14 de abril de 2016

Entrevista a Víctor Correa



Es conocido tu respaldo a los movimientos sociales colombianos defensores del ambiente sano y la democracia participativa en la Cámara de Representantes, ¿Qué iniciativas de resistencia territorial frente a los proyectos mega mineros se pueden adelantar desde el Congreso?


Son varias iniciativas que es necesario abordar en vista de que el actual marco normativo en nuestro país esta orientado para favorecer los intereses de las grandes mineras y de las actividades extractivistas. Una de ellas es un acto legislativo que modifique la Constitución tendiente a fortalecer y garantizar la autonomía territorial para determinar si se hace o no minería en le municipio. Esta es una herramienta en la que estamos comprometidos en sacar adelante y que sería muy útil para poder llevar a que las discusiones políticas territoriales, a que los colectivos regionales, a que las mesas ambientales y la ciudadanía en su conjunto, puedan incidir directamente sobre las actividades económicas que los afectan, como es el caso de la minería.

Otro proyecto importante está relacionado con las pequeñas centrales hidroeléctricas que se ha querido vender como la gran apuesta para el desarrollo de nuestra subregión y terminan entrando en nuestras realidades bajo una cantidad de argumentos medio ambientales, económicos y sociales falaces. El primero es que las pequeñas centrales hidroeléctricas no causan impactos medio ambientales, cuando en verdad tienen impacto durante la construcción afectando definitivamente los terrenos aledaños, reduciendo los cauces, imagínese un verano como el que acabamos de vivir sometidos al desvío de agua por parte de estas centrales; también afectan el equilibrio biológico y distribución de nutrientes que alimentan los seres dependientes de los ríos, entre otras consecuencias negativas estrechamente relacionadas con el impacto de estas pequeñas centrales hidroeléctricas. En segundo lugar, no pagan regalías que terminan en manos de capitales privados que no es que contribuyan enormemente al desarrollo de nuestros municipios. Tampoco es la gran fuente de empleo ni protegen las cuencas porque su negocio es el agua y dejan la protección a las alcaldías. Vamos a adelantar un proyecto de ley al respecto.

¿ Y si el propietario de la pequeña central es el municipio?

En este caso hay que tener presente que así no se borra de tajo el problema medio ambiental, pero por lo menos los recursos económicos van para lo público que, si están bien direccionados, sí pueden llevar a la protección de las cuencas y a una mitigación de los impactos que causan, además de la obtención de medios para otro tipo de proyectos.
¿A quién corresponde la reglamentación del reciente fallo de la Corte Constitucional que obliga concertar con los municipios los procesos mineros en sus territorios?

Le compete al Congreso acometer esta tarea y estamos adelantando un proyecto legislativo que aclare cómo sería esta concertación para que no sea un asunto al arbitrio de los ministerios o del Presidente.

¿Cómo promover procesos de integración en el Suroeste ante el detrimento de la vida pueblerina y campesina acentuado por la dependencia del área metropolitana del Valle de Aburrá y la imposición del modelo extractivista?

En el Suroeste existen múltiples organizaciones sociales de base, asociaciones campesinas, de transportadores, de productores, cooperativas, mesas y colectivos ambientalistas, una población universitaria, etc., que deben converger en un proceso de integración que vaya más allá de las dinámicas económicas, que por supuesto es un asunto sobre el que hay que trabajar, pero la integración se tiene que dar desde la gente. Por esto es que acompañamos la propuesta que ha surgido de la creación de un Foro Social del Suroeste en participen todos los actores, no sólo de la dirigencia política y económica, sino todos los actores sociales, sobre todo los provenientes del movimiento social, para que puedan articularse y fomentar desde la base la integración territorial.

¿Cuál es tu apreciación del estado actual de las negociaciones para el cese del enfrentamiento armado en Colombia?

Yo veo con gran esperanza lo que está pasando en nuestro país con el avance de las negociaciones en La Habana y la apertura de la fase pública de negociaciones con el ELN. Colombia ha vivido décadas y décadas de conflicto y hemos sido bastante permisivos con la guerra e incluso hemos llamado a la guerra de manera reiterativa, ahora tenemos la oportunidad de llamar a la paz, cesar una máquina atroz que lleva 7 millones de víctimas, más de 200 mil asesinatos, decenas de miles de desaparecidos con impactos económicos de toda índole, son hechos que todos los colombianos deberíamos unirnos para buscar la solución concertada de los problemas, la salida negociada no solo de la guerra, sino de todas las conflictividades que vive nuestro país, para que nunca más sean las armas utilizadas para hacer política. Yo veo como positivo lo que está pasando, yo añoro un país en paz.

Se han presentado muchas críticas al proceso, esto está bien, somos una democracia, pero se han hecho también críticas mentirosas que han contribuido desde la desinformación a hacer mal ambiente al proceso de paz, para dar un ejemplo, le están entregando el país a las Farc, lo cual es una falacia absoluta porque cuando se miran los puntos ya negociados no se puede concluir eso, por el contrario, el gobierno partió de la posición clara de que no iba a negociar el modelo económico y allí no se toca un pelo el modelo económico. Por ejemplo en el tema agrario, la preocupación de algunos es que les quiten la tierra que mal se apropiaron durante la guerra y no que se las entreguen a las Farc, lo que no va a pasar, porque esas tierras serán devueltas a los campesinos.


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