo de lucro y el sistema
departamental de bomberos.
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